Los retos que enfrentará la Secretaría Anticorrupción en la rendición de cuentas
El Gobierno federal comienza a esclarecer cómo absorberá la nueva Secretaría Anticorrupción de Buen Gobierno las funciones del INAI
Linaloe Flores, Rubén Zermeño y Rubén ArizmendiCon la estocada a los órganos autónomos, incluido el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), prácticamente a un paso, se cierra una etapa que duró más de dos décadas en las que el acceso a estos derechos se consolidó.
Ahora, nuevamente, tocará al Gobierno federal tutelarlos y afrontar los nuevos retos en la materia.
En días recientes, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que las funciones del INAI serían absorbidas por una área especial de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, la cual mantendrá los criterios que formalmente constituyeron al INAI.
Aunque el Gobierno federal avanza en el nuevo andamiaje institucional aún quedan algunas dudas, sobre todo, cómo serán las reglas de operación y qué pasará con el archivo histórico con el que cuenta el INAI, los asuntos pendientes, e incluso el uso de la tecnología que ha servido como aliada en los últimos años.
El @senadomexicano ratificó el nombramiento realizado por la Presidenta @Claudiashein de la maestra Raquel Buenrostro Sánchez para dirigir los trabajo de la nueva Secretaría de Anticorrupción y @BuenGobierno_mx https://t.co/sEJxVFZwYb
— Senadora Margarita Valdez (@SenadoraV) December 2, 2024
La Secretaría Anticorrupción de Buen Gobierno es una de las dependencias que se crearán durante la actual administración y reemplazará a la Secretaría de la Función Pública y sus funciones, además de las del INAI.
“Será esencialmente para prevenir la corrupción en el gobierno, con políticas que pasan de ser correctivas a preventivas, y con visión de alcance transversal, lo que significa que tendrá injerencia en todas las dependencias de gobierno”, informó al respecto Raquel Buenrostro Sánchez, la próxima titular de la Secretaría Anticorrupción.
El principal reto recae, de acuerdo con varios expertos, organizaciones sociales, políticos e incluso mismo personal del INAI, en que se podría afectar la imparcialidad en la supervisión de la transparencia y la rendición de cuentas. Es decir, el Gobierno federal podría ser juez y parte.
Las claves para entender la nueva transición
Con la desaparición del INAI queda la duda de qué pasará con los 15 mil millones de archivos que tiene en su resguardo, el correcto uso de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), las reglas para solicitar información, la protección de datos personales, así como quién resolverá las quejas, peticiones y emitirá las sanciones.
Aunque hay muchas dudas en el aire, poco a poco se comienzan a dar certezas. En días recientes, la misma presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la Plataforma Nacional de Transparencia no desaparecerá.
Al respecto, Julieta del Río, comisionada del INAI, aplaudió la decisión y anunció que comenzarían a trabajar en la aseguración de todos los datos y en la creación de una huella digital.
La comisionada agregó que la PNT resguarda y alberga alrededor de 15 mil millones de archivos, lo cual equivale a 40 veces el resguardo del Archivo General de la Nación.
Tras la eliminación del @INAImexico especialistas están preocupados por la cantidad invertida en seguridad en la Plataforma Nacional de Transparencia. Un ciberataque no sólo desaparecería o dañaría archivos, sino que pondría en riesgo datos personales👀 .https://t.co/E1oZYaiakR pic.twitter.com/VXbOATS2rK
— El Sabueso (@ElSabuesoAP) November 29, 2024
Incluso, datos del mismo INAI indican que a diario se reciben unas 900 solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. De estas, se generan unas 52 quejas debido a la negativa de los gobiernos, sindicatos o partidos políticos a proporcionar información.
Con la nueva reforma, serán las secretarías y las dependencias gubernamentales los encargados de crear y gestionar los procedimientos de revisión para atender las solicitudes de acceso a la información.
Es decir, las mismas instituciones que reciban las solicitudes decidirán si entregan o no los documentos requeridos. También se encargará de atender las quejas relacionadas por incumplimiento. Convirtiéndose en juez y parte.
Con la desaparición del INAI tampoco se sabe qué pasará con los 90 mil 33 expedientes reservados tanto por las entidades públicas como por los sindicatos y los partidos políticos.
Otro de los retos que deberá de enfrentar el nuevo andamiaje institucional es establecer qué autoridad será la encargada de la protección de datos personales y de sancionar a quienes, tanto privados como públicos, hagan mal uso de los archivos de datos personales, ya que la reforma constitucional no lo menciona.
Feliz domingo. Día para recargar pilas. Nos vemos en la semana en la @FILGuadalajara 2024 en actividades del INAI para continuar promoviendo el derecho de acceso a la información y la protección de los datos personales pic.twitter.com/tMRkWfp1Tp
— Julieta Del Río Venegas (@JulietDelrio) December 1, 2024
Entre los argumentos que ha dado tanto el Gobierno federal como políticos de Morena sobre la desaparición del INAI se encuentran que existe duplicidad de funciones, el órgano autónomo es oneroso y burocrático y sirve intereses privados.
En los artículos transitorios de la reforma se menciona que los ahorros que se generen con la desaparición del Instituto, junto con los otros seis órganos autónomos, se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Por su parte, los más 993.9 millones de pesos que solicitó el INAI para 2025 serían utilizados en otras áreas como educación, cultura, agua y seguridad.
Respecto a los 849 trabajadores que integran el INAI, se informó que se integrarán a la próxima Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Desaparición del INAI: los vacíos que se quedan
Horas después de que el Senado de la República avaló la reforma de simplificación administrativa con la que desaparecerán siete órganos autónomos, entre ellos, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Julieta del Río Venegas, comisionada de esta institución, enfatizó en entrevista los riesgos que tiene la información archivada por el organismo.
