El estado de Jalisco cierra el año 2015 aún como una de las entidades del país con el mayor rezago en la implementación del sistema de justicia penal acusatorio y oral, con todo y haber apalancado el desarrollo de la infraestructura requerida con la contratación de más deuda pública.
En estos momentos Jalisco es el sexto estado con la menor proporción de su población siendo atendida bajo el nuevo sistema de justicia penal, con apenas una quinta parte de sus habitantes conociendo ya los beneficios de este esquema más transparente y expedito, y donde se privilegian las medidas alternativas de resolución de conflictos.
Según las evaluaciones de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec), solo el 20.7 por ciento de todos los jaliscienses (7 millones 844 mil 830) han sido alcanzados hasta ahora por esta reforma que fue aprobada desde el 2008.
Así que las únicas cinco entidades con una situación peor a la de Jalisco son: Sonora, en último lugar, con ningún habitante siendo beneficiario del nuevo sistema de justicia, seguido por Baja California Sur, con apenas el 10.4 por ciento de los suyos; Tamaulipas, con el 17.1 por ciento; Hidalgo, con el 19.7 por ciento y Aguascalientes, con el 19.8 por ciento.
En la otra cara de la moneda, los primeros seis estados con los mejores resultados al tener a la totalidad de su población cubierta por el nuevo sistema son: Yucatán, Nuevo León, Morelos, México, Durango y Chihuahua, según se informó en la X Reunión de Órganos Implementadores de la reforma en Zacatecas en agosto pasado.
A nivel nacional el índice de cobertura del sistema acusatorio y oral es del 60.8 por ciento de los 119 millones 530 mil 753 mexicanos.
Jalisco ha sido superado en la implementación de la reforma incluso por entidades con niveles de pobreza mucho más altos, y con un desarrollo económico menor.
Por ejemplo, Chiapas ya tiene a casi tres cuartas partes de su población con la posibilidad de acceder al nuevo sistema de justicia penal (el 73.2 por ciento), lo que lo hace el séptimo estado más avanzado en esta materia.
Otras entidades como Oaxaca y Guerrero también le ponen el ejemplo a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Jalisco: el primero tiene a más de la mitad de sus habitantes con cobertura en el nuevo sistema (54 por ciento); y el segundo, aun con sus problemas de violencia e inseguridad, lo ha logrado con poco más de una tercera parte (35 por ciento).
Deuda y retraso
La construcción por parte del Gobierno de Jalisco de la infraestructura que requiere el nuevo sistema penal se ha caracterizado por los rezagos en su ejecución, el incumplimiento de los plazos previstos en la planeación y un financiamiento que fue posibilitado con más deuda.
De 12 distritos judiciales en que está dividido el estado, cuatro ya entraron al nuevo sistema: Zapotlán El Grande, Puerto Vallarta, Tepatitlán y Lagos de Moreno, aunque solo el primero sin retraso; el que considera al Área Metropolitana de Guadalajara está fechado para el 5 de febrero de 2016.
De acuerdo con la Setec, de 2010 a 2015 el Gobierno de Jalisco recibió del Gobierno federal 122 millones 233 mil 870 pesos como subsidio para la implementación de la reforma.
No obstante, el 11 de diciembre de 2014 el Gobierno de Jalisco contrató una deuda por 500 millones 379 mil 494 pesos con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), como cupón cero (pagará solo intereses), de los que aún tiene por disponer 326 millones 896 mil 898 pesos.
El 31 de julio de 2013, ya bajo la gestión del gobernador, Aristóteles Sandoval Díaz, el Gobierno estatal le informó a la Setec que el costo total de la implementación del nuevo sistema de justicia en el estado requeriría de una inversión de 407 millones 749 mil siete pesos.
Este monto se desglosaba así:
259 millones 936 mil 508 pesos para infraestructura; 92 millones 875 mil 982 pesos para tecnologías de la información y equipamiento; 24 millones 118 mil 117 pesos para capacitación; 16 millones de pesos para difusión; 6 millones de pesos para seguimiento y evaluación; 4 millones 950 mil pesos para reorganización institucional; 3 millones 318 mil 400 pesos para la normatividad; y 550 mil pesos para la planeación.
En enero de 2014 el rezago estimado de Jalisco por parte de la Setec era aún peor al actual. El 15 de enero de ese año el Consejo de la Judicatura local fue informado por esa instancia que Jalisco ocupaba el último lugar nacional en el Ranking de Evaluación por Indicadores.
En ese momento, por ejemplo, de 11 leyes necesarias en su expedición o con reformas para adoptar el nuevo sistema, Jalisco solo cumplía con una: la Ley de Extinción de Dominio, lo que le daba una calificación de cuatro de 100 puntos.
Su rezago legislativo –luego superado- estaba en su Constitución, las leyes orgánicas de la Procuraduría y Poder Judicial, y las de Defensoría Pública, Justicia para Adolescentes, Atención a Víctimas, Sujetos Protegidos, Seguridad Pública, Medidas Cautelares y el Código Penal.
Reto policial
El 9 de diciembre pasado el Gobierno de Jalisco aseguró que la mitad de los policías en el estado, ya se encuentran capacitados para desarrollar sus funciones dentro de las exigencias del nuevo sistema de justicia penal.
Ruth Gabriela Gallardo Vega, secretaria ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), informó que de los 15 mil nueve oficiales de las fuerzas de seguridad en Jalisco, siete mil 653 ya están capacitados para el nuevo sistema, esto es, el 51 por ciento de ese universo.
La previsión del CESP y el Consejo Implementador del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Jalisco, es que del 4 de enero al 27 de mayo de 2016 se concluya con la capacitación de la otra mitad de los policías, antes de la fecha límite de adopción de la reforma el 18 de junio próximo.
Este programa se desprende del plan estratégico de capacitación policial aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en agosto pasado.
De esos más de 15 mil policías totales, 12 mil 290 están en los cuerpos municipales, y el 57 por ciento de ellos se concentran en las fuerzas de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco de Zúñiga –la metrópoli-; el otro 43 por ciento en los municipios del interior.
Ese universo se complementa con dos mil 719 oficiales de los cuerpos estatales.
Las autoridades dijeron en esa ocasión que los policías no solo tendrán que ser capaces de respetar los derechos humanos y auxiliar a la víctima, también de preservar la escena del delito, y seguir todos los protocolos institucionales como en el uso racional de la fuerza.
En enero de 2014 la Setec estimaba que el avance de Jalisco en la capacitación de los órganos implementadores era de apenas un 12 por ciento, con este desglose:
El Poder Judicial, con un 30 por ciento; la Procuraduría (hoy Fiscalía), 10 por ciento; la Defensoría Pública (Procuraduría Social), 25 por ciento, y la Seguridad Pública (policías) con 5 por ciento.
Aunque el CESP no abordó el ámbito ministerial, este persiste marcado por el uso de la tortura y los malos tratos en sus investigaciones. De 2013 a 2015, en la gestión de Sandoval Díaz, de los 17 mil 911 sujetos consignados por la Fiscalía ante los jueces, fueron liberados 6 mil 354 por haberse tratado de detenciones ilegales, así se informó el 29 de julio de 2015 en la entrega “Detenciones ilegales golpean a la Fiscalía”.
