Fuentes cercanas a la investigación de los desvíos de dinero de la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP) revelaron que una de las empresas utilizada fue Prestaciones y Servicios Cronos SC, la cual tiene domicilio fiscal en un departamento de un conjunto habitacional de la colonia Infonavit La Flor, en la Ciudad de Puebla.
A dicha empresa, la administración del exrector Luis Ernesto Derbez pagó 6 millones 264 mil pesos para realizar un “Análisis de Opción de solicitar ante el IMSS el topar el pago y entero de las cuotas obrero patronales basado en el criterio de pago topado de las pensiones confirmado por la SCJN”.
Las fuentes revelaron que tras investigaciones realizadas a la empresa se concluyó que cuenta con las características de empresa facturera o fantasma, es decir, que simulan operaciones y se dedican al lavado de dinero.
Esto debido a que no cuenta con infraestructura para realizar las supuestas actividades para las que fue contratada, es utilizada para varios giros como servicios de asesoría y también para logística, su representante legal no cuenta con estudios profesionales y no existe el registro de una página de internet o número telefónico.
Además de Prestaciones y Servicios Cronos SC, la UDLAP utilizó como empresas fachada a Everomex Solutions, S.A. de C.V. y otras factureras como Barumen Sistem, S.A. de C.V., Quandt Servicios Profesionales SC, Servicios y Asesorías Tismic S.A. de C.V., Goldbleum S.A. de C.V., y Servicios Profesionales Hildenber, S.A. de C.V.
Inician proceso en Judicatura Federal
La Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada de Puebla presentó una queja administrativa ante la la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal en contra de José Carlos Ibáñez Méndez, Encargado de Despacho del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, quien dictó una suspensión provisional a favor del exrector Luis Ernesto Derbez Bautista y la familia Jekins, investigados por desvío de recursos de la UDLAP.
Las razones por las cuales se presentó la queja consisten en que violó numerosos criterios jurisprudenciales obligatorios emitidos por los Tribunales de la Federación ya que con su resolución podría permitir que se siguieran cometiendo delitos por parte de los anteriores patronos de la Fundación Mary Street Jenkins, al regresarles la administración.
Los anteriores patronos cuentan con órdenes de aprehensión por lavado de dinero y por administración fraudulenta, emitidas por Jueces de Almoloya de Juárez, Estado de México y del estado de Puebla.
