Refrenda gobierno de Monterrey compromiso con víctimas del Casino Royale

Para transformar a Monterrey en una ciudad segura y en paz, se requiere procurar la verdad y garantizar la no repetición de hechos violentos como el atentado en el “Casino Royale” hace 11 años, manifestó el presidente municipal Luis Donaldo Colosio Riojas, quien dijo que su Administración se mantiene en contacto con los deudos para dar seguimiento a las recomendaciones pertinentes derivadas del caso.

Colosio Riojas reconoció que aún no se hace justicia en este caso, y recordó que su gobierno apoya a las familias para erigir un memorial en honor a los fallecidos en el atentado de aquel 25 de agosto de 2011.

“Hablábamos de cómo en este lapso de 11 años apenas se están sumando otras autoridades a reconocer que sí hubo falta, que las autoridades no estuvieron ahí para realmente asumir también las consecuencias”, puntualizó el edil.

Indicó que este proceso largo, tortuoso por el que ha pasado todo este grupo de familiares de las víctimas, debe también tener una resolución que nos enseñe como comunidad, junto con las autoridades, a no volver a cometer los mismos errores, aprender precisamente de esos errores y fortalecernos en lo institucional, pero sobre todo en lo social, porque al final del día la empatía que debe tener siempre la autoridad hacia la gente debe de mandar en su actuación gubernamental, mencionó.

Adelantó que su Administración apoya a las familias, por lo que trasladarán las cruces que los honraban en el lugar de los hechos al sitio del nuevo monumento.

“El día de hoy lo que estamos haciendo es recoger las cruces que se habían colocado, que en su momento se retiraron sin el consentimiento de los familiares, las estamos recuperando, y junto con ellos, las estamos colocando de manera temporal en el sitio donde estaban”.

En el atentado al “Casino Royale” murieron 52 personas; al siguiente año, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas emitieron la Recomendación 66/2012 que deberían acatar las autoridades de los tres niveles de Gobierno en respuesta a las violaciones de derechos humanos, a fin de cumplir con las medidas de satisfacción y no repetición que reconozcan la dignidad de los inocentes agraviados.