Se solicitó a la Unidad de Fiscalización “fundar y motivar con mayor detalle la improcedencia de las reclasificaciones de gasto planteadas en el dictamen”
La tercera no fue la vencida para la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos (UFRPP) del IFE.
El Consejo General de este organismo le devolvió de nueva cuenta su reporte sobre los gastos de campaña del Proceso Electoral Federal 2011-2012.
El dictamen consolidado y el proyecto de resolución, correspondientes a los informes de gastos de las mil 605 campañas que tuvieron lugar en las pasadas elecciones federales de 2012, fue rechazado por tercera ocasión.
Esta vez por unanimidad, pues se consideró que se debe reclasificar la distribución de los gastos así como clarificar y modificar los criterios de prorrateo utilizados.
Leonardo Valdés, a nombre del consejo que preside, propuso regresar el dictamen, e informó que entre los consejeros electorales hay cinco elementos de coincidencia que tendrá que contemplar el próximo informe de la Unidad de Fiscalización.
El primero se refiere a aplicar “sin excepción, a todas las campañas beneficiadas” los criterios de prorrateo dispuestos en el Artículo 195 del Reglamento de Fiscalización y los derivados del Artículo 177. Esto para honrar el espíritu de un trato equitativo.
El segundo solicita que se distribuya de forma igualitaria entre el número de candidatos beneficiados, los gastos no reportados que favorezcan a más de una campaña electoral.
También se destacó la necesidad de precisar la naturaleza de ciertas erogaciones, como las vinculadas a las conclusiones 33, 56, 62 y 64 del dictamen consolidado.
En el cuarto punto se señaló que, para garantizar el proceso, el dictamen sobre los recursos reportados por el Instituto Electoral del Estado de México se debe turnar a la Unidad de Fiscalización “para iniciar un procedimiento oficioso que determine y, en su caso, cuantifique el gasto de campaña no reportado”.
Como quinta coincidencia se reportó que no son claros los motivos sobre la improcedencia de la reclasificación de gastos de la Coalición Movimiento Progresista, relacionados con la conclusión 92.
Se solicitó a la Unidad de Fiscalización “fundar y motivar con mayor detalle la improcedencia de las reclasificaciones de gasto planteadas en el dictamen”.
Criterios de fiscalización ineficaces
En la sesión de ayer, que duró tres horas, algunos consejeros, en especial representantes de la izquierda y del PAN, adelantaron críticas al polémico informe elaborado por la unidad que encabeza Alfredo Cristalinas Kaulitz.
El consejero Alfredo Figueroa argumentó que la UFRPP partió de un error conceptual que se advierte desde el principio de su informe.
Con él, dijo, validó y naturalizó un ejercicio de gastos donde, como si fuera una sola fuerza política, evalúo a la coalición Compromiso por México, al PRI y al PVEM.
Tal determinación, precisó Figueroa, desnaturalizó el trato igualitario a los contendientes que compitieron por un mismo puesto de elección.
Rogelio Carbajal, representante del PAN ante el IFE, dijo que no hay claridad en los criterios para deducir, y que no fueron aplicados correctamente.
Entre varios puntos destacó “que más de 100 millones de pesos (de la coalición PRI-PVEM) son gastos no reportados porque no se erogaron de las cuentas que debieron abrirse como marca el reglamento”.
El no conocer el origen de esos recursos, precisó, ameritaría una sanción más severa de la UFRPP: “no sancionar de forma contundente es un despropósito para la fiscalización” subrayó.
Ricardo Bermeja, representante de Movimiento Ciudadano, sostuvo que se ha querido hacer pasar “como un asunto de pericia contable” lo que en realidad es un llamado a la impunidad dadas las irregularidades reportadas.
Respaldó lo dicho por Camerino Márquez, representante del PRD, respecto a que el actual modelo de fiscalización fracasó, y dijo que no se va al fondo y solo se busca encubrir al partido en el poder y a sus aliados políticos.
El consejero Lorenzo Córdova fue más lejos en su crítica y tocó un tema de fondo al señalar que las reglas y procedimientos que se han fijado para garantizar la equidad de las contiendas electorales no han sido tan eficaces como en el pasado.
Precisó que las reglas emanadas de la reforma electoral de 2007 terminaron siendo “condescendientes con los partidos políticos en la elaboración y presentación de sus campañas”. Por lo que libremente deciden cómo reportar sus gastos que terminan siendo “estrategias contables” que obran a favor de sus intereses.
