‘Repara’ Marina con dinero violaciones a derechos humanos

La Secretaría de Marina tuvo que erogar más de 61 millones de pesos durante el periodo 2016-2022, para atender cientos de casos de violación de derechos humanos en los que incurrió su personal. En este tiempo se pagaron en total 241 indemnizaciones para víctimas
Luis Herrera Luis Herrera Publicado el
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Los casos de violación de derechos humanos en los que ha incurrido el personal de la Secretaría de Marina durante los últimos años, han representado un costo millonario para la institución, la cual ha tenido que pagar cientos de indemnizaciones para las víctimas, para cumplir así con la reparación de los daños que les fueron causados.

De acuerdo con los registros que elabora la Unidad de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la Secretaría, obtenidos vía transparencia, en el periodo 2016-2022 tuvo que atender 240 expedientes por violación de derechos humanos de ciudadanos, los cuales ameritaron la erogación de una bolsa total de 61 millones 297 mil 469.20 pesos para la reparación de los daños.

Los registros de la Unidad muestran que, aunque la cantidad total de expedientes atendidos ascendió a 240, estos requirieron el pago de 241 indemnizaciones totales.

“En relación con lo solicitado, en términos de: ‘bajo qué figura legal se realizó el pago’ y ‘si el pago fue ordenado por algún órgano judicial o de derechos humanos’, se comunica que los 240 convenios suscritos por esta Secretaría de Marina se realizaron bajo el rubro de ‘reparación de daño’ como parte de un proceso de conciliación y/o atención a los expedientes de queja o recomendaciones emitidas por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (Recurso de revisión: RRA 21776/22)”, señaló al respecto dicha área de la Secretaría.

La información proporcionada por la Unidad de Promoción y Protección de los Derechos Humanos muestra que, durante el Gobierno del expresidente, Enrique Peña Nieto, la Secretaría tuvo que pagar 110 indemnizaciones por violación de derechos humanos, mismas que representaron una erogación total de 22 millones 654 mil 633.54 pesos.

Por su parte, durante la administración del presidente, Andrés Manuel López Obrador, la dependencia reporta el pago de otras 131 indemnizaciones de esta naturaleza, por un monto total de 38 millones 642 mil 835.66 pesos.

La Secretaría, sin embargo, clasificó como información reservada múltiples datos sobre estos casos de violación de derechos humanos, al considerar que su difusión generaría una afectación para las víctimas.

“Respecto a lo solicitado, en términos de ‘fecha en la que se presentó la lesión o muerte, localidad, municipio, estado donde ocurrió la lesión o muerte’ citada información se considera clasificada como reservada”.

Entre los argumentos que expuso para determinar esta clasificación, se encuentra el siguiente:

“Debido a que los procesos de indemnización de las personas víctimas de violación a sus derechos humanos cometidas por servidores públicos federales; así como las medidas de ayuda inmediata, están sobreexpuestas en los medios de comunicación, tanto nacionales, como regionales y/o locales, aun cuando las cantidades económicas se desvinculen de los nombres, debido a la situación de publicidad y consecuentemente, son vulnerables a la comisión de delitos”.

Años en sombras

Aunque se le solicitó a la Secretaría que informara sobre la totalidad de los pagos que había realizado a víctimas que habían resultado afectadas por su personal, considerando los Gobiernos de Peña Nieto y López Obrador, la dependencia indicó que solo cuenta con esta información a partir del año 2016.

“Se realizó una nueva búsqueda de información en los expedientes que obran en la expresada, con el propósito de localizar información previa a 2016, en este sentido, se informa que no se localizó documental que refiera a los años 2012, 2013, 2014 y 2015”, así lo expuso la Unidad de Promoción y Protección de los Derechos Humanos.

Por lo tanto, y según lo planteado por la Unidad, se carece de esta información sobre los primeros años del Gobierno de Peña Nieto.

Entre las facultades que tiene el titular de la Unidad de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, según el Artículo 18 del Reglamento Interior de la Secretaría de Marina, destacan representar a la persona titular de la Secretaría en asuntos de carácter no jurisdiccional en materia de derechos humanos, derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional humanitario (fracción VI).

También implementar medidas para la atención de las personas afectadas por violaciones a derechos humanos en los que se haya señalado como responsable a personal de la Secretaría.

Derechos y capturas

En el Cuarto Informe Anual de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, se reporta que las labores de capacitación en derechos humanos continúan al interior de la Secretaría, y que sus efectivos han contribuido con la captura de miles de presuntos delincuentes, y de decenas de “blancos prioritarios”.

Ahí se indica que, en coordinación con la CNDH y el Comité Internacional de la Cruz Roja se impartió el curso en línea para prevenir violaciones graves de derechos humanos y temas complementarios en beneficio de 15 mil 070 elementos de la Semar.

También se informa que del 1 de abril de 2022 al 31 de marzo de 2023, la Secretaría alcanzó un acumulado de mil 717 presuntos delincuentes detenidos, y que en coordinación con la Fiscalía General de la República se logró la detención de 21 blancos prioritarios generadores de violencia, ocho de los cuales son considerados de muy alta peligrosidad.

Diversos entes internacionales, sin embargo, le han advertido al Gobierno mexicano sobre los riesgos que implica desplegar las fuerzas armadas para labores de seguridad.

El 9 de septiembre de 2022, por ejemplo, cuando avanzaban las reformas para transferir la Guardia Nacional hacia la Secretaría de la Defensa Nacional (luego revertidas por la Corte), la Alta Comisionada interina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, emitió un comunicado al respecto.

Recordó que, aunque la militarización de las fuerzas de seguridad ha ido aumentando de forma constante en México desde 2006, esto no se ha traducido en una reducción sostenible de la criminalidad, sino que ha provocado un aumento de las denuncias de graves violaciones de los derechos humanos por las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas.

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