Las medidas para la localización de migrantes en puntos carreteros han incrementado de manera notable.
El Instituto Nacional de Migración (INM) ha detonado su actividad dentro del territorio nacional, principalmente en los estados fronterizos como Baja California, Chihuahua y Tamaulipas, por la frontera norte, y en el estado de Chiapas, en el caso de la frontera sur.
Mientras que en el año 2018 el INM realizó 20 mil 477 revisiones que condujeron a la identificación de mil 165 migrantes, en los primeros meses de 2021, de 16 mil 856 revisiones migratorias, hay 89 mil 653 detenciones de personas que no acreditaron su estancia legal en el país.
Las cifras de estas presentaciones de migrantes que están ilegalmente en nuestro país han incrementado gradualmente con el Gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación.
En el estado de Chiapas se han reportado 3 mil 862 presentaciones de migrantes en lo que va del año, en Chihuahua fueron mil 673, en Baja California -donde se encuentra Tijuana, una de las fronteras más activas- se reportan mil 625 presentaciones de enero a agosto de este año, en tanto que en Tamaulipas se ubicaron mil 245 personas y en Baja California Sur fueron mil 129 presentadas de un total de 89 mil 653 migrantes que fueron identificados a su paso por México, de acuerdo con cifras del INM.
Respecto a la pregunta de si el INM realiza operativos en conjunto con la Guardia Nacional, el Ejército o algunas corporaciones federales o locales, la institución refiere que no tiene información de con quién realiza cada operación.
El Instituto Nacional de Migración asegura que desconoce los cuerpos de seguridad con los que realiza los diversos operativos para identificar y retener a los migrantes con estatus de ilegal que intentan cruzar el país
Estado contradictorio con derechos humanos de migrantes
El Estado mexicano está mostrando una contradicción al afirmar que en nuestro territorio se respetan los derechos humanos cuando es notoria la intercepción de migrantes en diferentes puntos carreteros del país, afirma Yuriria Salvador, coordinadora de Cambio Estructural en el Centro de DDHH Fray Matías de Córdoba.
“Es un trato inhumano y una violación al principio de asilo que se les devuelva así, deben tener la posibilidad de solicitar refugio, tener otras alternativas para la regularización migratoria. Y en paralelo vemos esta actuación del Instituto Nacional de Migración (INM) que empieza a comunicar más deportaciones. En el caso de los haitianos, vemos que hay poco diálogo, que no hay coordinación entre las instituciones, luego está toda esta cuestión de las decisiones centralizadas en el Ejecutivo”, apunta la especialista.
La experta afirma que en el último año se ha reportado un incremento de la presencia de elementos de seguridad privada, cuya participación no está documentada. Es decir, no es posible conocer cómo se realiza esta “tercerización” del servicio.
“A partir de este año hemos visto un ‘boom’ en la presencia de estas personas en distintos puntos, en los centros de detención provisionales, en las estaciones, como en los puntos de acceso regular, los puertos fronterizos, en las aduanas, incluso con nosotros son muy agresivos y son prácticamente un brazo armado del Instituto Nacional de Migración.
“Lo que tiene que ver con agentes de seguridad privada nos preocupa muchísimo porque ahí es difícil establecer sanciones y su responsabilidad cuando su participación no está normada dentro de los lineamientos de las propias estaciones migratorias”, explica.
Considera que los migrantes están en un contexto muy complicado y no existe el diálogo entre las autoridades federales y la sociedad civil, lo que demuestra la poca operatividad de las dependencias encargadas.
Todo ello, ha ocasionado que los migrantes busquen pasar inadvertidos para poder llegar a Estados Unidos, por lo que muchas veces caen en redes de trata vinculadas con la delincuencia organizada.
“Se está orillando a las personas migrantes y refugiadas a estar en la periferia, a ser invisibles para poder salir de sus territorios. Además hemos visto estos megaoperativos totalmente fuera de proporción e injustificados para detenerlos, contenerlos, devolverlos”, explica.
Para Eunice Rendón, experta en temas de migración y derechos humanos, el contexto actual que dificulta el paso de los migrantes centroamericanos beneficia a la delincuencia organizada, ya que puede cobrar más por pasar a las personas por la frontera norte.
“Vemos en el norte un involucramiento importante de grupos del crimen organizado que usan a los migrantes como un negocio, lo que termina siempre en deterioro de los mismos, además de que muchas veces el tráfico de personas se convierte en trata”
