El asesinato del juez Uriel Villegas junto con su esposa en el estado de Colima desempolvó un debate que se encontraba en el olvido desde el homicidio del juez Vicente Bermúdez, en Metepec, Estado de México, cometido hace cuatro años, la reforma judicial.
Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, propuso discutir figuras como la del “juez sin nombre” con el propósito de mantener el anonimato del juzgador cuando se trate de asuntos delicados como delincuencia organizada o casos de corrupción de altos funcionarios y políticos
Además, aseguró que no se puede postergar más una reforma judicial que permita atajar los altos niveles de inseguridad, la violencia y las cobardes agresiones como la suscitada el pasado 16 de junio.
“El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar la seguridad y la protección de los operadores de justicia. No solo por ser una máxima Constitucional, sino por los compromisos asumidos a través de diversos instrumentos internacionales.
“Debemos de transitar de un sistema de justicia opaco, anacrónico y poco efectivo a uno dinámico, accesible y transparente”, aseguró.
Por su parte, la bancada del PRD en San Lázaro, urgió al Consejo de la Judicatura Federal establecer medidas de seguridad para los juzgadores amenazados y se manifestó a favor de reformas para crear la figura de los jueces sin rostro.
Carlos Matienzo, politólogo por la UNAM y MPA en Seguridad y Resolución de Conflictos por la Universidad de Columbia, opina que esta figura que los legisladores buscan implementar en el país para salvaguardar la integridad de los jueces es positiva, sin embargo asegura que se deben tomar muchas medidas para garantizar su correcto funcionamiento.
El presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, calificó el homicidio del juez Villegas como un crimen de Estado
“Es una medida que me parece se puede explorar. El contra está evidentemente en lado de las víctimas, quienes no conocerían a su juzgador. Sin embargo esto no debería ser una limitante. Más bien se deben determinar protocolos internos para garantizar que los jueces sin rostro actúen con completa objetividad”, comenta.
El especialista en seguridad advierte además que, de llegar a crearse esta figura, se debe tener mucho cuidado de que no se convierta en un espacio de opacidad dentro del Poder Judicial, una situación complicada debido a los problemas de corrupción que incluso el propio Arturo Zaldívar, Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha reconocido que existen en esta materia.
“A partir de mi elección, en el Poder Judicial hemos emprendido un proceso de autoreforma que busca renovar de fondo nuestra identidad y ética institucional.
“Debemos sacar de nuestras filas a los malos servidores públicos, a los corruptos por supuesto, pero también a los mediocres, a los que no están a la altura de la investidura que ostentan así como a los que entienden esa investidura como privilegio y no como servicio”, aseguró en su primer informe de resultados a finales de 2019.
Ejes fundamentales para la reforma judicial
Para poder garantizar la seguridad tanto de los impartidores de justicia como de sus familias, Carlos Matienzo considera que se deben fortalecer las capacidades de todos los eslabones de la procuración y aplicación de la justicia del país de manera integral.
“Se tiene que crear un sistema conjunto de policías de élite, procuradores de justicia y juzgadores designados específicamente para atender el problema del crimen organizado.
“Si esto se logra transversalmente en los tres espacios de la seguridad y la justicia y se evita la corrupción entonces se pueden blindar en un esfuerzo federal y nacional estos espacios”, agrega Matienzo.
Por su parte, José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, considera que lo que se debe hacer para brindar protección a los jueces en una primera instancia es dotar de más recursos al Poder Judicial para que puedan pagar los servicios de protección.
“Los jueces rechazan la protección porque ellos la tienen que pagar. Tienen que poner la gasolina de cada coche o camioneta que los sigue y los viáticos de cada guardaespaldas, lo cual es extremadamente caro. Si eso se les garantizara de oficio sin costo alguno, se evitarían este tipo de crímenes”, asegura.
Golpe al Estado de Derecho
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación calificó el asesinato del juez Villegas como un crimen de Estado, algo con lo que coincide Carlos Matienzo.
En un país con Estado de Derecho puedes esperar bajas de tus fuerzas armadas a la hora de enfrentar al crimen, pero es inaceptable que un juez sea asesinado, pues ellos están más allá de la confrontación física en la lucha contra la delincuencia, su función es la de interpretar las leyes para implementar justicia
“Es un crimen de Estado en el sentido en que trastoca de una manera muy directa el Estado de Derecho del país. Sin duda tiene implicaciones fuertes para el resto de los jueces, ya que es una completa intimidación a todo el Poder Judicial”, afirma.
A pesar de que es debatible la definición de qué es un crimen de Estado, para el especialista en seguridad por la Universidad de Columbia, lo que pretende hacer el Ministro presidente de la SCJN, es visibilizar la gravedad del hecho.
“Me parece que la intención de Zaldívar es prender las alertas y sacarnos de esta normalización de la violencia y de la impunidad en la que vivimos, y mencionar y dar a entender la magnitud de este hecho es el primer paso para atender este tipo de problemas importantes que si no se resuelven pueden tener repercusiones más graves”.
