Resolver Ayotzinapa, desde las instituciones

Sin sentimentalismos y con una postura meramente institucional, la panista Guadalupe Murguía es la encargada de dirigir a un grupo de diputados para revisar las investigaciones que realiza el Gobierno federal sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Murguía es presidenta de la Comisión Especial para dar seguimiento al caso de los normalistas.

Desde una visión meramente institucional, Murguía ha planteado que es necesario acercarse a las autoridades que llevan la investigación del caso y conocer en lo que se ha avanzado, porque tampoco se trata de perseguir a nadie por su trabajo.

“Es una oportunidad de trabajar en la búsqueda de la verdad. Nosotros, como Acción Nacional, y yo como diputada, soy diputada de oposición, no tengo que sostener la verdad oficial y la verdad histórica de nadie si no hay elementos.

“Pero tampoco es una cacería de brujas. Creo que estamos en posición de conocer, por un lado lo que acordó la PGR como su verdad histórica y por otro lado el informe del Grupo de Expertos (de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y esto nos permitirá conseguir la verdad objetivamente, sin estridencias”, expone en entrevista.

Con gestos adustos y ademanes que reflejan una personalidad cargada hacia lo institucional más que a las emocional o lo espontáneo, Murguía asegura que la finalidad de los trabajos de la Comisión es contribuir en algo en el esclarecimiento de los hechos.

Confiesa que no ha sido fácil la tarea de conciliar el punto de vista de los otros 15 diputados que conforman la Comisión.

“Es una Comisión con mucho juego político. Todos los integrantes de la Comisión llegaron por un partido y representan el punto de vista y la visión de su partido, de su fuerza política en la Comisión. Y esto le da un matiz, siendo un tema que tiende a politizarse con mucha facilidad, esto le da un cariz muy intenso a esta Comisión”, reflexiona.

Panista de cepa, militante del PAN desde 1999, Murguía es una servidora pública que ha hecho carrera en varias áreas de gobierno.

Originaria de Querétaro, Murguía ha sido secretaria de Gobierno de esa entidad, así como secretaria de Educación.

En ese ámbito ha tenido otras intervenciones. Ha sido directora general de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar de la Subsecretaría de Educación Media Superior; y coordinadora general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica de Querétaro.

A nivel federal, fue directora general del Colegio de Bachilleres, cuando Alonso Lujambio era secretario de Educación Pública. Y el cargo más reciente que tuvo fue el de regidora del municipio de Querétaro.

Esta experiencia le ha permitido autodefinirse como una mujer cercana a los jóvenes, a los estudiantes, y a la problemática que tienen en algunas áreas rurales del país, donde existen graves carencias.

Sin embargo, lo hace con distancia, sin involucrar sentimientos o expresiones que denoten simpatía o solidaridad con lo que, considera, es una tarea que debe resolverse desde lo institucional.

Murguía afirma que, aunque su tarea es muy delicada, no se le ha impedido tener acceso a los testimonios y documentos necesarios para poder hacer la revisión del caso, más que en aquellos casos donde se trata de asuntos confidenciales.

“(Hemos trabajado) con total libertad, con un trabajo muy intenso, pero no ha habido ninguna limitación de ningún tipo para reunirnos con funcionarios, autoridades, y obtener la información que esté a nuestro alcance”.

“Ninguna presión, ninguna limitación. La intensidad del trabajo al interior de la Comisión tiene que ver con el compromiso de cada uno de los integrantes con este hecho”, asevera.

En el único lugar donde no ha ocurrido así es en el Ejército, donde no se les ha permitido hablar con los soldados que estuvieron presentes en aquella noche el 26 de septiembre, aunque para Murguía es suficiente que el secretario en persona los reciba y les dé las explicaciones de lo ocurrido aquel día.

Una de las críticas que ha recibido la diputada es que no pugnó porque se grabaran o quedara la versión estenográfica de las reuniones de los legisladores con los funcionarios.

A ella le dijeron que las reuniones debían ser confidenciales y a eso se apegó, de forma institucional; por lo que en cada una de las reuniones no se ha permitido a los diputados entrar siquiera con su teléfono celular.

No hay registro de lo que en esas reuniones se dijo o se reveló. Todo quedará en la memoria de los legisladores.

A Murguía no la movió tanto el hecho de la desaparición de los estudiantes como la postura del Grupo de Expertos de la CIDH ya que, cuando cuestionan la versión que la PGR había dado de los hechos, se puso al descubierto la falta del gobierno mexicano en el caso.

“Uno se pregunta entonces dónde está la verdad de los hechos, qué pasó con esta verdad histórica que hoy resulta severamente cuestionada”, reflexiona.

Para Murguía, lo más importante es conocer en verdad cómo se desarrollaron los hechos para evitar caer en el juicio tanto de los jóvenes y sus actividades como de las autoridades que trabajan por esclarecer lo que pasó aquella noche.

“Lo que le pasó a esos jóvenes, la saña con la que se les agredió por parte de los policías municipales, el vacío de las autoridades durante un lapso que puede ser de las 9:30 a cerca de las 12:00 de la noche es algo que confronta, es algo que indigna”, sostiene.

La Comisión Especial del caso Ayotzinapa no es una Comisión de investigación, por lo que no tiene facultades para iniciar procesos penales o presentar alguna denuncia si se encontrara alguna irregularidad en la investigación.

Solo tiene la facultad de revisar el trabajo que realizan las instancias gubernamentales y debatir sobre él. Al final de su trabajo, deberá presentar un informe al pleno, con sus hallazgos.