Reforma Judicial: perspectiva de género y de DDHH, temas ausentes en los Diálogos Nacionales

Capacitación de funcionarios, perspectiva de género y sensibilidad en materia de derechos humanos (DDHH) son algunos de los temas que quedaron fuera de la conversación sobre la reforma constitucional al Poder Judicial en los Diálogos Nacionales organizados por el Congreso de la Unión.

De acuerdo con el reporte de la organización Equis Justicia “Reforma Judicial Feminista: Desmantelar las fábricas de injusticias”, el debate motivado por la iniciativa del Ejecutivo federal requiere profundizar en las carencias del Sistema Judicial mexicano respecto a la procuración y acceso a la justicia en un país donde siete de cada 10 mujeres han sido violentadas, pero una ínfima parte solicitan apoyo institucional.

“Los números son reflejos de una grave realidad estructural, cuando se trata de violencia de pareja, sólo 27 mujeres de cada mil piden ayuda; en el caso de la violencia en la comunidad la situación es aún peor: únicamente ocho de cada mil mujeres piden ayuda. Cuando requieren auxilio las mujeres acuden al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a la Defensoría Pública, a la policía o las autoridades municipales o comunitarias.

“Pero no tienen en su marco de referencia, o aún no se incluye, al Poder Judicial entre las instituciones a las cuales recurrir en estos casos. Esta ausencia judicial en la vida social de las mujeres nos lleva a preguntarnos ¿cómo han cumplido los poderes judiciales con su obligación constitucional de promover derechos?”, plantea la publicación firmada por Fátima Gamboa Estrella.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó en noviembre de 2023, a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que 41.8 por ciento de las mujeres mayores de 15 años refirieron en 2021 haber vivido alguna situación de violencia durante su infancia y 54.6 por ciento dijo haber experimentado alguna situación de violencia en los últimos 12 meses.

“Desde la infancia y adolescencia se evidencia el carácter predominantemente sexual de las manifestaciones de violencia contra las mujeres. Esto fue particularmente visible tanto en los delitos registrados en las averiguaciones previas, investigaciones y carpetas de investigación abiertas por el Ministerio Público como en las situaciones de violencia digital e incluso en los espacios que deberían ser de cuidado total como la familia o aquellos a cargo del Estado, como el proceso penal”, expuso el INEGI.

Los resultados de la Encuesta de Opinión Pública en Vivienda 2022, elaborada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 69.3 por ciento de la población considera que en México el derecho al acceso a la justicia es poco o nada respetado; 29.5 por ciento opina que se respeta bastante o mucho; y 1.2 por ciento no supo o no respondió.

Las deudas institucionales según Equis Justicia

Equis Justicia destaca en su “Reforma Judicial Feminista: Desmantelar las fábricas de injusticias” que cuando las mujeres logran superar los obstáculos materiales para acceder a los tribunales, se enfrentan a un sistema judicial que valida, justifica y reproduce la discriminación y violencia que ellas viven.

“Después de analizar más de 100 sentencias, evidenciamos que estamos ante juezas y jueces que invisibilizan las violencias (47 por ciento), que no protegen a las mujeres (69 por ciento), que no analizan los contextos donde se producen y reproducen las violencias contra las mujeres y ven esta problemática como hechos aislados, no como un problema estructural (80 por ciento). Además, no utilizan la normativa de derechos humanos especializada en violencias de género, sino que se limitan únicamente a referir sus códigos (79 por ciento)”, indica.

Los datos difundidos por la organización tienen el objetivo de rescatar la discusión sobre la Reforma Judicial en problemáticas de acceso a la justicia más allá del enfoque propuesto por los Poderes de la Unión, según dijo en entrevista con Reporte Índigo, Mäissa Hubert, subdirectora del organismo.

“Sentimos que nos perdemos de vista cuáles son muchas de las problemáticas de acceso de justicia para todas las personas en el día a día y que no estamos hablando de soluciones que puedan resolver esa problemática. La idea es recentrar esa problemática en el debate público”, explicó.

Respecto al desarrollo del dictamen que dará pie a la aprobación o descarte de la Reforma Judicial en el Poder Legislativo, Hubert indicó que no se contempla el tema de perspectiva de género, interseccional, ni de derechos humanos.

“Nos preocupa, sobre todo, cuando vemos que una de las medidas más importantes de esta reforma es elegir a las y los jueces, magistrados y ministros vía voto popular, pero tampoco en el perfil que se está planteando para estas personas se está resaltando la necesidad de tener una experiencia con enfoque particular en DDHH. No vemos dónde quedan estas herramientas que son súper importantes en el momento de acercar a cualquier persona a una institución de procuración de justicia en esta reforma”, mencionó.

Como un siguiente paso, luego de que se den a conocer las conclusiones de los Diálogos Nacionales, Equis Justicia propone mantener la apertura a la participación ciudadana proveniente de todas las regiones del país, así como a organizaciones de la sociedad civil, para que todas las personas, independientemente de su contexto, conozcan las propuestas y sean parte de la transformación del acceso a sus derechos.

¿Qué se discutió en los Diálogos Nacionales?

Los foros para discutir la viabilidad de la propuesta de reforma enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Poder Legislativo se realizaron del 27 de junio al 8 de agosto y la invitación se extendió a quienes integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), encabezada, por primera vez en la historia, por una jurista: la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández.

No obstante este logro en materia de paridad de género en el máximo tribunal del país y los índices de inseguridad, discriminación y violencias de género que existen a nivel nacional, el temario propuesto por la Cámara de Diputados para guiar las conversaciones en torno a la Reforma Judicial excluyó del análisis las deudas del Estado mexicano para garantizar a las mujeres y poblaciones vulneradas una vida libre de violencia.

Las temáticas apuntaron a responder y ahondar en “¿Qué Poder Judicial tenemos, ¿qué poder judicial queremos?”; “Conformación y reorganización del Poder Judicial”; “Duración del cargo de jueces, magistrados y ministros”; “Austeridad, fideicomisos y derecho laboral de los trabajadores del Poder Judicial”; “Elegibilidad e idoneidad con garantía de profesionalismo o independencia en la postulación”; “Impartición, procuración de justicia y seguridad pública”; entre otros.

La propuesta presentada por López Obrador tiene como objetivos una nueva integración de la SCJN, elección popular de ministros, magistrados y jueces, sustitución del Consejo de la Judicatura Federal y nuevas reglas procesales.