El gremio reciclador de la Ciudad de México no está regulado a nivel legal ni laboral y su situación no mejora pese a las reformas a la ley capitalina y a las recientes iniciativas presentadas a nivel federal.
El exhorto se hizo como seguimiento de la Recomendación 7/2016 que el órgano emitió en 2016. Ahí se pidió a las 16 delegaciones de la capital, a la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y a la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) atender las carencias en la gestión de residuos sólidos de la capital y las condiciones laborales de los trabajadores de la basura.
En respuesta, en el 2017, la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) hizo reformas a la Ley de Residuos Sólidos en las que se establecía que la disposición final de los residuos era responsabilidad del Estado y se obligaba a los capitalinos a separar la basura.
Sin embargo, el tema laboral no se atendió.
Dentro de los trabajadores voluntarios de la basura se encuentran los recicladores, quienes pertenecen al sector informal de la economía.
Maximiliano Portillo, reciclador de la colonia Santa Cruz Meyehualco, en Iztapalapa, relata que su gremio consta de al menos tres eslabones: los recolectores voluntarios que no perciben un sueldo, los centros de acopio donde clasifican la basura y la reciclan (un trabajo de pepena previo a la llegada al tiradero), y por último las empresas a las que venden sus pacas de plástico PET, papel y cartón.
“Los que menos ganan son los trabajadores voluntarios, ellos nada más van por unos pesos”, señala.
El Colegio de México, en el año 2012, publicó una investigación titulada “El trabajo en la pepena informal en México: nuevas realidades, nuevas desigualdades”, donde menciona que los trabajadores voluntarios de recolección de la basura y pepenadores ganan aproximadamente 49 pesos al día.
En 2014, se hizo otra reforma a la ley local donde se obliga a los centros de acopio de materiales reciclables a tener un plan de manejo de residuos, situación que, afirma Portillo, orilla a muchos pequeños recicladores a operar en la clandestinidad.
“Tener un plan de manejo de residuos es difícil, muchos no tienen esa estructura administrativa para crearlo o supervisarlo, mucha gente se dedica en familia al reciclaje y no tiene los conocimientos para hacer un plan”, señala.
Añade que tramitar una licencia para operar ante la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) es complicado por los requisitos que se solicitan.
“Todo esto (trámites y licencias) significa más trabajo administrativo y muchos negocios no quisieron hacer eso. No tienen la infraestructura ni la mano de obra”, indica.
Ante esto, prolifera la irregularidad en el gremio reciclador.
Lo que provoca que los trabajadores de los centros de acopio no tengan prestaciones de ley como lo es el seguro médico.
No obstante, el reciclador teme que una posible reforma a nivel federal que pretenda regularlos afecte los ingresos de su gremio.
Reforma para regular al gremio reciclador frustrada
El 2 de octubre pasado, la Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
Ahí se tenía contemplado que los municipios tuvieran la facultad del manejo de los desechos de alto contenido calórico para la transformación de basura en energía.
Sin embargo, la Confederación Nacional de Industriales de Metales y Recicladores (CONIMER) salió a protestar masivamente el 10 de octubre acusando que la propuesta del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) pretendía privatizar el manejo de la basura a favor de las empresas que tienen la capacidad de revalorizarla.
La revalorización es el proceso por el cual, la basura se incinera y se genera energía eléctrica.
CONIMER acusó que esta revalorización generalizada de los desechos los dejaba sin la capacidad de competir con empresas, como Ecoce, con la infraestructura para llevar a cabo el proceso de manera industrial.
El reciclador Maximiliano Portillo, quien también es agremiado de la CONIMER, afirma que expresamente, la ley no privatiza la basura. Sin embargo, sí favorecía a las grandes empresas.
“Parecía que las reformas estaban hechas a modo, para que las empresas ganaran y acapararan el negocio de la basura”, menciona.
La reforma fue frenada en el Senado, la Cámara Alta argumentó a finales de octubre que las modificaciones propuestas no contenían las observaciones que realizó a la Cámara de Diputados.
Sin embargo, Milca Judith Calzada Lemus, maestra en Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), afirma que la reforma tenía una intención de regularizar al gremio reciclador de manera integral.
Tanto en el manejo sustentable de los desechos como laboralmente, indica la especialista.
“Los recicladores dueños de los negocios sí se ven afectados, no es que se privatice el negocio, pero si tienen que regularizarse para poder trabajar”, explica.
Los recicladores iban a tener la obligación de entrar al sector formal para realizar actividades de revalorización de la basura, dice.
“Aquí el problema de la regulación federal es que puede ser complicada al igual que las responsabilidades que se adquieren tanto en el manejo de los desechos como laborales”, indica la académica.
Para Calzada Lemus, si los negocios de reciclaje se regularizaban para cumplir la legislación federal, los dueños de los establecimientos tendrían que dar también certidumbre laboral a sus trabajadores al constituirse como empresas.
“La ley también busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores”, señala.
Sin embargo, la iniciativa a nivel federal no pasó y muchos recicladores de la capital y el país, desde el aspecto laboral, siguen en la informalidad.
Agrupación informal
El gremio reciclador consta de al menos tres eslabones
- Los recolectores voluntarios que no perciben un sueldo
- Los centros de acopio donde la basura es clasificada y reciclada (un trabajo de pepena previo a su traslado al tiradero)
- Las empresas a las que venden sus pacas de plástico PET, papel y cartón