La reforma laboral que trabaja el Congreso mexicano no solo tiene la motivación del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino la presión de los Estados Unidos para aprobarla.
Los demócratas en el Congreso estadounidense han afirmado que no ratificarán el Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) a menos que el país modifique su legislación en materia de trabajo.
Aunque legisladores mexicanos aseguran que la declaración de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, no influirá en el trabajo del legislativo mexicano, lo cierto es que su exigencia comenzó a mover los engranajes del Congreso mexicano.
En su conferencia matutina de ayer, López Obrador declaró que la reforma laboral debe ser aprobada en el Congreso de la Unión con el fin de que no sea reabierta la negociación del T-MEC y apegada a dicho tratado comercial
“Lo hemos expresado abiertamente al sector empresarial, obrero y lo hemos dado a conocer a los legisladores (…) que debe aprobarse una reforma laboral apegada a los acuerdos que se establecieron en el tratado. No queremos que se dé ningún motivo para reabrir las negociaciones del acuerdo”, dijo el jefe del Estado mexicano.
El punto nodal de la reforma laboral que se discutirá en las cámaras de Diputados y Senadores en los próximos días es terminar con las juntas de Conciliación y Arbitraje, tanto a nivel federal y local, y pasarlas al control del Poder Judicial.
Además, se busca fomentar la democracia sindical, así como la transparencia y la rendición de cuentas.
La bancada de Morena ha defendido que se trata de una legislación de avanzada; sin embargo, la oposición se niega a aprobar estos cambios bajo la presión de los Estados Unidos.
A unos días de que concluya el periodo ordinario de sesiones, los legisladores se preparan para discutir la reforma laboral la próxima semana o en un periodo extraordinario para avalarla y poder avanzar en la ratificación del T-MEC.
¿Qué busca la legislación?
La nueva reforma laboral mexicana busca incorporar los principios de acuerdos internacionales que México suscribió en meses recientes.
Se trata de modificaciones a la Ley Federal del Trabajo para cambiar algunos principios relacionados con la vida sindical, la justicia laboral y promover la no discriminación.
La nueva legislación laboral que discutirá el Congreso de la Unión en los próximos días está basada en una iniciativa presentada en enero pasado por la bancada de Morena.
Uno de los ejes rectores de esa nueva legislación plantea la desaparición de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, así como de las juntas locales de Conciliación y Arbitraje.
Hoy día, estas juntas son las que resuelven los conflictos laborales en todo el país; sin embargo, su conformación ha provocado que las resoluciones muchas veces favorezcan a una de las partes.
Las juntas de Conciliación y Arbitraje tienen una integración tripartita, y en su estructura están un representante del gobierno (sea federal o estatal) e igual número de representantes de las empresas y del trabajo.
Estos representantes, acompañados por el participante del gobierno, son quienes resolvían las denuncias contra patrones, empresas y empleados.
La intención del Gobierno federal y de Morena es desaparecer dichas juntas y crear un Tribunal Laboral, que dependa del Poder Judicial. Con ello, la resolución de los conflictos quedaría en manos de jueces y no de los propios representantes de los afectados
“El país requiere que la justicia sea impartida por los órganos del Poder Judicial, otorgando mayor certeza al trabajador en su empleo y salario y evitando los abusos en el supuesto ejercicio de los derechos, como las demandas fraudulentas, que destruyen la pequeña y mediana empresa, o que desalientan la creación de más y mejores empleos.
“En lugar de conducir a un auténtico diálogo social, el tripartismo desembocó en un sistema basado en prácticas de simulación, perdiéndose así un poderoso instrumento para resolver los conflictos obrero-patronales e intersindicales”, argumenta la iniciativa.
La sustitución de las juntas de Conciliación y Arbitraje por un Tribunal Laboral quedó establecida en la reforma constitucional de febrero del 2017; para su puesta en marcha es necesario que quede escrito en la Ley Federal del Trabajo.
Una de las propuestas es que los sindicatos de trabajadores o patrones podrán solicitar a los tribunales laborales la modificación de las condiciones de trabajo que contienen los contratos colectivos o los contratos ley.
Otro punto nodal de la reforma laboral de Morena es el cambio en la organización de los trabajadores, pues se busca que quede prohibido a los patrones y al Estado cualquier tipo de injerencia en los sindicatos de trabajadores.
También quedará establecida la libertad sindical para elegir a sus directivas sindicales, sin la intervención de agentes externos.
“El propósito de dichos cambios y adiciones es dar cumplimiento eficaz al derecho a la democracia representativa previsto tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos, como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y ahora en la propia Constitución Federal, al establecerse que la designación de los representantes obreros deberá realizarse a través de elecciones auténticas, por ser éste el procedimiento que garantiza la libertad y eficacia del voto, así como el respeto integral de los derechos humanos vinculados con la democracia”, expone la iniciativa.
Ahora habrá sanciones en caso de que haya incumplimiento en la rendición de cuentas de las directivas sindicales, para asegurar la transparencia en el manejo de cuotas y finanzas sindicales.
Morena busca también establecer el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que será un organismo descentralizado autónomo para que se registren los sindicatos y los contratos colectivos de trabajo, tanto a nivel federal y local. Este Centro estará facultado también para dirimir conflictos obrero-patronales.
En la discusión sobre la reforma, Morena deberá enfrentar a la oposición que se niega a aprobar estos cambios bajo presión de Estados Unidos
El director general de este Centro será electo por el Senado, de una terna propuesta por el presidente de la República; y su Junta de Gobierno estará integrada por las secretarías del Trabajo, Hacienda, el INEGI, el INAI y el INE.
Estas modificaciones son conocidas en el Congreso como la “Ley Alcalde”, en referencia a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde.
