Reprueba UNAM en acoso sexual

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La mayoría de las denuncias por acoso sexual en la UNAM no terminan en nada.

No sólo no hay investigaciones, tampoco sancionan a los maestros acusados por las alumnas de la máxima casa de estudios.

Además, las mujeres que se deciden a denunciar a sus docentes, sufren represalias académicas como puede ser la cancelación de sus becas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), condicionar las asesorías de investigación o dar malas evaluaciones injustificadas. 

Ivonne Carolina Flores Alcántara, Dora Ascensión Romero Olivera y Sol Pérez Jiménez son tres estudiantes de posgrado de la UNAM que han revelado a Reporte Indigo como fueron acosadas por profesores de esta universidad. 

Las tres presentaron sus denuncias ante la UNAM, pero ninguna prosperó.

Ellas aseguran que los docentes las agredieron físicamente, las hostigaron por redes sociales y cometieron acoso sexual.

Sin embargo, sus casos están congelados en la Unidad para la Atención y Seguimiento de Denuncias dentro de la UNAM (UNAD) sin que funcione el Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género que instauró la universidad desde el 29 de agosto de 2016.

Este instrumento se basa en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia e incluye otras conductas que se dan en el contexto universitario.

El protocolo considera la violencia psicológica, sexual, física, patrimonial y económica. También clasifica como violencia de género casos de discriminación, hostigamiento sin connotación sexual y el acoso sin connotación sexual.  

De acuerdo al primer informe del protocolo, 234 personas presentaron quejas de hechos de violencia de género ante la Unidad para la Atención y Seguimiento de Denuncias dentro de la UNAM (UNAD). 

Estas denuncias fueron interpuestas desde la implementación del protocolo hasta el 12 de junio de 2017, momento en el que concluye la etapa de exámenes.

En el mismo periodo, se identificaron a 203 agresores que habían violentado a más de una persona.

La inacción de la máxima casa de estudios incluso obligó a una de las mujeres agredidas a recurrir a la justicia federal para que, mediante un amparo, se obligara a las autoridades universitarias a resolver sus denuncias.

La mano del Poder Judicial

No todo el acoso que cometen los profesores se realiza en las aulas, oficinas, congresos o prácticas de campo de acuerdo con los testimonios de las agraviadas.

Los docentes que hostigan de forma repetitiva a las estudiantes también utilizan el correo electrónico y las redes sociales para difamar a las alumnas. 

Ivonne Carolina Flores Alcántara, estudiante del posgrado de derecho en la UNAM, vivió este tipo de acoso en 2016 no por un profesor directo, sino por un docente al que apoyaba en casos legales. 

Jaime Cárdenas Gracia, el tutor de Flores Alcántara, le pidió a la alumna que llevara un caso que se relacionaba con su tema de investigación.

El caso trataba respecto al médico Alfredo Jalife-Rahme Barrios, quien también es articulista de La Jornada y profesor en la UNAM. 

“Le empecé a llevar el caso y el señor Jalife me dijo que si yo le pedía dinero para honorarios él me iba a demandar al Conacyt por infringir el reglamento de becas, porque él sabía que yo tenía beca”, afirma Flores Alcántara en entrevista. 

La estudiante empezó a trabajar para Jalife en 2014 y terminó en 2016, pero en el transcurso tuvo que atender otros juicios que lo involucraban.

La estudiante obtuvo una beca para ir a Alemania y decidió renunciar al trabajo que hacía sin ningún tipo de pago para Jalife-Rahme Barrios.

“Este señor me dijo que me iba a hacer mala fama, lo cual cumplió con mucho éxito. En octubre de 2016 comenzó a enviarme mensajes de amenaza de muerte por correo diciendo que iba a poner mi cabeza por las calles de Beirut y me iba a arrastrar”, describe la estudiante. 

Flores Alcantara recuerda que la situación empeoró cuando el profesor empezó a exigirle a Conacyt vía Twitter que le retirara el apoyo económico a la estudiante.

