"Desde hace año y medio alerté al gabinete de seguridad federal que el CJNG se iba a fortalecer. La información la estuve dando al procurador, le dije que se necesitaba entrar ya"
La distribución de los efectivos de la Policía Federal (PF) y del Ejército en las entidades del país, durante los años de crecimiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), muestra que este estado nunca recibió un aumento de fuerzas federales para evitar que el grupo criminal se volviera tan poderoso.
El tipo y las dimensiones de la organización criminal que se gestaba silenciosamente en Jalisco, y que le estalló en las manos al gobierno estatal del priista Aristóteles Sandoval, habrían pasado desapercibidos también para la Federación, que no envió en su momento los refuerzos necesarios para contener tal expansión.
En 2013 Jalisco contó con uno de los destacamentos de la PF más reducidos en términos relativos.
Fue penúltimo lugar nacional con seis oficiales por cada 100 mil habitantes, dice la Evaluación a la Política Pública de Seguridad Pública de la Auditoría Superior de la Federación.
La PF envió 469 oficiales y 184 patrullas para todo el territorio de Jalisco.
Tan sólo Tonalá, municipio paradigma en finanzas desastrosas, tiene más policías que eso. Así, de 2010 a 2012, mientras el CJNG surgía y se fortalecía, la PF aquí pasó de 515 agentes a 449, una reducción del 13 por ciento.
Ante ello y las insuficiencias de las instituciones locales de seguridad, incapaces unas e infiltradas otras, el CJNG tuvo camino libre.
Por si fuera poco, el gasto federalizado en seguridad pública para Jalisco, dirigido a sus cuerpos estatales y municipales, se redujo un 11 por ciento de 2010 al 2013: de 747 millones 210.7 mil pesos a 664 millones 988.9 mil pesos, según la Evaluación.
Cuando el Gobierno federal inició la Operación Jalisco, el 1 de mayo pasado, se topó con una organización de corte paramilitar capaz de neutralizar aeronaves del Ejército y causarle ocho bajas en un solo ataque (y una más a la PF).
Un año antes, el 12 de mayo de 2014, otros cuatro militares habían muerto en Guachinango en un ataque atribuido al mismo grupo.
No obstante, el despliegue del Ejército en Jalisco tampoco evidencia una variación acorde con la evolución del CJNG. De 2010 al 2012 el número de efectivos se mantuvo en mil 50.
En 2012, último año del gobierno del expresidente Felipe Calderón, Jalisco ocupó el sitio 19 por el número de soldados en operaciones, apenas superior a Querétaro (mil 40) cuyas condiciones de seguridad son mejores.
Los estados con más soldados fueron Chihuahua, 7 mil 552; Tamaulipas, 4 mil 900, y Nuevo León, 3 mil 317.
A partir de 2013, el Ejército dejó de informar su presencia por estado, lo hace solo por región militar.
Ese año, ya bajo la presidencia de Enrique Peña, la V Región de Jalisco fue la penúltima con menos efectivos: mil 79, los cuales se compartían con Colima, Nayarit, Aguascalientes y Zacatecas.
Las tres regiones con más soldados fueron la IV (Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí), 9 mil 888; XII (Michoacán, Guanajuato, Querétaro), 6 mil 550; y IX (Guerrero), 3 mil 605. Hasta 2014 la región de Jalisco aumentó a mil 142 efectivos.
La lejanía
El gobierno de Sandoval ha mandado señales contradictorias sobre el nivel de conocimiento que tenía de la evolución del CJNG.
El 27 de noviembre del 2014, cuando el presidente Peña incluyó a Jalisco en las cuatro entidades con “mayor urgencia de atención” por su inseguridad, con Tamaulipas, Michoacán y Guerrero, el Estado llegó a decir que se trataba de un reconocimiento por sus avances en el mando único.
Tras la emboscada del CJNG donde murieron 15 policías de Fuerza Única, el 6 de abril pasado, que debía ser un cuerpo de élite, el Estado cambió el discurso para señalar que el cártel, en efecto, se había vuelto muy poderoso.
El 27 de abril, el periodista Héctor de Mauleón escribió en El Universal que había tenido acceso a fichas del Estado y su Fiscalía sobre la expansión del CJNG y “según los reportes, la información sobre las actividades del CJNG fue turnada desde hace dos años a la PGR”.
Con los narcobloqueos, Sandoval viró la narrativa hacia una de mayor confrontación con la Federación, exhibiendo diferencias o un alejamiento con el centro, acentuados antes por la injerencia electoral del padre del gobernador, el magistrado Leonel Sandoval.
Dijo en el noticiario de Carlos Loret, el 4 de mayo: “A veces funcionarios que se dicen de alto nivel cuando les preguntamos qué han hecho en Jalisco, te aseguro que no van a tener una respuesta concreta (…) seguramente muchos de estos funcionarios no tienen conocimiento, no apoyaron al estado en su momento”.
El 7 de mayo siguió la escalada, declaró al mismo diario citado que la Federación tardó en intervenir porque los líderes del CJNG “no eran mediáticos”, y que el extitular de la PGR, Jesús Murillo, no actuó por una desavenencia con el fiscal, Luis Carlos Nájera.
“Desde hace año y medio alerté al gabinete de seguridad federal que el CJNG se iba a fortalecer. La información la estuve dando al procurador y le dije que se necesitaba entrar ya (…) toda la información que le daba al procurador, por el problema que tuvo con mi fiscal, la utilizó mal, para estar golpeando al estado y sin hacer nada”, dijo el gobernador.
Último viraje discursivo: el Estado no solo estaba al tanto de la grave amenaza, también la reportó y fue la Federación la que no actuó.
La búsqueda
La Operación Jalisco del Gobierno federal que prioriza al Sur del estado para desarticular al CJNG, zona en la que se ha concentrado, no tendrá las cosas fáciles para dar con su dirigencia.
Las regiones Costa Sur y Sierra de Amula tienen 20 municipios con una superficie de 15 mil 520.9 kilómetros cuadrados.
Y el CJNG dispondrá ahí de una red carretera de mil 205.5 kilómetros para sus traslados; en una de esas vías de Villa Purificación se dio el ataque al helicóptero militar.
El comisionado nacional de seguridad, Monte Rubido, señaló que en el convoy que seguía el helicóptero en esa zona Costa Sur, había “alguien importante dentro de la estructura criminal”, sin poder precisar que fuera Nemesio Oseguera “El Mencho”, su líder.
Se ha señalado que su base de operaciones estaría en El Grullo, donde fue alcalde el diputado federal Gabriel Gómez, plagiado el 22 de septiembre pasado en Jalisco y hallado sin vida en Zacatecas.
Los ayuntamientos sureños poco podrán contra un enemigo de ese poder alojado en sus territorios.
Disponen apenas de 834 policías, y 251 de esos reprobaron las pruebas de confianza: casi un tercio, según la Secretaría General de Gobierno.
En esos municipios gobernados por el PRI-PVEM (11), PAN (6), PRD (2) y MC-PT (uno), se ubican 57 de los policías de “alto riesgo” que calificó el gobernador, el 30 de octubre del 2014, por los perfiles que arrojaron sus pruebas, y que estarían vinculados al crimen organizado.
El lunes pasado el gobernador y el coordinador de la Operación Jalisco, el general de División y comandante de la V Región, Miguel Gustavo González, se reunieron con los alcaldes de esas regiones para mejorar su coordinación, la misión es “erradicar el mal que aqueja al estado”, dijo el primero.
En esas regiones se dieron además 212 desapariciones, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, en su versión del 21 de agosto del 2014; 55 homicidios dolosos en 2014, y un secuestro.
