Este 11 de febrero, se presentó en el Senado de la República una propuesta de punto de acuerdo donde se exhorta a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a remitir un informe sobre los motivos técnicos y pedagógicos que justificaron suspender la prueba ENLACE.
Se espera que este miércoles se pueda posicionar ante el pleno la propuesta albiazul y que se le dé trámite de urgente y obvia resolución para que así el Senado se pronuncie hoy mismo sobre el tema evitando turnarlo a comisiones.
A la junta de gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) le fue requerida la misma información.
En el punto de acuerdo, presentado por los legisladores panistas Víctor Hermosillo, Juan Carlos Romero Hicks, Javier Corral y Ernesto Ruffo Appel, también se exhorta al secretario Emilio Chuayffett y a sus homólogos estatales a que presenten un reporte puntual sobre las irregularidades que detectaron durante el proceso de aplicación de la prueba.
A los titulares federal y locales de la SEP solicitan, además, precisar qué acciones han emprendido en contra de los servidores públicos involucrados en las presuntas irregularidades detectadas en el proceso de aplicación de esta prueba.
El pasado 4 de febrero, Chuayffett anunció la cancelación de ENLACE argumentando que el instrumento estandarizado carecía de fiabilidad pues se había pervertido:
“La perversión cuando los maestros enseñan sólo lo que la prueba va a traer como contenido, cuando se procura que el alumno de bajo rendimiento no llegue a la escuela el día de la prueba, cuando se pasan las respuestas de la prueba a los alumnos o cuando los docentes corrigen las respuestas una vez entregada la prueba por el educando”.
Sin embargo, en las consideraciones presentadas en el punto de acuerdo se destaca que la SEP conocía los vicios potenciales de la prueba y que tras las métricas que elaboró para minimizar este impacto se tiene conocimiento que de 2006 a 2012, el promedio nacional del denominado “factor copia” no ha sufrido cambios importantes.
A nivel primaria fue, en 2006, del 5.06 por ciento y, en 2012, de 5.47 por ciento. Mientras que a nivel secundaria en 2006 fue de 3.3 por ciento, y de 4.4 por ciento en 2012.
“A favor de la permanencia de la prueba se puede decir que su eliminación y eventual sustitución significarán una perdida potencial de información y de estudios específicos de los programas educativos”. Lo anterior pone en riesgo la implementación de la Reforma Educativa, según los senadores, al desechar el único parámetro confiable con el que hasta hoy se cuenta.
Más aún, subrayan que dado que la propia SEP reconoce que la evaluación es un herramienta esencial para contar con educación de calidad fue que en 2013 “se impulsó y aprobó una Reforma Educativa que evalúa a los docentes, de manera que si se tiene planeado sustituir ENLACE por otra prueba sería pertinente transparentar la transición, requerimos de toda la información para poder continuar dando los pasos que hasta ahora el Congreso ha ejecutado en favor de la Educación en nuestro país”.
En su portal oficial la SEP afirma que los resultados de la prueba ENLACE son altamente confiables pues “brinda elementos objetivos, mensurables y comparables que permiten el diseño de políticas, acciones y medidas adecuadas para la pertinencia y calidad de la educación nacional”.
Cancelación favorece opacidad: IMCO
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) encabeza la campaña #SíEnlace2014 promovida por diversas organizaciones sociales que “no se pierda el ciclo de información que se realiza desde 2006”.
En voz de su titular, Juan E. Pardinas, ha solicitado que se vaya hasta las últimas consecuencias del fraude que se hizo con esta prueba que “arroja luz sobre el desempeño individual de los estudiantes de educación básica hasta bachillerato”.
El IMCO considera la SEP deber romper con el vínculo perverso trabado entre el examen y los ingresos de los profesores que se castigue la corrupción. Pero al cancelar ENLACE lo único que la autoridad educativa favorece es la opacidad y la discrecionalidad de los mandatarios estatales.