Desde diciembre hasta marzo de 2017, el también médico le pidió al consejo que le quitara la beca a la alumna porque esta era “mercenaria y delincuente”. 

La alumna se dio cuenta que le habían quitado el apoyo de Conacyt el 5 de abril del 2017 y decidió interponer un amparo en contra de este organismo.

Menciona que mediante las pruebas del juicio se dio cuenta que el profesor Jalife había exigido al consejo que le retirara el apoyo mediante una carta firmada por su entonces abogado Eber Abraham Torres Guaida.

La estudiante ganó el amparo al consejo porque no le habían notificado que había un proceso en su contra. 

En la misma fecha, el 5 de abril, la estudiante decidió meter una denuncia en la UNAD y pedir que se aplicara el Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en su situación. 

“Yo ya había hablado con ellos en enero y me dijeron que me esperara, que no hiciera nada, pero cuando me quitaron la beca yo exigí que se activara el protocolo, me levantaron la denuncia y me dijeron que en 20 días tendrían la respuesta”. 

La estudiante asegura que la resolución de su caso llegó el 15 de mayo de 2017. La única respuesta que recibió de la unidad fue que el profesor “era un misógino, pero que no importaba”.

La alumna pidió copias certificadas del fallo de su caso,  pero el personal de UNAD le dijo que sólo tenía derecho a denunciar, pero no a acceder a su expediente.

“En cambio los misóginos tienen todo el derecho de que los defienda un abogado, de una audiencia, pero tú no tienes acceso a nada del expediente”, explica Ivonne Carolina Flores Alcántara.

La alumna no estaba conforme con la respuesta y decidió meter una revisión de su caso en el Tribunal Universitario, pero este organismo le informó que la UNAD ya había dictaminado y que no se podía hacer más al respecto. 

Como última instancia, la estudiante interpuso un amparo en contra de la UNAM para que el profesor dejara de acosarla y amenazarla mediante correo electrónico y redes sociales. 

Flores Alcántara obtuvo una suspensión a su favor en el juicio de  amparo 909/2017.

“… ampara y protege a Ivonne Carolina Flores Alcántara, por propio derecho, contra actos de la Unidad para la Atención y seguimiento de Denuncias dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México”, se lee en la sentencia firmada por el juez Jorge Cristóbal Arredondo Gallegos el 5 de octubre de 2017.

“Vía amparo le ordenan a este señor que por favor deje de estarme atosigando y molestando, pero el señor ha incumplido constantemente porque hasta el año pasado seguía enviándome mensajes en los que me decía “mercenaria y delincuente”. 

La UNAM interpuso un recurso de revisión en un tribunal colegiado en contra de la suspensión conseguida por la alumna, que sigue sin resolverse por parte del tribunal colegiado.

“Este señor le escribió al juez de distrito que yo estaba haciendo todo esto porque yo estaba loca, que era una venganza y abusaba de mi condición de mujer”.

La estudiante señala que el caso está detenido, pero el próximo 3 de abril la UNAM tendrá que presentarse a una audiencia para presentar sus alegatos.

Flores Alcántara mantiene su inconformidad frente a la UNAM por su forma de reaccionar ante situaciones de acoso.

La estudiante señala que la casa de estudios se ha negado vía transparencia a darle información sobre otros casos en los que ha estado involucrado el profesor. 

La intención de la alumna es poder utilizar estos datos como pruebas en su proceso. 

“Esperaría que la UNAM fuera más empática con sus alumnos y que su protocolo no sólo quede como letra muerta, pues  no sirve para nada”. 

La estudiante dice que a través de una solicitud de información que presentó se enteró que la UNAD nunca inició un proceso de denuncia por acoso en contra de Jalife-Rahme Barrios.

Estudios en manos de un acosador

Dora Ascensión Romero Olivera era alumna en el doctorado en geografía hasta que su maestro y tutor decidió que no merecería continuar con sus estudios. 

