Viajar en el transporte público en México es como jugar a la ruleta rusa. Siempre está latente la posibilidad de ser víctima de un robo.
Sobre todo en los estados más poblados y céntricos del país, como el Estado de México y la Ciudad de México; aunque también se presenta esta situación en lugares como Puebla, Oaxaca y Querétaro.
En realidad, pocas son las entidades que se salvan de este ilícito que escaló en los últimos cinco años.
Uno de los casos más recientes ocurrió el pasado 10 de enero en la autopista México-Querétaro, dentro del Estado de México, la entidad más peligrosa para viajar en el transporte público, según el número de denuncias interpuestas ante el Ministerio Público.
De acuerdo con una videograbación del interior de la unidad en la que ocurrió el robo, dos hombres amedrentaron a los pasajeros con una pistola, quienes les entregaron teléfonos celulares y carteras para proteger sus vidas.
Los atracos simplemente no cesan. El 20 de enero también fue noticia el asalto a una unidad de pasajeros en la comunidad de Zempoala, en el estado de Hidalgo. Los asaltantes escaparon después de robar y amenazar a los usuarios.
El problema se agrava tanto, que incluso diputados y senadores de esta 64 Legislatura presentaron seis iniciativas para endurecer los castigos contra quienes lo cometen, de acuerdo con un informe del Instituto Belisario Domínguez publicado en noviembre del 2019.
Las iniciativas para reforzar las penas por robo a transporte público buscan legislar el CNPP o modificar el artículo 19 de la Constitución
Dos de las propuestas tuvieron origen en la Cámara de Diputados y cuatro en el Senado, pero hasta ahora están pendientes de dictaminación en las comisiones de las cámaras de origen.
Las propuestas coinciden en que el robo a pasajeros debería de ameritar prisión preventiva de oficio, al igual que sucede en delitos de alto impacto como delincuencia organizada, homicidio doloso, violación o secuestro.
A las iniciativas de legisladores, también se suma la presentada por el Congreso de Sonora el cual propuso al Congreso Federal en noviembre de 2018 incluir el delito de robo con violencia dentro de aquellos que ameritan prisión preventiva, establecidos en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).
El 20 de diciembre de 2018, el senador panista Marco Antonio Gama Basarte presentó un proyecto de decreto para adicionar la fracción XII al artículo 167 del CNPP.
Su iniciativa también busca que se aplique prisión preventiva oficiosa a quienes cometan el delito de robo a servicios de autotransporte federal de carga, pasajeros, turismo o transporte privado en caminos o carreteras.
Por su parte, la senadora Verónica Martínez García entregó su propuesta en el mismo sentido de reforzar las penas al robo de transporte público el 19 de marzo del 2019. Dicho documento se encuentra pendiente en las comisiones de Justicia y de Estudios legislativos desde esa fecha.
“Lo anterior no significa reducir la protección de los derechos humanos en las disposiciones penales durante las investigaciones y el proceso penal, en perjuicio por los imputados por el delito de referencia.
“Sino darle mayores elementos al Estado mexicano para proteger los derechos humanos de toda la sociedad mexicana y darle estabilidad a las actividades económicas y productivas, las cuales se han visto amenazadas por una delincuencia cada vez más agresiva y sofisticada”, señala la iniciativa de la senadora del PRI.
Otras de las propuestas buscan que se modifique el artículo 19 de la Constitución como la del diputado panista Víctor Manuel Pérez Díaz, quien plantea ampliar los delitos por los que se podrá ordenar la prisión preventiva oficiosa, como el robo al autotransporte federal de carga, pasaje, turismo o transporte privado.
Se acelera incidencia de robo en transporte público
De acuerdo con el informe “Robos en transporte públicos colectivos. Amenaza a la seguridad pública en México”, del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, este delito no es menor y en los últimos años se ha incrementado en el país.
Mientras en 2015 hubo 11 mil 420 denuncias, en 2019 se registraron 17 mil 667. Aunque durante el 2018 tuvo su pico más alto con 18 mil 688, revelan los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
La violencia en los robos a transporte público registrados a nivel nacional sigue siendo una constante, debido a que durante el 2019 se cometieron 12 mil 919 ilícitos de manera violenta. En el 2015 el registro fue de 9 mil 857 casos.
Entre los daños que provocan este tipo de robos en las víctimas se encuentran la sensación de miedo, el daño patrimonial y a sus familias, así como agresiones, heridas e incluso asesinatos, señala el informe del IBD.
“Estos delitos van acompañados de otros ilícitos como asesinatos o amenazas, por lo que dañan a la sociedad y al patrimonio y, en ocasiones, la dignidad de las personas que a diario necesitan hacer uso de estos medios de movilidad”, menciona el estudio.
Según los datos del SESNSP, los estados más afectados son el Estado de México con 8 mil 645 denuncias, la Ciudad de México con 7 mil 430, Puebla con 394 y Oaxaca con 264.
En contraste, siete entidades no reportaron ningún asalto a transporte público, que fueron Colima, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Tamaulipas y Yucatán
“Los distintos gobiernos han implementado una serie de acciones en materia de seguridad pública a fin de contribuir a la disminución de estos delitos. Por lo que aumento en la vigilancia, operativos, botones de pánico, o recomendaciones, entro otros, son parte de estos esfuerzos para disminuir dicha incidencia delictiva”, expresa el Instituto Belisario Domínguez.
