La defensa de la familia del exgobernador Rodrigo Medina ha recurrido a la protección federal para evitar un posible arresto de sus clientes por las investigaciones en su contra que lleva la Fiscalía Anticorrupción.
Se trata de la suspensión provisional, también conocido como amparo, que es otorgada por los juzgados del Poder Judicial de la Federación.
La defensa de los Medina, encabezada por el abogado Alonso Aguilar Zinser, ha solicitado este recurso legal para evitar que sus clientes sean detenidos.
El exgobernador Rodrigo Medina, su esposa Gretta Salinas, y su padre Humberto Medina Ainslie, cuentan con un amparo que los protege de una detención hasta que se dicte cualquier veredicto en su contra por la autoridad judicial estatal.
Todo apunta a que Alonso Aguilar Zinser, abogado de la familia Medina, intenta llevar la lucha legal en el terreno federal, donde ha exhibido tener amplio control en los juzgados del Poder Judicial de la Federación.
Y la juez Beatriz Joaquina Jaimes, titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal del Poder Judicial de la Federación en Nuevo León, se ha convertido en la favorita de Aguilar Zinser para solicitar este recurso legal.
Incluso, durante la madrugada del pasado 26 de enero, el equipo de abogados de Alonso Aguilar Zinser intentó tramitar una queja con la juez federal por la prisión preventiva que ordenó el juez de control estatal al exmandatario.
La juez, hasta el momento, ha otorgado un poco más de cuatro suspensiones provisionales a la familia Medina.
Esto pone sobre la mesa del debate que Aguilar Zinser no tendría muchos argumentos legales para enfrentar la vinculación a proceso contra Medina en el terreno estatal.
Recientemente, la defensa recibió un golpe severo cuando el exgobernador Rodrigo Medina quedó vinculado a proceso por los delitos de peculado y daño patrimonial del Estado.
Durante la sesión celebrada en la primera sala de audiencias de juicios orales en Palacio de Justicia estatal, uno de los principales argumentos de la defensa de Medina se basó en señalar que el exgobernador no podía atender todos los convenios celebrados con la armadora coreana Kia Motors.
“El licenciado Rodrigo Medina de la Cruz no es responsable de los actos de los funcionarios públicos… vincularlo a proceso sería un regreso al derecho penal de la prehistoria”, argumentó el abogado.
A pesar de que presumió tener datos de pruebas, Aguilar Zinser jamás los mostró ante el juez de control.
“Más adelante de la audiencia mostraré los datos de pruebas”, aseguró el litigante.
Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción sí mostró decenas de documentos con la firma de Rodrigo Medina, donde se acordó facilitar la llegada de Nuevo León de la armadora coreana con incentivos fiscales y recursos estatales fuera de la ley.
Efectos dilatorios
Para Ernesto Canales, subprocurador de la Fiscalía Anticorrupción, existe una competencia entre los jueces federales y locales que sólo ocasiona que un proceso legal estatal tenga acciones dilatorias.
“Bueno, es nuestro sistema, vivimos en competencia duales federales y estatales, pero los delitos contra el patrimonio del Estado, es competencia local tarde o temprano, es competencia local, entonces lo federal son más de dilación”, contestó Canales a pregunta expresa de Reporte Indigo.
Reconoció que la investigación de la Fiscalía Anticorrupción por el caso Kia Motors contra el exgobernador Rodrigo Medina se ha convertido en una batalla legal.
“Los amparos se utilizan para evadir la justicia local, pero estamos en la batalla legal, no nos sorprende, creemos que son efectos dilatorios, pero al final de cuenta lo importante es el fondo”, dijo el subprocurador.
En cuanto a la postura de contestar por escrito los cuestionamientos de la nueva investigación, por un supuesto incremento patrimonial, Canales dijo que esta estrategia sería para no autoincriminarse.
“Si no las contesta es porque no tiene que explicar”, consideró Canales.
El gobernador Jaime Rodríguez ha cuestionado cómo Medina está costeando su defensa y su estatus.
“Es increíble de dónde saca dinero para pagar tantos abogados, es increíble que sin trabajar viva en la Ciudad de México”, señaló Rodríguez.
Las acusaciones
Dentro de la carpeta de investigación de la Fiscalía Anticorrupción se han presentado diversos documentos firmados por el exgobernador Rodrigo Medina, donde se ejercieron recursos con erario del estado, cuando los debió otorgar por medio del fondo económico de incentivos a la inversion, como lo marca la ley.
También, los incentivos fuera de la ley que se entregaron a la armadora Kia Motors por 3 mil 683 millones de pesos son cuestionados por la Fiscalía.
Rodrigo Medina está vinculado a proceso por el delito de ejercicio indebido de funciones, por peculado y daño al patrimonio del Estado.
Y fue considerado como el actor material para entregar estos estímulos de manera dolosa, estimados en los 3 mil 683 millones de pesos.