El profesor José Joel Carrillo Rivera era su tutor de tesis en el Instituto de Geografía de la UNAM, pero desde que comenzaron los asesoramientos académicos se convirtió en su agresor, asegura la estudiante entrevistada por Reporte Indigo. 

Dora Ascensión Romero señala que el hostigamiento se agudizó cuando ella no quiso tener relaciones sexuales con el profesor en un congreso en Roma, Italia.

A partir de ese incidente, el docente empezó a evaluar de forma negativa sus avances de investigación y le pidió más trabajos que a sus compañeros.

Para la alumna, las evaluaciones negativas eran injustificadas y provocaron que fuera dada de baja del doctorado en geografía. 

La mujer dice que el argumento del profesor para su última calificación negativa es que ella participó en un evento académico en Roma sin permiso del tutor, no obstante, este había firmado todo el programa de actividades en la capital italiana.

El programa incluía el evento académico por el que la estudiante habría sido reprimida. 

Romero Olivera señala que el profesor también solicitó al Conacyt que le retirara el apoyo económico.

Explica que Carrillo Rivera argumentó que ella no tenía dedicación exclusiva al posgrado, es decir, que tenía otro trabajo. 

No obstante, la alumna afirma que ella sólo dedicaba su tiempo a las labores académicas. 

La alumna recuerda que denunció al profesor ante la coordinación del posgrado en geografía desde que este la amenazó de evaluar mal su desempeño académico por primera vez en 2015.

María del Carmen Valverde Valverde, quien entonces era coordinadora del posgrado en geografía, le dijo que no tenía que preocuparse por las amenazas del profesor y que era mejor no denunciar su conducta ante ninguna instancia.

La estudiante sostiene que la coordinadora y sus cotutores, Stéphane Robert André Couturier y Marcos Adrián Ortega Guerrero no le permitieron que cambiara de tutor.

“Los primeros que no ponen un alto a un acoso que puede tener consecuencias muy graves son los coordinadores de posgrados y son quienes debería poner un alto para que se respeten los derechos de las alumnas; pero no lo hacen”, explica la estudiante. 

Romero Olivera también solicitó una entrevista con el rector de la UNAM y una audiencia con el Comité Académico, pero nunca recibió respuesta positiva en ninguno de los dos casos. 

Su última instancia fue presentar una denuncia ante la UNAD y pedir que se aplicara el Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en su caso. 

Contrario a lo que la alumna le solicitó a la unidad, ésta le brindó apoyo jurídico a su acosador mediante un abogado y le pidió a la estudiante que no mencionara las amenazas académicas del docente porque no se iban a tomar en cuenta, sin embargo, ella incluyó todos los detalles en el documento.

La estudiante asegura que también adjuntó grabaciones con las amenazas del profesor y oficios en la carpeta de su caso. 

“Pedí asesoría en la defensoría y me dijeron que ellos no asesoran a los alumnos porque sería contra la UNAM, pero sí asesoran a los maestros agresores. El asunto es que no te asesoran, medio te dicen ponle acá, ponle allá y ya. No te informan”, se queja Dora Ascensión.

Romero Olivera afirma que la resolución de su denuncia fue que no procedía porque de acuerdo a su acosador su desempeño como estudiante no era bueno. No obstante, la alumna afirma que cumplió con todos los trabajos que le fueron requeridos. 

La respuesta de la UNAD cita que “la alumna denunciante desde que se encontraba estudiando la licenciatura siempre demostró ser una alumna problemática, ya que en diversas ocasiones ha tenidos problemas con varios académicos por diversas situaciones”.

Agresiones físicas

Sol Pérez Jiménez, estudiante del doctorado en geografía, también denunció violencia de género por parte de dos de sus profesores.

La mujer revela en entrevista que las agresiones afectaron su integridad física y psicológica, pero nunca se violaron sus derechos académicos, a diferencia del caso de Romero Olivera.

