Rehabilitación clandestina

Suelen aparecer sin previo aviso y casi en cualquier lugar de las calles de la Ciudad de México. Con letreros luminosos o pintas en los muros exteriores anuncian una solución garantizada a un problema de salud pública. Se trata de los centros de rehabilitación para tratar adicciones.

Cientos de este tipo de lugares operan al interior de la capital del país, algunos están habilitados para albergar personas, mientras que otros atienden sólo por citas. Su fin es asesorar e instruir a miles de personas que acuden a sus instalaciones en busca de combatir el consumo excesivo de alcohol u otras sustancias. Sin embargo, cada vez hay más lugares así en la clandestinidad.

La presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la Asamblea Legislativa (ALDF) de la Ciudad de México, Nora Arias, ha denunciado que el 80 por ciento de los “anexos” y “granjas” en la capital operan fuera de la legalidad y que por ello es importante que los centros se apeguen a las normas clínicas avaladas, además de que deben ser sancionados los centros que operen bajo métodos no certificados.

En entrevista llamó al gobierno de la Ciudad de México a publicar la reforma a la Ley para la Atención Integral de Sustancias Psicoactivas, puesto que ésta fue aprobada por el pleno durante los últimos días de abril del presente año.

Dijo que el objetivo de la reforma a la citada ley, es para meter orden y regular todos los centros de atención a las adiciones que no funcionan al margen de la ley. Adicionalmente, se busca que los que operan con autorización, lo hagan apegados a todos los ordenamientos vigentes.

“Sin embargo, me permito argumentar que sin importar las observaciones que se puedan plantear al dictamen aprobado, es legal, obligatoria e inaplazable su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México”, expresó la diputada del PRD.

Tipos de centros

El Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA) en la Ciudad de México, señala que hasta el pasado mes de julio se tienen contados 274 centros de rehabilitación, de los cuales 234 son de ayuda mutua, 5 profesionales, mientras que los 35 restantes son de ayuda mixta.

Los de ayuda mutua fueron fundados por personas que lograron superar algún tipo de problema de adicción y que emplean su historia de vida para motivar la superación entre sus asistentes. Los pagos de esta clase de sedes suelen ser de cooperación voluntaria.

Los centros mixtos son los que mediante la ‘ayuda mutua’ y el apoyo de profesionales (médicos, psicólogos, psiquiatras, entre otros) brindan tratamientos a través de instalaciones adecuadas y/o adaptadas. Su forma de pago son cuotas establecidas y no tan elevadas.

Los centros profesionales suelen operar las 24 horas, cuentan con todos los servicios e instalaciones pertinentes y su costo es elevado.

Del total de los centros registrados (274), unos 150 cuentan con un registro respaldado por el IAPA, y 57 han obtenido su reconocimiento ante instancias federales.

A pesar de las cifras locales, la Comisión Nacional Contra las Adicciones (CONADIC) registró en su último directorio de establecimientos especializados en el tratamiento de las adicciones -hasta el pasado 16 de agosto- un total de 41 centros de este tipo con sede en la capital del país.

Un caso de éxito

A los 18 años, Daniel estuvo internado en un centro para combatir su adicción al alcoholismo. Cuatro años atrás adquirió el hábito de beber casi a diario hasta que el problema se agravó, al grado de causar molestias.

Con el apoyo de su familia, decidió tratarse de manera voluntaria en una institución 24 horas de la Delegación Tlalpan. “Yo llegué al anexo un día que se celebraba mi cumpleaños a pesar de que tenía mucho miedo e inseguridad, porque todavía cursaba la secundaria, decidí internarme porque ya no quería beber, ya no quería amanecer siempre crudo y ya no quería dar más problemas”, dice.

Aunque algunas terapias fueron fuertes y un par de enfermos llegaron a salirse por no soportar o hartarse del tratamiento, nunca existió maltrato hacia ellos como internos, indica, pero recuerda que llegó a enterarse de casos donde la violencia física y psicológica eran las tablas de algunos centros.

“Otras situación lamentable es que ahí adentro se extraña a la familia, aunque a veces es más la voluntad por querer regresar a la vida y sin depender de una u otra sustancia. Ahí las cosas funcionaban sólo si uno quería, porque entre todos los internos nos apoyábamos, haciendo guardias y los quehaceres de la casa, además que la estancia era voluntaria y el pago también era de aportación libre”, dice.

Problema añejo

La proliferación de centros para combatir las adicciones, ya sean legales o ilegales, se debe principalmente a que la problemática de uso y consumo de sustancias nocivas se mantiene vigente, aún y cuando se trata de un problema añejo, explica Lydia Barragán Torres, jefa del Centro de Prevención en Adicciones ‘Dr. Héctor Ayala Velázquez’ de la Facultad de Psicología de la UNAM.

“En cualquier institución que se trate el problema de consumo de sustancias, es importante que el servicio se apegue a la Norma para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones y también a las que se conocen como Buenas Prácticas, ya que todo ello tiene que ver con estrategias evaluadas y probadas que efectivamente favorezcan un cambio, a través de un trato profesional, digno y ético, donde se respete a la persona”, señala.

Aunque a nivel local y federal existan instancias encargadas de verificar la operación y el funcionamiento de este tipo de centros, dice la especialista, sería necesario que todas las instituciones, tanto públicas como privadas, se sumen a las evaluaciones respectivas, ya que ello no sólo garantizaría un óptimo servicio, sino también atraería un mayor número de usuarios a estas agrupaciones.

“Sin embargo, el mayor resto consiste no sólo en dar respuesta a la incidencia del problema, sino sobre todo a la prevención del mismo mediante estrategias clínicamente comprobadas y de las cuales se lleve un registro de eficacia, con el afán de dar buenos resultados y de mayor calidad”, sostiene la doctora Barragán.

Para evitar una criminalización de las personas que llegan a acudir esta clase de lugares, es importante entender que se trata de un problema de salud pública, ya que padecer una enfermedad relacionada con el consumo de sustancias nocivas no significa ser un delincuente, sostiene.