El derrame de más de 40 millones de litros de sulfato de cobre, ocurrido el 6 de agosto de 2014, que afectó la salud y la econmía de 22 mil personas en Sonora, quedará impune y sin resarcir los daños por parte de los responsables.
El Fideicomiso Río Sonora, el cual fue creado para contener y reparar los daños a la población que resultó agraviada por el derrame químico, fue extinto en febrero de 2017 sin que la minera culpable entregara los apoyos a los que se comprometió y otorgara atención médica suficiente, según una investigación del Centro de Análisis e Investigación Fundar.
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La compañía Buenavista del Cobre, subsidiaria del gigante minero Grupo México, fue la responsable de que hace casi cuatro años ocurriera el derrame de sulfato de cobre en Sonora, el cual puso en riesgo a miles de familias que fueron expuestas a altas concentraciones de sustancias cancerígenas; además de que perjudicó la flora y fauna del lugar. Los daños aún siguen sin cuantificarse.
En la estrategia de reparación del daño, Grupo México a través del fideicomiso que se instituyó con un fondo económico de 2 mil millones de pesos también se incluía la instalación de plantas potabilizadoras de agua, reparar los daños ambientales y la construcción de un hospital para atender a los pobladores con padecimientos derivados de la contaminación.
En febrero de 2017 el Fideicomiso Río Sonora se extinguió, sin que se concluyera la entrega de apoyos y la construcción de un hospital
Sin embargo, las acciones para intentar revertir una de las tragedias ambientales más grandes en la historia de México, serán recordadas por haberse efectuado de manera incompleta, con irregularidades y de manera inequitativa, debido a que no hubo un estudio socioeconómico para determinar cuánto debía recibir cada habitante afectado.
De acuerdo con la investigación de Fundar, con base en testimonios de pobladores, estos solamente recibieron un tinaco con el logotipo “Fideicomiso Río Sonora” y 15 mil pesos, en promedio, para la compra de garrafones de agua.
270
A esas irregularidades se suma que la extinción de los apoyos para los agraviados ocurrió ante los ojos del comité encargado de la administración, el cual estaba integrado por funcionarios públicos federales de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), así como de representantes de Grupo México y personas expertas en temas ambientales.
Cabe destacar, que la plataforma web dejó de actualizar los datos de las entregas de apoyos desde el 26 de junio de 2015, es decir, un año y siete meses antes de que el fideicomiso se extinguiera.
Las últimas cifras publicadas, señalan que de los 270 apoyos proyectados por el comité del fideicomiso solamente fueron entregados 35.
Según revela el estado de cuenta del fideicomiso, hasta junio de 2015 se invirtió más en estrategias de comunicación que en apoyos y atención médica.
Lo anterior, se observa en los 23 millones 908 mil 710 pesos que se destinaron en la estrategia de comunicación social, que se desglosaron en 4 millones 280 mil 400 pesos para la “Estrategia Local” que consiste en la realización de un foro de periodistas del estado de Sonora, mientras que 19 millones 628 mil 310 pesos se aplicaron a otro rubro llamado “Estrategia Nacional I y II”.
+20 mil
Frente a esos montos Grupo México pagó por los daños a la salud ocasionados por el derrame de químicos un monto global de 21 millones 271 mil 123 pesos, de los que 837 mil 257 pesos han sido por pago de daños a la salud y 20 millones 433 mil 866 son por concepto de acciones de atención y seguimiento médico.
Reclamo internacional
La situación de desinterés que ha demostrado el Grupo México, para solucionar el desastre ecológico y a la salud que ocasionó sobre los ríos Bacanuchi y Sonora y sus cuencas habitadas, fue criticado por el relator de la Naciones Unidas Sobre Manejo de Sustancias Tóxicas, Baskut Tuncak, quien cuestionó a la empresa en el marco de Foro Sobre Industrias Extractivas y Derechos Humanos.
“En el caso de Río Sonora, lo que me hizo mucho ruido fue que la empresa se comprometió a dar un remedio efectivo a estas comunidades, pero durante (casi) cuatro años éstas no han tenido acceso a una fuente de agua confiable, y no han accedido al hospital o la clínica que también se les prometió y se encuentra a medio construir”, afirmó Tuncak.
“Estamos hablando de una de las compañías más grandes de todo mundo, una compañía que literalmente mueve montañas en unas cuantas semanas, y no puede construir unas cuantas instalaciones de tratamiento de agua o terminar de construir un hospital que se comprometió a hacer; si esto no es un ejemplo descarado y flagrante de impunidad, entonces no sé qué más podría ser”
De acuerdo con Tuncak, las industrias extractivas, no son sostenibles, ya que extraen recursos y no los reemplazan, pero las soluciones que se plantean van en el sentido de que estas industrias sean cada vez más limpias, más seguras y, sobre todo, que estén más alineadas con los estándares internacionales de los derechos humanos.