Pérez Jiménez comenta que le cuesta trabajo hablar de la agresión física que sufrió por parte del profesor Pedro Sergio Urquijo Torres, quien fue su tutor de tesis durante la licenciatura y cotutor por acuerdo verbal durante el doctorado.

Además, la estudiante relata que durante la licenciatura el profesor se le insinuó y coqueteó con ella.

La alumna se veía atraída por él a los 19 años y respondía a los coqueteos, pero un año después, cuando egresó de la licenciatura, le dijo que sólo le interesaba una relación académica con él porque quería que fuera su tutor en la maestría. 

“No importa si una vez expresaste tu interés por esa persona, desde el momento en que uno dice no, es no y eso se debe respetar. Tampoco tiene que haber agresión alguna por haberte negado a intimar”, publicó la estudiante en Facebook en noviembre de 2016. 

El docente labora en el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA) campus Morelia y coordina el posgrado en Geografía en esta sede. 

La estudiante sólo menciona las consecuencias de la agresión que tuvo lugar en una práctica de campo mientras era profesora adjunta de Urquijo Torres en el tercer semestre del doctorado en 2015.

Moretones, daños en la columna y un fin de semana hospitalizada fueron algunas de las consecuencias del ataque que habría sido realizado por parte del académico.

No obstante, la alumna del doctorado destaca que las repercusiones más graves fueron el trastorno de estrés postraumático y la crisis de salud que provocaron que tuviera un intento de suicidio. 

“Caí en una crisis de salud gravísima que se puede comprobar que fue después del incidente. No sólo fueron los moretones y que estuve con problemas de columna graves, no sólo fue el dolor físico, para mí lo más fuerte y traumático fue el dolor emocional porque efectivamente yo tenía una relación de colaboración con este doctor que fue sin duda fundamental en mi formación académica”, describe Sol Pérez Jiménez. 

Durante sus primeros semestres de doctorado, la alumna no sólo habría sido violentada por Urquijo Torres. 

La mujer señala también al profesor Claudio Garibay Orozco, quien había sido tutor durante los dos niveles de posgrado.

“Él también ejerció fuertes atropellos de violencia de género por sus maltratos despectivos a mi trabajo de investigación y reclamos injustificados”, asegura  Pérez Jiménez.

La estudiante describe que con Garibay Orozco hubo una controversia sobre un artículo sobre minería que iban a publicar juntos.

“Yo tuve el atrevimiento de solicitar ser primera autora puesto que el tema de conflictos mineros lo trabajo desde mi tesis de licenciatura”, recuerda.

Además, de acuerdo con la versión de la estudiante, el profesor se quiso adjudicar una  base de datos nacional sobre conflictos mineros que ella creó como parte de su tesis de licenciatura y maestría. Sin embargo, el profesor lo único que hizo fue pagar mil pesos para abrir una cuenta de Dropbox donde estaba almacenada la información. 

“Ambos asesores no cumplieron a cabalidad sus compromisos como tutores y me faltaron al respeto en múltiples ocasiones”. 

Aunque los profesores la agredieron de diferentes formas, Pérez Jiménez quiere destacar que “al menos actuaron éticamente” en cuanto a lo académico.

La estudiante se dio de baja un semestre después de sentirse agredida por motivos de salud y suspendió su beca de Conacyt por el mismo periodo, pero pudo continuar sus estudios con normalidad después de este lapsus. 

Luego del suceso en 2015, Pérez Jiménez pidió un cambio de cotutor y tutor antes de darse de baja. Como la estudiante ya había tenido conflictos con las únicas dos personas que trabajan su tema de investigación en el CIGA, decidió pedir un cambio para continuar sus estudios en Ciudad Universitaria. 

El director del CIGA, Antonio Vieyra, fue quien la ayudó a agilizar los trámites para cambiar de tutor y de sede.

La única condicionante de Vieyra fue que en su carta de motivos hacia el Comité Académico no señalara las agresiones de los profesores Pedro Sergio Urquijo Torres y Claudio Garibay Orozco; que únicamente mencionara que el cambio se hacía por motivos personales. 

