El Congreso de Jalisco y el Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Anticorrupción han entrado en una abierta confrontación, luego de que el segundo anunciara su intención por impugnar la renovación del Consejo de la Judicatura, por considerarlo un proceso que se llevó a cabo de forma ilegal por los legisladores.
Pero en su respuesta al CPS, el Congreso lanzó acusaciones muy serias contra sus miembros, al decir que responden a “intereses oscuros” y de grupos políticos, que actúan al margen de la ley, e incluso refieren la existencia de presuntas denuncias de acoso sexual.
Hoy el CPS (…) cuenta con cinco integrantes, que lejos de realizar su función principal de la vinculación con organizaciones sociales y académicas en las funciones del Sistema Estatal Anticorrupción, se dedican a impulsar intereses políticos a través de la manipulación de la opinión pública
“No obstante que dichos integrantes le cuestan anualmente a los jaliscienses más de 6 millones de pesos anuales, por realizar funciones para las cuales no fueron designados, demostrando así una total desvergüenza al realizar anualmente un pobre trabajo institucional a la vez que, al margen de la ley, realizan actividades políticas que no son propias de su encargo”, dice el acuerdo aprobado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) el 20 de julio.
Los legisladores cuestionaron omisiones del CPS en materia de transparencia. “Los integrantes del CPS no explican a los jaliscienses por qué no son capaces de mantener en su página oficial sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal desde el año 2017; ni el ejercicio de sus gastos desde 2018, ni la actualización de sus acuerdos, ya que el último de estos data del año 2019”.
Finalmente, los legisladores mencionaron los supuestos casos de acoso sexual.
”Consideramos socialmente necesario que, en congruencia con la transparencia pública que exigen los integrantes del CPS del SEAJAL, se manifiesten públicamente respecto los señalamientos de acoso sexual que versan en dos de sus integrantes, una actitud que exigimos todos los jaliscienses de dicho CPS”.
Dicho acuerdo fue aprobado en la Jucopo por los diputados Salvador Caro Cabrera, en representación de Movimiento Ciudadano (MC); Gustavo Macías Zambrano, del PAN; Gerardo Quirino Velázquez Chávez, del PRD y Rosa Angélica Fregoso Franco, del PVEM. Se abstuvieron Erika Pérez García, de Morena, y Oscar Arturo Herrera Estrada, del PT; mientas que solo votó en contra Mariana Fernández Ramírez, del PRI.
La respuesta del CPS
Los miembros del CPS respondieron aseverando que todo su actuar se ha dado dentro del marco de la ley.
La presidenta del Comité, Lucía Almaraz Cázarez, dijo en un tono conciliador que “es el momento de entablar un diálogo ante la necesidad de contar con una Ley de Designaciones Públicas que permita a Jalisco ser un referente en la materia a nivel nacional, pero sobre todo dar solución al tan controvertido tema de designaciones públicas”
Respecto a las denuncias de acoso sexual expuestas por el Congreso, aun cuando el acuerdo no menciona nombres, los únicos dos integrantes varones del CPS hablaron sobre ello: David Gómez Álvarez Pérez dijo que se trataba de una “acusación falsa e infundada” e “insostenible” y resaltó que cuando el acuerdo pasó por el Pleno del Congreso, el 21 de julio, dicha alusión se retiró.
Jesús Ibarra Cárdenas señaló que dichas acusaciones de índole sexual “no tenían ningún sustento” y que “es una manera de amagar, es una manera de enviar un mensaje intimidatorio a nuestra participación en los siguientes procesos de designación
Los miembros del CPS también rechazaron los señalamientos de que se encuentran cooptados por el Grupo Universidad que comanda el exrector de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla López, quien buscaba colocar a sus propios alfiles en el Consejo de la Judicatura.
La presidenta del CPS dijo que “la agenda política del CPS tiene que ver con una transformación social de lo que hoy sucede en Jalisco”; mientras que Ibarra Cárdenas mencionó que “el CPS no tiene agendas políticas de grupos o de partidos”.
El conflicto
La renovación de tres integrantes del Consejo de la Judicatura que aprobó el 19 de junio el Congreso estatal ha sido cuestionada por múltiples actores, incluyendo las universidades de mayor prestigio en el estado, al considerar que el proceso violó disposiciones de la Constitución local, pues se eligieron a aspirantes que no acreditaron un examen de conocimientos.
La interpretación generalizada es que esa operación tuvo el aval del gobernador Enrique Alfaro Ramírez para imponer en la Judicatura a dos piezas de su partido, Movimiento Ciudadano, y una del PAN, de ahí que el CPS ha calificado dicha determinación como “ilegal” e “ilegítima”.
Sin embargo, el CPS anunció que impugnaría la determinación del Congreso por dos vías: denunciando el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) e interponiendo una demanda de amparo.
En el acuerdo de la Jucopo, los legisladores rechazan los señalamientos del CPS y aseveran que su proceder fue legal.
