El ex alcalde interpuso en el Trife un juicio de protección de derechos político-electorales, dependencia del Poder Judicial que determinó que el ex alcalde no estaba obligado a regresar a su cargo.
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrían resolver hoy en definitiva la controversia generada por el amparo que se interpuso contra la licencia que otorgó el Cabildo de Monterrey al ex alcalde Fernando Larrazabal.
El caso del actual diputado federal del PAN está incluido como parte de los asuntos que se resolverán hoy en la sesión pública ordinaria del pleno de la Suprema Corte.
“Solicitud de ejercicio de la facultad prevista en el Artículo 11, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación”, señala el expediente 1/2012 incluido en el orden del día.
Este articulado se refiere a las atribuciones que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer y dirimir sobre las controversias que por razón de competencia surjan entre tribunales locales y federales.
El ministro Luis María Aguilar Morales someterá su dictamen para que sea votado por el pleno de la Suprema Corte de Justicia, que preside el ministro presidente Juan N. Silva Meza.
Los ministros del máximo tribunal constitucional del país determinarán hoy si un tribunal administrativo tiene competencia en temas electorales, o los magistrados se extralimitaron de sus funciones ordenándole al Cabildo de Monterrey revocar la licencia concedida a Larrazabal.
Los amparos interpuestos contra la separación de Larrazabal generaron controversias entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Estado y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En varias ocasiones los magistrados de este Tribunal revocaron las resoluciones dictadas por jueces de primera instancia en los amparos que solicitaron ciudadanos en contra del “chapulineo” de Larrazabal.
El ex alcalde regio interpuso en el Trife un juicio de protección de derechos político-electorales, dependencia del Poder Judicial de la Federación que determinó que el ex alcalde no estaba obligado a regresar a su cargo, dejando sin efectos la orden de los magistrados.
Fue entonces que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Estado solicitó la intervención del máximo tribunal en el país, para que ejerciera su facultad de atracción de este asunto y resolviera esta controversia.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa está integrado por los magistrados Sergio Javier Coss Ramos y Sergio Eduardo Alvarado Puente, quienes son los que han firmado las resoluciones para que el Cabildo revoque la licencia concedida a Larrazabal.
Incluso el mes pasado estos magistrados consignaron directamente a un juez penal los incumplimientos del Cabildo de Monterrey, solicitando que los regidores fueran sancionados penalmente por el presunto desacato de la orden judicial.
Los jueces desecharon la orden.
El mes pasado el Cabildo de Monterrey, encabezado entonces por el ex alcalde Jaime Bazaldúa, interpuso un incidente de queja en el Consejo de la Judicatura Federal contra la actuación de los magistrados Coss Ramos y Alvarado Puente, al considerar que abusaron de sus facultades.