“Conocemos que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno se hará cargo de una parte, de lo que es el acceso a la información y los datos personales en posesión de autoridades, pero no tenemos la claridad de los datos personales en posesión de particulares, ¿quién los va a tutelar? Y aparte en la Plataforma Nacional de Transparencia, pues son cerca de 15 mil millones de archivos, que cada archivo pues representan muchísimos datos”, exclamó la comisionada originaria de Zacatecas quien en esa entidad fue coordinadora general de los trabajos preparatorios de la primera Ley de Acceso a la Información Pública.
Después de la promulgación en mayo de 2015 de la Ley General de Transparencia, el INAI quedó encargado de construir un megamecanismo que archivara la información pública de todo el país. Así nació en la red la Plataforma Nacional de Transparencia que sustituyó a los antiguos sistemas Infomex. La información de 8 mil entidades gubernamentales quedó integrada en un solo sitio. Además, la de los partidos políticos, sindicatos, fideicomisos, universidades, así como personas físicas y morales.
La comisionada, una de las cuatro que quedó con la reducción del Pleno del INAI en 2023, se preguntó: “¿Por qué tendría una institución, una secretaría (la de Anticorrupción y de Buen Gobierno que según la iniciativa de reforma aprobada asumirá algunas funciones del INAI) tener la información de todo un país si no le compete más que sus sujetos obligados?”
Del Río Venegas planteó más preguntas que se desprenden de los vacíos de información sobre el destino de varios elementos que hasta ahora fueron la materia prima del órgano de la transparencia mexicana, el acceso a la información y la protección de datos personales. “¿Qué va a pasar con las solicitudes de información que tenemos en tránsito? ¿Qué va a pasar con los recursos? ¿Con los amparos que tenemos en litigio?”
Con todo, para la comisionada, especialista en rendición de cuentas, el riesgo mayor es que en este proceso aún no queda claro quién o quiénes tendrán la función del tutelaje de la información pública. Y ello, desde ahora, pone un muro entre los ciudadanos y el hacer político.
‘Será un gobierno eficiente y austero’, dicen legisladores
La aprobación de la reforma que hace ajustes estructurales a siete órganos autónomos del Estado representa el compromiso del Congreso de la Unión con un gobierno austero, eficiente y enfocado en las necesidades del pueblo, “no en los privilegios de unos cuantos”, señala el senador Óscar Cantón Zetina.
El también presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales resume así el punto de vista de los legisladores de los partidos Morena, Verde Ecologista y del Trabajo.
El pasado jueves, se aprobó en el Senado modificar 14 artículos de la Constitución para extinguir las funciones del INAI que pasará a formar parte de la Secretaría de la Función Pública; al Coneval lo absorberá el INEGI; al Mejoredu, la SEP; la Cofece, a la Secretaría de Economía y al IFT, la SICT; en tanto, las comisiones Nacional de Hidrocarburos y la Reguladora de Energía irán a la Secretaría de Energía.
De esta manera, el legislador comenta que las funciones de esos órganos constitucionalmente autónomos se mantendrán.
“Nacieron para auxiliar al Estado en funciones específicas, pero que quede claro, esas responsabilidades le pertenecen de forma total a los poderes tradicionales en términos del artículo 41 constitucional”.
🔎 La desaparición del INAI es un retroceso para la transparencia y la rendición de cuentas. Sin acceso a la información, el autoritarismo avanza. ¡Es momento de defender nuestro derecho a saber! 🛑 #TransparenciaEsDemocracia https://t.co/lFL8n4rEgx pic.twitter.com/tWQ5LrMtoO
— La Nación (@RevistaLaNacion) December 1, 2024
Cantón Zetina subraya que “el país que heredamos de los últimos gobiernos sufrió las consecuencias de una política que despojó al Estado mexicano de su capacidad para responder a las demandas de su pueblo; sin embargo, “han simbolizado el despilfarro, la opacidad, la duplicidad de funciones y la subordinación del Estado a intereses ajenos al pueblo”.
El legislador tabasqueño reconoce que las causas que motivaron la creación de estos organismos no han desaparecido del todo, sin embargo, esos organismos no cumplieron su objetivo y en cambio dañaron al pueblo de México.
Detalla que, entre 2018 y 2024 recibieron 32 mil millones de pesos para funcionar, lo cual es lamentable si consideramos que auditorías recientes evidencian tráfico de influencias y desvíos de recursos.
Óscar Cantón deja en claro que la extinción de esos órganos autónomos devolverá las funciones al Estado, a través de sus dependencias, eliminando la duplicidad de funciones y gastos innecesarios”.
🔍Investigación especial: Se localizó una auditoría que reveló que en 2022, el personal de la CRE dio 46 permisos sin que los solicitantes entregaran la documentación requerida. Esto fue lo bueno, lo malo y lo triste de los órganos autónomos que van a desaparecer pic.twitter.com/Az5dFG9kJF
— EL CEO (@elceo__) December 2, 2024
Puntualiza que la decisión mayoritaria de desaparecer a esos siete órganos es un recordatorio al poder de que debe estar al servicio del pueblo y no al servicio de privilegios.
Juanita Guerra Mena, del Partido Verde Ecologista de México, sostiene que la simplificación orgánica les molesta a algunas personas, por lo que reafirma que en el principio de transparencia del ejercicio público, éste estará plenamente garantizado por la Secretaría de Anticorrupción y de Buen Gobierno que encabeza Raquel Buenrostro.
Por ello, dice que esa simplificación confiere atribuciones al Poder Ejecutivo, estableciendo verdaderos contrapesos donde el gran fiscalizador es el pueblo de México.