Rehenes del Ajusco

El Gobierno del Distrito Federal se anotó un doble hit. Primero, realizó un operativo de rescate de conservación ecológica y, de paso, amarró una alianza para lo que resta del sexenio.

Se trata de la liberación de más de 60 hectáreas del predio conocido como Zorros-Solidaridad, que se ubica en el Ajusco Medio, y que en los últimos 20 años fue presa de asentamientos irregulares.

Como una medida ejemplar, el GDF –a través de la Secretaría del Medio Ambiente– demolió en dos operaciones efectuadas este mes unas 351 viviendas que han proliferado en los últimos años al margen de la ley.

De acuerdo con la información oficial, la administración saliente de la delegación Tlalpan, a cargo de Higinio Chávez, se encargó de dotar de servicios a los invasores, por lo que habría incurrido en responsabilidades penales.

Por eso, tanto en el gobierno capitalino como las autoridades delegacionales tienen el ánimo de sancionar a los actores involucrados en el daño al medio ambiente.

En teoría, este tema no debería escalar ya que ha sido una práctica común de los perredistas utilizar a “los paracaidistas” como brazo político, pero en la demarcación hay una guerra territorial que abre cualquier posibilidad.

Los actores involucrados en la invasión de suelo de conservación ecológica son el exjefe delegacional, Higinio Chávez, y el ahora diputado local del PRD, Carlos Hernández.

El asunto de fondo es que este grupo “traicionó” a su líder político, René Bejarano, durante la elección de la nueva dirigencia del sol azteca y el intento fallido de arrebatarle la Asamblea Legislativa a Manuel Granados.

Por esa razón, los bejaranistas, que actualmente gobiernan la delegación, no escatimarán en que los presuntos culpables de daños al medio ambiente se enfrenten al peso de la ley.

Y en el GDF cayó como anillo al dedo la idea de iniciar averiguaciones previas en contra de sus nuevos aliados, pues de esta forma los tendrán de su parte sin la preocupación de que regresen a las filas de Bejarano.

Operativos y muebles finos

A lo largo de este mes, la Secretaría del Medio Ambiente (SMA) realizó dos operativos para derribar 351 viviendas edificadas durante los últimos 20 años en suelo de conservación ecológica.

Fueron jornadas largas en la que SMA, la Secretaría de Obras y la de Seguridad Pública liberaron de asentamientos irregulares más de 60 hectáreas del predio  Zorros-Solidaridad.

El saldo, de acuerdo con la titular de Medio Ambiente, Tania Müller, fue de una persona detenida y la demolición de más de 300 viviendas.

“Todavía nos hace falta hacer buena parte de la limpieza, pero el mensaje es contundente de que en esta Administración el suelo de conservación es una prioridad”, dijo a los medios de comunicación.

El operativo fue espectacular. Tanto que ya tenían identificada a la dirigente del movimiento invasor: Enedelia Sánchez Rodríguez,  que está acusada de fraude, por vender predios en suelo de conservación.

Por eso, Tania Müller afirmó que la vivienda irregular de la lideresa también fue demolida. Esta se ubicaba en la Mísperos y tenía dos niveles de construcción, pisos de loseta, chimenea, columnas y muebles finos de madera.

El mensaje del GDF fue tomado con beneplácito por las demás fuerzas políticas con felicitaciones,  y las exigencias de castigo a los promotores de daños al suelo de conservación ecológica fueron una constante. Al respecto, el jefe de gobierno dijo en entrevistas que no permitirá que las áreas de reserva ecológica sean invadidas y exhortó a las personas que han sido desalojadas a denunciar a quienes les vendieron predios irregulares.

La jugada 

En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), el Partido Verde Ecologista de México, vía el diputado Jesús Sesma, presentó un punto de acuerdo la semana pasada. La finalidad, reconocer el trabajo del GDF en pro del medio ambiente.

La corriente bejaranista exigió que la felicitación se extendiera a la jefa delegacional en Tlalpan, Maricela Contreras, que pertenece a esta tribu perredista.

Por eso el documento proponía un reconocimiento para ambos. Y, exhortar a las autoridades a emprender acciones legales contra quien haya cometido un ilícito y contra los servidores públicos involucrados.

En este caso, aplicaría para el entonces delegado Higinio Chávez y para el diputado Carlos Hernández, ya que entonces era el director General de Servicios Urbanos.

Así fue como el GDF decidió dar su aval para que la propuesta de Sesma prosperara, pero sin que la posible denuncia se viera dirigida hacia sus nuevos aliados.

La redacción quedó de la siguiente forma: contra quien jurídicamente resulte responsable, incluidas autoridades federales y locales. 

De acuerdo con fuentes consultadas por este periódico, del lado de Izquierda Democrática Nacional (IDN),  Higinio Chávez y Carlos Hernández ya no tienen su protección y deberán enfrentar sus responsabilidades.

Por su parte, el GDF consideró importante contar con una herramienta para evitar que estos dos perredistas decidan regresar a la corriente bejaranista para negociaciones futuras.

Los puntos débiles 

De acuerdo con la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), a cargo de Miguel Ángel Cancino, los daños al medio ambiente son considerables.

En entrevista con Reporte Indigo, dijo que este es un asunto viejo y que requiere de la participación de todas las autoridades para detener la invasión de zonas verdes protegidas.

Detalló que la autoridad debe hacer valer la ley, pues en el DF hay más de 192 asentamientos irregulares que afectan zonas de recarga y de protección de hábitat.

Pero dentro de las investigaciones que ha hecho la PAOT se detectó que el exjefe delegacional proveía de servicios a los asentamientos irregulares.

Incluso publicó en la Gaceta Oficial del DF un acuerdo por el cual se autorizó dotar de agua potable y pavimentación de calles en la zona de conservación, por lo cual los funcionarios podrían incurrir en una responsabilidad penal.

Es más, los detractores de Higinio y Carlos aseguran que la lideresa acusada de vender los predios tiene una estrecha relación con los presuntos responsables y ya hay presión para que quienes compraron una vivienda en ese terreno denuncien a todos.