“¿Cuál es la postura de los trabajadores, de los industriales mexicanos, representados por los negociadores mexicanos? El gobierno no tiene obligación legal, pero deberían ser los representantes populares”
La renegociación del TLCAN ocurrirá a partir del 16 de agosto, fecha en que EU terminará su proceso de consulta pública. Para entonces, México deberá tener claro los temas que quiere tratar en las negociaciones
A diferencia de Estados Unidos, en México el Gobierno federal no tiene la obligación legal de llamar a un proceso de consulta pública para conformar una agenda de temas rumbo a la negociación o revisión de sus tratados comerciales.
En el país, la revisión del tratado comercial más importante que tiene México, es un asunto meramente cupular.
Ignacio Martínez, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN), criticó que tampoco el Congreso de la Unión haya tomado la iniciativa de hacer una gran consulta pública con todos los sectores -y no solo con los grandes empresarios- para fijar los objetivos que México llevará a la mesa de renegociación con Estados Unidos y Canadá.
“El Ejecutivo por sí mismo puede plantear la agenda, no está obligado a convocar a ningún foro. Eso debería ser responsabilidad del Congreso, en este caso, del Senado. Se anunció la consulta del Ejecutivo, pero es básicamente el Consejo Coordinador Empresarial, la cúpula empresarial, la que está interviniendo en la construcción de esta agenda.
“Aquí en el país, realmente, estamos en el olvido, porque no hay hasta este momento consultas abiertas, foros abiertos. ¿Dónde están los intereses de los campesinos, de los trabajadores, de los obreros, de los empresarios de pequeñas y medianas empresas? Por supuesto que no están representados en estas pláticas”, sostuvo Martínez, también académico de la UNAM.
El 3 de febrero, la Secretaría de Economía anunció el inicio de un proceso de consulta que duraría 90 días para revisar los temas de la renegociación del TLCAN.
Esa consulta se realiza entre la dependencia y el Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales, que es encabezado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). En él, se concentran las grandes empresas del país.
La renegociación del TLCAN ocurrirá a partir del 16 de agosto, fecha en que los Estados Unidos terminará su proceso de consulta pública. Para esa fecha, México deberá tener claro los temas que quiere tratar en las negociaciones con EU y Canadá.
Sin embargo, al igual que ocurrió en el proceso original de negociación, en los años 90, algunos sectores quedaron excluidos de las propuestas que México llevó a la mesa. Nuevamente, señala el experto, se corre el peligro de que el tratado comercial signifique perjuicios para algunos y beneficios millonarios para unos cuantos.
“Ya tuvimos un aviso, con el acuerdo azucarero entre México y Estados Unidos, de cómo vienen las negociaciones, la rudeza del equipo negociador estadounidense, donde si no se establecen las condiciones que está poniendo sobre la mesa el gobierno de Estados Unidos, se corre el riesgo de establecer cuotas compensatorias o de retirarse de la negociación. Esto es porque la postura de los productores estadounidenses está representada a través de los negociadores.
“La pregunta es: ¿Cuál es la postura de los trabajadores, de los industriales mexicanos, representados por los negociadores mexicanos? Cómo saberlo, si no se han dignado, a través del Congreso a llamar a consulta. El gobierno no tiene obligación legal, pero deberían ser los representantes populares, los senadores, los que hagan una gran convocatoria para armar una agenda previa a las negociaciones; no posterior, como suelen hacerlo”, sentenció Martínez.
El investigador lamentó que el Congreso de la Unión mantenga su receso a pesar de tener en la puerta la negociación del acuerdo comercial más importante del país, que representa más del 27 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
“No lo ha hecho el Congreso, no lo hacen las universidades ni los sindicatos, nadie (…) todo ocurre, siempre, después. Ya que haya pasado la negociación, en el Senado harán foros públicos para analizarla y el rector de la UNAM convocará a una manifestación. No puede ser.
“Los grandes empresarios del país son quienes están incluidos en esta negociación. No hace falta ser ‘pitonizo’ o adivino para saber qué intereses marcarán el derrotero de esa renegociación”, condenó Martínez.
Hace unos días, organizaciones –entre las que se encuentran agrupaciones de derechos humanos, campesinas, indígenas, sindicales, de migrantes, ecologistas y de derechos digitales- lanzaron un pronunciamiento en el que piden que se discutan las afectaciones que han tenido algunos sectores por el TLCAN, y se reflexione sobre la orientación y los objetivos que debe perseguir la relación comercial de los tres países de América del Norte, poniendo siempre en primer lugar el bienestar de sus pueblos.
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