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AMLO expedientes

Revelan inconsistencias en los programas sociales durante primer año de AMLO

Resaltó que 47 programas, con un gasto asignado de 199 mil 337 millones de pesos, presentan un nivel de desempeño escaso debido a que tienen bajos niveles de cobertura y avances mediocres en el cumplimiento de sus metas, por lo que se propone no incrementar sus recursos y revisarlos de manera integral

De acuerdo con el Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales (INDEP) 2020, realizado por la organización Gestión Social y Cooperación (Gesoc) al primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se encontró que de 116 programas sociales, 99 registraron condiciones de opacidad o tuvieron un bajo desempeño.

El informe dado a conocer por Alfredo Elizondo, coordinador del INDEP, en una reunión virtual en la que estuvieron la presidente de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, la coordinadora del PRD, Verónica Juárez Piña y la legisladores de MC, Martha Tagle, se menciona una serie de problemas en el manejo de los programas sociales de este gobierno, como coberturas bajas, deficiencias en las metas de cumplimiento, desempeños muy pobres y coberturas bajas.

Se destacó que en el primer año de gobierno se destinaron 646 mil 139 millones de pesos a los programas sociales.

Preciso que 9 programas contribuyeron de manera significativa a resolver el problema público que les dio origen, presentaron una cobertura de más del 80 por ciento y cumplimiento de metas.Entre ellos se encuentran la pensión para adultos mayores, el Seguro Popular, que ya desapareció y el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, y que en su conjunto recibieron para este año 123 mil 309 millones de pesos, se propuso blindar los niveles de presupuesto.

Indicó que 10 programas tienen un desempeño medio ente ellos Atención a la Salud de la Secretaría de Salud, el Seguro para jefas de familia y el Programa de Formación y Capacitación de Recursos Humanos para la Salud, se recomendó no aumentar su presupuesto y generar condiciones para que mejoren.

Resaltó que 47 programas, con un gasto asignado de 199 mil 337 millones de pesos, presentan un nivel de desempeño escaso debido a que tienen bajos niveles de cobertura y avances mediocres en el cumplimiento de sus metas, por lo que se propone no incrementar sus recursos y revisarlos de manera integral.

Entre ellos, dijo, se encuentran el Programa Nacional de Reconstrucción, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, Sembrando Vida y la Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez.

De igual manera, comento que 8 Programas con un alto nivel de desempeño son Sanidad e Inocuidad, Atención de la salud del ISSSTE y el programa de Cultura Comunitaria con un nivel de cobertura de 65 por ciento, por lo que requieren un mayor presupuesto para aumentar la población beneficiada.

Explicó que la caja negra del gasto social está integrada por 10 programas, que en su conjunto ejercen 4 mil 263 millones de pesos, y entre los que se encuentran el Programa de Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes, Investigación del Cambio Climático, sustentabilidad y crecimiento verde de la Semarnat, así como Apoyos a Centros y Organización de Educación de la SEP.

Ante todo ello, recomendó tomar previsiones en materia de transparencia y rendición de cuentas. Sugurio, también que algunos programas que no han dado resultados desaparezcan o se fusionen con otros.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, señaló que ha habido una serie de ajustes, recortes e, incluso, de transferencias de recursos para solventar la emergencia sanitaria que ha sido razón y pretexto para una serie de situaciones.

“El impacto severo del decreto de austeridad que fue el 23 de abril, en el que prácticamente una serie de programas y dependencias se vieron imposibilitadas materialmente de cumplir sus funciones porque al haber el ajuste en todos los servicios, simple y llanamente quedaron paralizados”, explicó.

Eso, precisó, indudablemente tiene un impacto en el desempeño de los programas y en el alcance de sus metas y, desde luego, de su propia cobertura.

Sin embargo, considero que auncon la emergencia sanitaria como la que estamos viviendo y toda su gravedad, no debe desandar el camino avanzado en materia de seguimiento y evaluación del gasto público.

Sauri resaltó la necesidad de hacer una verdadera evaluación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

“Tengo la hipótesis de que el decreto se ha empobreciendo en estos dos años; es decir, los mandatos que la Cámara de Diputados señala en ese decreto, no sólo del gasto, sino de los mecanismos de seguimiento y evaluación”, expuso.

Indicó que dicha evaluación es un tema que se tiene que enfatizar en la discusión del PEF 2021; es decir, plantear qué mandatos darle a la Auditoría Superior de la Federación para que realice qué tipos de auditorías, porque es el instrumento más importante del que dispone la Cámara de Diputados para buscar que los programas presupuestales se conduzcan de manera adecuada.

Se trata, agregó, no de evaluar el gasto público, porque para eso está la Auditoría Superior de la Federación, pero sí el instrumento jurídico, cuáles son sus incidencias y cuáles han quedado como “llamados a misa”.

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