El martes 22 de noviembre Reporte Índigo publicó el texto “El doble filo del presupuesto en seguridad” , en el que evidenció los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación que en el Análisis a la Cuenta Pública de 2021 demuestran que más de mil millones de pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) no se sabe en dónde quedaron.
Esto a pesar de que el clamor de entidades y municipios es el de más dinero para invertir en seguridad en sus demarcaciones.
Sobre esta situación, el director de Konrad Adenauer-Stiftung en México, Hans-Hartwig-Blomeier, opina que si hay señalamientos de malversación, en un “federalismo responsable”, también debería de haber consecuencias y sanciones.
“Si se detectan anomalías, que es un eufemismo, porque la malversación de fondos es un delito, amerita que actúen las instancias judiciales. Si se detecta y no se judicializa de poco sirve.
“Un sistema de federalismo responsable debe de tener funcionando todos los elementos para que haya consecuencias si no se hace buen uso de los recursos”, opina el especialista.
Por su parte, Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de la organización México Evalúa, opina que al igual que en otros rubros, existe mucha disparidad en las políticas públicas de transparencia y rendición de cuenta en las distintas entidades y municipios, por lo que es complicado medirlos a todos con el mismo rasero.
“Tenemos niveles muy diversos de desarrollo en los gobiernos. Existe una tremenda disparidad y por eso no podemos pensar en políticas públicas uniformes, lo mismo pasa en la transparencia. Por ejemplo, Nuevo León avanza incluso más rápido que el Gobierno federal y hay municipios que ni siquiera tienen una página de internet para publicar el desglose de la Cuenta Pública, que es lo mínimo necesario para un ejercicio de rendición de cuentas.
“Por eso necesitamos políticas públicas que segmenten de acuerdo a los niveles de capacidad. Políticas de transparencia para gobiernos que ya tienen plataformas y otras para los que no tienen ni siquiera internet en sus gobiernos. Debemos cerrar las reglas del juego para que no haya disparidad. La meta es la misma, pero los jugadores parten de distinta distancia”, concluye.
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