Mientras el Instituto Nacional Electoral se deslinda, en México se asoma una dura realidad: políticos y candidatos a puestos de elección popular están en riesgo por la violencia que se vive en el país.
En los últimos días del año aspirantes de todos los partidos, PRI, PAN y PRD han sido asesinados en diferentes partes del país sin que las autoridades hayan podido esclarecer estos casos donde se presume está detrás el crimen organizado.
La violencia también ha pegado duro a integrantes de la clase política.
Apenas ayer, en Hidalgo, el expresidente municipal de Mixquiahuala, fue acribillado junto con su hijo de 39 años, mientras que la noche del martes el director de Protección Civil del municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, militante activo del PRD, fue ejecutado afuera de su domicilio.
Para Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), este fenómeno no es algo nuevo, pues la violencia en tiempos electorales dirigidos a la ciudadanía y a los candidatos se viene dando desde hace varios años.
“Para los agresores, la violencia es un método de control, una forma de alinear a quienes buscan un cargo de elección popular, de cambiar a un candidato y, además, de generar un ambiente de miedo e incertidumbre tanto en los votantes como en los representantes de los partidos políticos para incidir en las elecciones”, explicó Rivas.
Esta situación de inseguridad que se vive en las precampañas anticipa que el proceso electoral que se celebrará en el país y que concluirá con la elección presidencial del 1 de julio será el más complicado en la historia de México.
No obstante, pese a este escenario, el Instituto Nacional Electoral pretende deslindarse de la inseguridad y riesgo que enfrentarán los candidatos en el proceso electoral. La seguridad, aclaró Lorenzo Córdova, presidente del INE, no es algo que le corresponda garantizar a dicho organismo.
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