En opinión del abogado Efraín García, el ex funcionario fue acusado injustamente al calor del proceso político-electoral que se vivió en el primer semestre de este año
René Jiménez Flores es un chivo expiatorio más del gobierno de Humberto Moreira.
El ex director de Deuda Pública de Estados y Municipios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) lleva nueve meses en el Reclusorio Norte, sin haber cometido algún delito.
Lo acusaron de falsificación de documentos y malos manejos gubernamentales, involucrados con el endeudamiento de Coahuila.
“Yo no tengo qué ver, ni conocí nunca al profesor Moreira”, aclaró en entrevista con Carmen Aristegui en la Primera Emisión de NoticiasMVS.
El Estado de Coahuila, a través de sus funcionarios que manejan las finanzas, falsificaron un Diario Oficial de la entidad donde se les autoriza endeudarse.
Con esta documentación acuden a Banco Santander y Banco del Bajío para obtener créditos.
Coahuila había solicitado alrededor de 20 créditos entre 2009 y 2010, con un monto de entre ocho y 12 mil millones.
Jiménez Flores es acusado de ayudar a funcionarios, a quienes supuestamente les proporcionó información falsa sobre los activos del Estado, lo que califica de “absurdo” porque el registro solo tiene efectos declarativos y estadísticos.
René Jiménez fue director de esa área durante una década. En ese lapso se aprobaron más de 5 mil créditos, y jamás tuvo un problema.
Explicó que parte de su labor era revisar que se cumplieran los requisitos, como una “ventanilla”, y se procedía a registrar las deudas que contrataban Estados y municipios.
A pesar de que era bajo protesta de decir verdad, verificaban todo y en diez años, jamás sucedió nada.
Moreira, como Pilatos
En un clásico road show entre los medios de comunicación, el ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, como Pilatos “se lavó las manos”. Se dijo ajeno a la falsificación de documentos para obtener los créditos y que cuenta con pruebas suficientes, entre ellas una videograbación. En ella, se observa a Sergio Ricardo Fuentes Flores, ex administrador general de Políticas Públicas de la desaparecida SATEC, en el que le revela que falsificó los documentos con los que se contrató la citada deuda.
Recurrirá al amparo
En entrevista con Reporte Indigo, Efraín García, abogado de Jiménez Flores, explicó que se dictó auto de formal prisión por proporcionar datos falsos a Banco del Bajío para obtener un crédito.
El delito está contemplado en el artículo 112, Párrafo Cuatro, Fracción I de la Ley de Instituciones de Crédito.
“No existen elementos de prueba del delito que se le imputa”, advirtió García Ramírez, quien ya solicitó un amparo ante el Tercer Tribunal Unitario y que se revoque el auto de formal prisión.
“Se ha demostrado con pruebas fehacientes que no hay conductas constitutivas de delito en uso de documentación falsa para la obtención de los créditos por 2 mil 100 millones de pesos de Santander y mil millones de Banco del Bajío”.
Incluso, dijo, se ha demostrado que fueron tramitados con un decreto apócrifo del Congreso Local, que fue el documento que se utilizó y no la documentación que se pretende imputar a su representado en el registro de los créditos.
Uno de ellos, concertado con el Banco del Bajío, fue liquidado en su totalidad en julio de 2011, y los demás reestructurados con aprobación del propio Congreso Local.
De acuerdo con la resolución de la magistrada Rocío Santes, no se requirió de sellos ni de su firma como director de Deuda Pública de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SH para otorgar los créditos.
Esa documentación fue presentada por el secretario de Finanzas del gobierno de Coahuila, Héctor Javier Villarreal.
Las cantidades ingresaron a la Tesorería del Estado y se aplicaron en diversas obras públicas de la entidad.
Además, los recursos entregados por los bancos al Estado de Coahuila fueron seis meses antes de la gestión de registro en la Secretaría de Hacienda.
Incluso, para deslindarse de cualquier responsabilidad, el propio René Jiménez presentó en noviembre de 2011 una denuncia ante la PGR, para abrir investigación sobre ese supuesto ilícito, y se sometió de manera voluntaria a tres peritajes sobre su firma, que se validó era falsa.
Aun así, fue detenido el 7 de febrero de 2012 y se le dictó auto de formal prisión, pese a que no se presentó querella de los bancos ni hay agravio en contra de los activos del gobierno del Estado de Coahuila.
En opinión de García, el ex funcionario fue acusado injustamente al calor del proceso político-electoral que se vivió al inicio de este año.
Prueba de ello, acusó, es que una vez pasadas las elecciones se perdió el “interés” por parte de la PGR, a grado que el Juez de Primera Instancia del Juzgado 16 de Distrito determinó declararse incompetente a favor de un juzgado de Saltillo, lo que valida la falta de pruebas acusatorias en contra de Jiménez Flores.
“Esta conducta de prolongar los juicios sin pruebas, es típica de los casos mediáticos o uso de chivos expiatorios”.