Asegura no pertenecer a Siemens, pero recuerda las condiciones del contrato y los inicios del litigio, que llevaron a que las compañías crucen demandas
El empresario Jaime Camil Garza sostiene que las acusaciones en su contra por los casos de corrupción en la refinería de Cadereyta son parte de un litigio en donde Pemex se opuso a una multa que le fue impuesta.
En entrevista con Reporte Indigo, dice que el escándalo que lo ha involucrado no va dirigido contra él directamente.
Forma parte de las demandas que se han cruzado en Estados Unidos entre Pemex y Conproca, la sociedad creada para la remodelación de la refinería de Cadereyta.
Reconoce que colaboró con Siemens en calidad de representante, pero que partir de 2008 dejó de prestar sus servicios a la compañía.
Sobre los cheques por servicios de representación presentados en los medios, responde: “no son prueba de que se hayan pagado sobornos sino de que tenía un contrato con Siemens.
“Los cheques que amparan las facturas correspondientes fueron entregados a la PGR por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como parte de la averiguación previa que se estaba llevando a cabo”.
De acuerdo con la demanda presentada por Pemex en Nueva York en diciembre, de la que este diario tiene copia, los pagos irregulares se realizaron en dos partes, una primera para que Conproca fuera favorecida en la licitación y conseguir el contrato, y otra durante la obra para evitar reclamos por los sobrecostos y retrasos.
Este documento presentado por el abogado de la petrolera, Thomas C. Goldstein, señala que los primeros pagos fueron realizados por la empresa mexicana Triturados Basálticos y los segundos por la coreana SK.
“La investigación (realizada por Pemex) reveló que los sobornos fueron pagados con el pleno conocimiento de las empresas participantes en el consorcio Conproca”, sostuvo la paraestatal en su demanda en Nueva York.
“Desconozco totalmente lo que afirma Pemex, sería ilógico dar un soborno a un fallo que tuvo una diferencia de más de mil 200 millones de dólares con su competidor más cercano, que fue el consorcio (conformado por las empresas japonesas) Mitsubishi y Mitsui, más la mexicana Bufete Industrial”, afirma el empresario.
Agrega: “Los cheques a que se hace referencia son de finales del 2004, por lo que resulta ilógico que amparen pagos ilícitos de una licitación que se llevó a cabo en 1997”.
Contrato modificado
Camil Garza asevera que ya no pertenece a Siemens, pero recuerda las condiciones del contrato y los inicios del litigio legal, que llevaron a que ahora ambas compañías estén cruzando demandas por más de 500 millones de dólares.
“En la licitación para la obra de remodelación (de la refinería de Cadereyta), la propuesta de Conproca era inferior en mil 200 millones de dólares a la que hizo la empresa que quedó en segundo lugar, que fue el consorcio de Mitsubishi con Mitsui y Bufete Industrial”, insiste.
Con ello responde a las acusaciones de Pemex de que los sobornos permitieron que ganara una propuesta que realmente no era la mejor.
Concuerda con la petrolera en que los porcentajes de propiedad actuales para Conproca, que inicialmente incluía a Triturados Basálticos y fue reestructurada dejando a SK con el 85 por ciento de las acciones y a Siemens con el 15 por ciento.
“Triturados Basálticos cedió la parte que le correspondía para las reclamaciones a SK, por lo que el porcentaje de la coreana en el fallo del arbitraje le corresponde entre el 80 y el 85 por ciento”, explica.
Afirma que el precio original de la remodelación era de mil 610 millones de dólares. Estaba conformado por mil 380 millones por concepto de ingeniería, procura y construcción, más 230 millones por intereses durante los tres años de construcción.
“Pero Pemex agregó los intereses del financiamiento a 10 años que Conproca le otorgó, que ascendieron a poco más de 800 millones de dólares, por lo que el costo total de la obra, más los intereses, ascendió a un poco más de 2 mil 400 millones de dólares”, especifica.
En efecto, el laudo de cuantía sobre la reclamación de gastos no reembolsables, al que Reporte Indigo tuvo acceso, indica que Triturados Basálticos pagó 159 millones de dólares más por elementos agregados, como “trabajos de pintura y aislamiento” y más de 200 contratistas adicionales.
La información pública sobre la contratación muestra que fue firmada por 2 mil 460 millones de dólares el 27 de noviembre de 1997.
“Las reclamaciones presentadas por Conproca y en principio aceptadas por Pemex, sumaron 98 millones de dólares, dinero que el consorcio garantizó a la paraestatal mediante una fianza, más los intereses correspondientes, lo que se plasmó en un convenio”, añade el empresario.
El origen de la disputa legal, según recuerda Camil Garza, fue “recuperar las fianzas que Pemex cobró unilateralmente en el verano del 2001. Eso llevó a que el consorcio presentara la demanda ante la Cámara de Comercio Internacional de París”.
Pleitos para no pagar
Después de 10 años la Cámara de Comercio Internacional le dio la razón a Conproca y el fallo contra Pemex tuvo carácter de inapelable.
El siguiente paso legal para esta sociedad fue pedir en julio del año pasado que la corte del distrito sur de Nueva York fungiera como árbitro para el pago al que Pemex había sido condenada en París.
La paraestatal se negó a este arbitraje, con el argumento de que ese juzgado no tenía jurisdicción sobre Pemex como empresa ni sobre la subsidiaria Pemex Refinación.
Sin embargo, es ahora precisamente en esta Corte que la petrolera presentó el 12 de diciembre una demanda por 500 millones de dólares contra la sociedad Siemens-SK.
Camil Garza afirma también desconocer la presentación de la demanda de Pemex ante esta Corte.
Ciertamente, su nombre no aparece en ninguno de los documentos de París ni de Nueva York y no se ha hecho público si está mencionado en la investigación interna de Pemex.
Acepta que tuvo conocimiento de que PGR abrió una averiguación previa por el caso, que incluso lo llevó a declarar.
Reitera: “La averiguación que inició la PGR estaba fundada contra quien resultara responsable. Acudí a declarar en calidad de testigo, para aclarar las dudas y contestar las preguntas del agente del ministerio público federal”.
