Organizaciones de la sociedad civil a favor de despenalizar el consumo de cannabis consideran que la iniciativa aprobada ayer en el Senado de la República continúa promoviendo la discriminación y criminalización hacia esta población en el país.
La Cámara alta aprobó ayer en lo general, con 82 votos a favor, 18 en contra y siete abstenciones, el dictamen referente a la regulación de la mariguana para uso lúdico.
El nuevo dictamen de regulación integral de cannabis, que sustituyó al aprobado en marzo de este año, establece la autorización de posesión de hasta 200 gramos de cannabis para consumo personal.
De acuerdo con el documento, se prohíbe la venta de más de 28 gramos por día a una sola persona, pero se permite la existencia de espacios físicos administrados por asociaciones de autoconsumo que deberán tener permisos
Sin embargo, en cuanto a las sanciones, establece prisión de tres a seis años cuando una persona porte entre 200 gramos y 28 kilos de mariguana sin contar con los permisos necesarios. También señala que cuando se compruebe la intención de venderla o darla de manera gratuita hay penas de 10 meses a tres años de prisión aun cuando no se pueda acreditar que la persona busque comercializarla.
Ante este escenario, el colectivo Regulación Por La Paz expone que, pese a las modificaciones al dictamen, no se tomaron en consideración las voces de las y los legisladores que presentaron reservas ni mucho menos las propuestas de la sociedad civil.
Todavía se mantiene la criminalización administrativa y penal hacia las personas usuarias al imponer multas excesivas, preservar los límites a la posesión simple y exigir requisitos desproporcionados para el consumo y el cultivo con fines personales
“Asimismo, sigue sin aumentarse de 40 a 80 por ciento el monto de licencias para cultivo, modificación necesaria para ampliar el enfoque de justicia social de la regulación”, manifiesta el colectivo a través de un comunicado de prensa.
En entrevista, Jorge Herrera, cofundador del Instituto RIA e integrante del colectivo, declara que una de las deficiencias del proyecto es la falta de regulación con base en una perspectiva de derechos humanos.
“Queremos que se eliminen las multas sobre cuánto cannabis puedes portar (…) si cargas más de una cantidad establecida aún se pueden imponer sanciones administrativas de hasta 20 mil pesos o incluso cárcel de más de 36 horas, esto da pie a que las autoridades, por falta de información, sigan con la extorsión a personas usuarias pues se han presentado casos en que ‘siembran’ unos gramos más y así logren pasarse de lo permitido legalmente”, sentencia Herrera.
Si bien el colectivo aprueba la eliminación del registro y permiso para el autocultivo, Herrera explica que el límite de tener cuatro plantas por persona en su propiedad, no cumple con la exigencia de tener un cultivo libre pues aún se imponen requisitos exagerados e innecesarios que atentan contra el libre desarrollo de la personalidad que apoyó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Sobre quitar la petición del registro reconocemos que fue vital para dejar de ser discriminados pues nadie pide un registro para adquirir otro producto como alcohol o tabaco que también son sustancias psicoactivas, pero el límite de tener cuatro plantas pone a merced a los usuarios de abusos de la policía pues se pueden hacer operativos o cateos para verificar la cantidad de plantas y ese es un punto que por ejemplo, pacientes que usan el cannabis como apoyo medicina para su tratamiento los discrimina pues hay casos en que necesitan más plantas”, puntualiza.
Legislar sin miedo a la cannabis
Herrera califica como positivo que la discusión en torno al cannabis no sea si se tiene o no que regular sino más bien en el cómo, reconoce que es un paso enorme al reconocimiento que la política de prohibición no funciona, pero, afirma que para los representantes en el Poder Legislativo deben legislar sin miedo.
“Creemos que a veces los diputados y senadores legislan desde el estigma y la desinformación, es importante que sepan distinguir entre el cáñamo y la mariguana, que conozcan qué es el cannabis y que también se usa para fines médicos o personales, que hablen con usuarios y cultivadores y así conozcan de primera mano sus perspectivas y necesidades para así librarse de estos prejuicios y tabúes”, comenta.
En entrevista con Reporte Índigo, el senador independiente Emilio Álvarez Icaza, explica que la Cámara alta busca poner a México al día para dejar atrás el prohibicionismo y tener por fin un uso adulto y responsable del cannabis no solo en el aspecto médico y de la industria sino en todas sus aplicaciones.
“El nuevo dictamen tiene puntos buenos como avanzar en pasos de comercialización, hacer un Instituto (Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis) para regular esta actividad, construir asociaciones para los consumidores. Hay quienes piensan que el consumo se relaciona con conductas antisociales y ya se ha demostrado que eso no es cierto”, menciona.
Cuando se compruebe la intención de vender cannabis o darla de manera gratuita habría penas de 10 meses a tres años de prisión
Por su parte, el grupo parlamentario del PAN se manifestó en contra de la legalización pues dijeron que nada bueno le va a traer al país la posibilidad de que existan tiendas en la esquina donde alguien se puede ir a comprar un cigarro de mariguana para drogarse.
En cambio, durante su intervención, el senador panista Gustavo Madero calificó el dictamen como un paso necesario para avanzar a un cambio de paradigma donde el cannabis deje de ser satanizado y se empiece a ver como un tema de salud pública en el que los beneficiarios sean los consumidores y productores. “Urge que dejemos de lado la idea de tener un estado paternalista”, finalizó.
El plazo otorgado por la SCJN para que el Legislativo regule tiene como fecha límite el próximo 15 de diciembre.
