El estudio para medir la “gobernabilidad” en Nuevo León que costó 2 millones 500 mil pesos a la administración del mandatario Rodrigo Medina no está al alcance de la ciudadanía.
El documento fue “reservado temporalmente del conocimiento público” por la Secretaría General de Gobierno, luego de que Reporte Indigo pidió el pasado 15 de agosto una versión pública del estudio mediante una solicitud de información.
En la respuesta entregada a esta publicación, el coordinador de Asuntos Jurídicos y Enlace de Información de la Secretaría General de Gobierno, Pedro Quezada Bautista, asegura que el 22 de agosto –siete días después de la solicitud- se elaboró un acuerdo para reservar la investigación.
El acuerdo fue emitido por el subsecretario de Desarrollo Político, Felipe González Alaniz, el mismo funcionario que en 2011 solicitó a la Tesorería del Estado la ampliación presupuestal millonaria para elaborar el estudio.
La denominada “Investigación de Análisis Prospectivo para Desarrollo de Escenarios Socio-Políticos del Estado de Nuevo León” se encuentra en los archivos de la Dirección de Desarrollo Político de la Subsecretaría de Desarrollo Político, pero sólo está al alcance de los funcionarios públicos de esa dependencia.
“La publicidad de los citados estudios puede afectar los procesos de toma de decisiones, modificar las prospectivas y recomendaciones emitidas, así como las diversas estrategias, su seguimiento y las acciones que permiten (…) trabajar y generar insumos que sirvan para favorecer la gobernabilidad política y social en el Estado”, se lee en la respuesta identificada con el número BCAJ/887/2012.
“(La investigación) contiene información que en su conjunto representa una herramienta de análisis interno y confidencial para el trabajo que se realiza en la toma de decisiones de diversos aspectos del gobierno”, continúa el oficio.
Quezada Bautista invoca en su respuesta la fracción VII del artículo 28 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado, en donde se establece que se reserva la información cuando su difusión afecta un proceso deliberativo que “concierne a la toma de decisiones que impacte el interés público”.
Reporte Indigo publicó a lo largo del mes de agosto sobre el despilfarro millonario en el que incurrió el Gobierno del Estado, que solicitó en sólo tres meses de 2011 más de 100 ampliaciones presupuestales para gastos adicionales, entre los que estaban la elaboración del estudio de “gobernabilidad”.
El subsecretario González Alaniz inicialmente aceptó entregar una copia de la investigación que se supone se realizó a finales del año pasado para conocer los riesgos políticos de Nuevo León.
Sin embargo, el funcionario estatal que firmó la solicitud de la ampliación presupuestal para elaborar el estudio ya no se comunicó para entregar el documento, como se informó el pasado 8 de agosto.
Así que esta publicación presentó un recurso de revisión ante la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León (CTAINL), con la intención de revocar la respuesta que dieron las autoridades.