Pérez Jiménez argumenta que no tuvo problemas para conseguir su cambio de tutor y sede debido a que su desempeño académico es impecable. 

Entre sus reconocimientos se puede mencionar que obtuvo la medalla Alfonso Caso por su tesis de maestría en 2014 y fue la primera mención honorífica del Premio internacional a la mejor tesis de maestría en cartografía, geodesia e información geográfica del Instituto Panamericano de Geografía e Historia en 2015. 

La respuesta a la queja fue que su caso no procedió porque no existieron elementos suficientes.

La unidad de denuncias ignoró todos los comprobantes médicos que eran prueba de las agresiones físicas y psicológicas que sufrió. Cuando la estudiante interpuso su denuncia aún no existía el Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género. 

“Se ignoró completamente el hecho de que claramente hubieron faltas de respeto y violaciones a mis derechos como universitaria de desempeñarme en un ambiente libre de violencia de género y, en general, de faltas de respeto en todos sus niveles, siendo la agresión física el más grave en mi caso”.

Juez y parte

De acuerdo al informe del protocolo, cuando la agresión es cometida por un académico, se inicia un procedimiento de investigación administrativa conforme al contrato colectivo de la Asociación Autónoma del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (AAPAUNAM). 

De los 203 agresores que se tienen registrados en la UNAM, 13 no pudieron ser identificados por las víctimas y 14 resultaron personas externas a la universidad.

Es por esto que sólo a 176 agresores se le inició un procedimiento de sanción, de los cuales 49 fueron del personal académico. 

El protocolo reporta 45 procedimientos de investigación administrativa en contra de integrantes de la AAPAUNAM. No se especifica información sobre los cuatro integrantes del personal académico que no forman parte de este organismo. 

De los 45 agresores que integran el AAPAUNAM, sólo 12 terminaron su contrato de trabajo por rescisión, 10 fueron suspendidos, ocho recibieron amonestaciones, cinco renunciaron, uno se jubiló por su propia solicitud, dos están pendientes de que se emita una sanción, uno firmó una carta compromiso, tres están clasificados como exhortos y de otros tres no se encontraron elementos para sancionar. 

Del total de sancionados, esto incluye no sólo personal académico, 28 interpusieron un recurso ante la autoridad que la emitió (recurso de reconsideración) y 23 ante la autoridad revisora (recurso de inconformidad). 

De esos 28 recursos, en dos se revocó la sanción, en uno se confirmó y en dos se modificó: de una rescisión de contrato a una suspensión y de una amonestación a una rescisión de contrato; mientras que los otros 23 recursos se encuentran pendientes de resolución.

Del total de personas sólo una fue sancionada y 27 lograron cambiar su sanción o aún no tienen respuesta. 

Esto demuestra que los agresores académicos son protegidos por AAPAUNAM mediante recursos para revocar las sanciones. “¡Sin importar que hayan violentado los derechos de una estudiante!”, opina Pérez Jiménez. 

Por otra parte, de acuerdo al protocolo de la UNAM, los responsables de sancionar y ver si procede una investigación contra un agresor son sus jefes directos. En el caso de acadé- micos y los tutores de posgrado son los directores de los Centros de Investigación o Institutos donde laboran. 

“Existe un conflicto de intereses porque como directivos están siendo juez y parte puesto que ellos mismos reproducen la violencia de género al revisar nuestros casos”, expresa Sol Pérez Jiménez. 

La estudiante opina que no es justo ni un proceso transparente porque los directores son muchas veces amigos o colegas de los agresores. A partir de esta relación pueden decidir que una denuncia no proceda. 

En el caso de la Coordinación del Posgrado en Geografía y el Comité Académico del posgrado en Geografía de la UNAM, son los mismos agresores quienes juzgan a otros agresores. 

Urquijo Torres, quien violentó físicamente a Sol Pérez Jiménez, forma parte de estos dos organismos de la UNAM.