Ante el desafiante contexto que vive la región, las estrategias de seguridad pública en los distintos estados que componen el Bajío-Occidente se muestran poco homologadas, siendo que algunos gobiernos han buscado distintos métodos para aminorar las actividades delictivas en sus localidades, mientras que otros no parecen encontrar un plan concreto.
A mediados de marzo, el Congreso de San Luis Potosí, aprobó la creación de su Guardia Civil y la Secretaría de Seguridad y Protección Civil a semejanza del modelo federal. Para mayo, los gobiernos de Jalisco y Michoacán firmaron un convenio de coordinación en materia de seguridad para atender esta problemática de manera conjunta.
Guanajuato ha emprendido una estrategia que ha permitido reducir de forma importante los índices delictivos. Sin embargo, en casos como Colima, Nayarit y Zacatecas, la falta de acciones y estrategia por parte de los gobiernos estatales han contribuido a que se agrave la crisis de inseguridad.
Sobre esto, José Antonio Ortega, fundador y presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, comenta que además de las variadas estrategias en materia de seguridad, hay urgencia por que el Gobierno federal también se coordine con las autoridades locales.
“No hay una estrategia nacional, no hay una estrategia regional. Los gobiernos de los estados difícilmente pueden parar a esas milicias privadas de los grupos criminales”
“Hay algunos estados que sí están reaccionando, como Guanajuato, ahí sí están tratando de aplicar la ley, pero evidentemente son rebasados si no tienen el suficiente apoyo de las fuerzas federales”.
Por el contrario, también señala casos alarmantes como la oleada de violencia en Zacatecas, en donde “a pesar de que tiene un gobernador (David Monreal) del mismo partido que el presidente, no ha podido solucionarla”.
José Luis Hernández-Ramírez, candidato a doctor en Seguridad y Ciencia Criminal por la University College London, plantea la necesidad de entablar una estrategia regional, pues fácilmente actos ocurridos en un estado pueden repercutir en otro rápidamente.
“Las agencias de seguridad de los tres niveles están totalmente rebasadas y si a eso le sumas que no parece haber una comunicación adecuada, ni mucho menos una estrategia conjunta, el resultado será que las actividades ilegales y los niveles de violencia seguirán creciendo”, dice el especialista en análisis geoespacial de la incidencia delictiva.
Si bien cada estado requiere atender sus condiciones particulares, “en el caso de la región Bajío-Occidente, estas estrategias conjuntas deberían de ser no sólo una idea más, sino la constante. Máxime cuando el sistema de conectividad comunica de manera rápida y eficiente a las áreas metropolitanas de esta región”.
