El Partido del Trabajo (PT) decidió aplazar la discusión y aprobación en el pleno de la Ley General de Salud Mental, luego de una ola de críticas de políticos de oposición, pacientes y especialistas, quienes consideran que la nueva legislación es violatoria a los derechos humanos y promueve un modelo de atención médica que invisibiliza a las personas.
La senadora Geovanna Bañuelos de la Torre del PT, pidió ayer al presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, retirar del periodo extraordinario la discusión de dicha ley.
“A las organizaciones de la sociedad civil, a los juristas, a los académicos y a todos los que tengan la intención de abonar, les reitero mi disponibilidad para entablar un diálogo profesional, respetuoso y recoger e incluir todas sus aportaciones.
“No es sano que se apruebe una ley que ya ha sido estigmatizada mediáticamente o que se ponga en entredicho que se están vulnerando los derechos humanos y no se garantiza el pleno derecho de la salud mental. Sería en detrimento de todas aquellas personas que requieren de una adecuada atención”, dijo la petista.
La coordinadora de los senadores del Partido del Trabajo detalló que se asesoró con expertos y también se dio espacio a las voces disidentes y sus observaciones fueron tomadas en cuenta en el documento de trabajo de la Comisión de Salud.
“Soy una mujer de principios. Mi labor como legisladora ha sido escuchar todas las voces. Privilegio el diálogo, los debates respetuosos y los consensos”, argumentó Geovanna Bañuelos.
Ricardo Monreal aceptó la solicitud y aplaudió la medida tomada por el PT.
“Este dictamen, esta iniciativa ha generado discusión pública en distintas instancias de la sociedad civil y hoy (ayer) ha venido (Geovanna Bañuelos) a conversar conmigo sobre la decisión que ha tomado junto con su grupo parlamentario, lo cual me alegra. Me alegra mucho la sensibilidad del grupo parlamentario del PT”, dijo Monreal al respecto.
Piden Parlamento Abierto a Salud Mental
Antes de que se pospusiera la iniciativa, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Kenia López Rabadán, pidió retirarla del pleno y convocar a Parlamento Abierto.
“Organismos protectores de derechos humanos como la ONU y la CNDH, así como diversas organizaciones de la sociedad civil expertas en la materia, han externado su preocupación sobre el contenido del proyecto, toda vez que no cumple con los estándares nacionales e internacionales en la materia.
“Cuenta con vicios al no ser una legislación que fomente la inclusión de las personas con discapacidad, sino que las encasilla como objetos de tratamiento, más que como sujetos de derechos. Igualmente, cuenta con un lenguaje que estereotipa y vulnera los derechos humanos de las personas con discapacidad”, argumentó la panista.
