La continuidad de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa en Nuevo León –antes Contencioso- pende de un hilo.
El día de mañana un tribunal colegiado contempla resolver un recurso de revisión que se interpuso en contra de la designación irregular, que se hizo el año pasado en el Congreso del Estado, de los nuevos integrantes de este órgano.
Los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Estado tienen programada para este jueves la resolución del recurso de revisión 322/2012, que se interpuso en contra de la resolución del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en Nuevo León.
El juez Héctor Pérez Pérez resolvió el sobreseimiento de este juicio de amparo que presentó en su momento la administración encabezada por el exalcalde Mauricio Fernández, en contra de la designación de los nuevos miembros del tribunal contencioso estatal.
El Tribunal de Justicia Administrativa en Nuevo León –que sustituyó al Tribunal de lo Contencioso Administrativo está conformado actualmente por los magistrados Rodrigo Maldonado, quien presidente de este órgano, y por José Manuel Guajardo Canales, Cruz Cantú Garza, Juana García Aragón, Genaro Sánchez Martínez y Alberto Ortega Peza.
Estos magistrados fueron designados hace un año por la pasada Legislatura entre fuertes cuestionamientos.
El Tribunal de Justicia Administrativa es integrado también por la exmagistrada Juana María Treviño, removida de su cargo hace un año, pero que ganó una suspensión de amparo el 17 de mayo de 2012, el cual le permitió regresar a la primera sala sustituyendo a García Aragón.
La magistrada sustituida cobra aún sin resolver casos.
Reporte Indigo publicó hace un año la falta de experiencia y de capacidad que tienen los magistrados en el derecho administrativo, como es el caso del notario público Cruz Cantú y el abogado Ortega Peza, hermano de la pareja del exalcalde Mauricio Fernández.
En aquella ocasión los diputados locales desaprovecharon la oportunidad de renovar a profundidad y con argumentos serios a este Tribunal.
Los legisladores no designaron como magistrados a los mejores abogados que sí son especialistas en derecho administrativo y conflictos de Nuevo León.
El proceso estuvo manchado por una serie de irregularidades y omisiones.
Hasta el PAN sacó provecho de este reparto de posiciones en el Tribunal, que se supone debe ser un órgano autónomo e independiente.
Ninguno de los cuatro abogados que envió el gobernador al Congreso del Estado para que fueran designados magistrados del Tribunal cumplen con el perfil.
Ni uno de los cuatro magistrados designados es considerado un especialista en derecho administrativo y casos de justicia administrativa.
Uno es amigo del gobernador y su especialización es el derecho laboral. Su mejor carta de recomendación es ser hijo de un ex funcionario priista.
Hay una maestra de la UANL, quien ha sido dos veces magistrada del Tribunal Estatal Electoral.
Hay un abogado de más de 60 años que toda su vida fue Notario Público y que nunca ha litigado, desconoce los juzgados.
La lista de los nuevos magistrados la completa un ex diputado local del PAN. La posición para los albiazules.
La resolución de mañana, que podría tumbar el nombramiento de estos magistrados y dejar acéfalo el Tribunal, está a cargo del magistrado Jesús Sandoval Pinzón, quien presentará el proyecto de sentencia a este colegiado.
En el juicio de amparo que se presentó en contra del decreto legislativo se alegaba que durante el proceso de selección de los magistrados, hecho por los diputados locales, no se llevó a cabo ninguna consulta entre los ciudadanos y no hubo transparencia.
No es el único litigio que la designación de los magistrados provocó.
En su momento los abogados Miguel Zárate y Alberto Sada presentaron juicios de amparo en contra de la designación, sin embargo luego desistieron de sus recursos legales.
La exmagistrada Aurora Cantú, quien fue removida por el Congreso del Estado de su cargo en el Tribunal, también presentó un juicio de amparo en contra del Congreso del Estado, sin embargo no ha sido resuelto en definitiva.
Cantú pretende regresar al cargo para cumplir los 20 años que establece la ley sobre su nombramiento.
