Reforma judicial de AMLO mantiene en el olvido la paridad de género

En medio de un ambiente ríspido y polarizado avanzan los debates, negociaciones y propuestas para materializar una reforma al Poder Judicial.

Mientras el Gobierno en el poder, sus partidos afines y los de oposición se enfrascan en conflictos y pugnas por temas como la selección de ministros y magistrados a través del voto de la ciudadanía, quedan en el olvido otros aspectos necesarios y urgentes para legislar y que debe de incluir la reforma, como lo son la paridad y la perspectiva de género.

Estos derechos han avanzado al grado de que actualmente y por primera vez en la historia del país se encuentra una mujer al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Lucía Piña Hernández.

Pero aún falta mucho camino por delante, la paridad se debe garantizar no solo en número, también en poder, es decir, deben existir más mujeres en los puestos de toma de decisiones.

La reforma propuesta por el Ejecutivo federal hace unos meses, y que actualmente se está analizando en Parlamento Abierto, no solo no habla de temas como la paridad y la perspectiva de género, mucho menos busca apuntalar y crecer estos derechos, sino todo lo contrario.

Organizaciones desaprueban propuesta presidencial

Especialistas y organizaciones señalan que la reforma propuesta por el Gobierno federal no sólo olvida la paridad de género, sino que incluso podría eliminarla.

“Es una reforma que borra la paridad de género en cuanto a la Constitución respecto al Poder Judicial de la Federación. En este caso, los otros dos poderes (Ejecutivo y Legislativo) tienen la obligación constitucional de la paridad.

“En el caso (de la reforma al Poder Judicial de la Federación) se elimina la necesidad y el requisito de que haya paridad en los nombramientos de ministras, magistrados, jueces y jueces de distrito”, alertó María Emilia Molina, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras.

La declaración la dio luego de que fuera “silenciada” durante una mesa de trabajo de los Diálogos Nacionales para la Reforma al Poder Judicial. Su ponencia se eliminó presuntamente por falta de tiempo y tras incluir de último momento la participación del expresidente de la Corte, Arturo Zaldívar.

“El mismo jueves en la noche nos avisaron por teléfono que no podíamos participar. Que había una orden desde el Senado para que ninguna jueza o magistrada federal pudiera participar en ninguno de los foros”, dijo a Molina a medios.

En el primer foro para analizar la reforma al Poder Judicial, fueron invitados 22 legisladores y juristas varones y 14 mujeres.

Los pendientes legislativos

De acuerdo con la investigación “Paridad de Género en el Poder Judicial”, elaborada por Lorena Vázquez Correa del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, indica que si bien ha habido avances en derechos como la paridad, todavía quedan varios retos pendientes, esto después de la reforma constitucional aprobada por el Congreso de la Unión en 2019 y conocida como “paridad en todo”.

“El documento mostró que hay avances en la aplicación de la reforma constitucional de paridad de género de 2019 en el ámbito judicial, aunque las cifras también reflejan retos para garantizar la integración paritaria de dichos espacios de poder y, por tanto, para lograr la distribución igualitaria del poder entre mujeres y hombres. Por todo lo anterior, se argumenta que es importante vigilar y demandar que no haya retrocesos en esta materia”, señala la investigación.

El estudio también precisa que si bien la iniciativa de reforma del presidente López Obrador no hace referencia alguna a la paridad de género, es obligación de los legisladores cuidar ese derecho.

“Aunque la propuesta presidencial no hace referencia alguna a la paridad de género, la discusión legislativa podría considerar los avances en los nombramientos de ministras, consejeras, magistradas y juezas derivados de la reforma constitucional de 2019, los cuales se insertan en un proyecto político más amplio que consiste en la construcción de la democracia paritaria en México, basado en la distribución igualitaria del poder público y privado, entre mujeres y hombres, y va más allá de una política de gobierno, o de una presidencia del Consejo de la Judicatura Federal”.

De igual forma, el centro de estudios legislativos propone a los legisladores trabajar en otros ámbitos e incluirlos en la reforma al Poder Judicial.

“Pese a los recientes avances en materia de paridad de género, persisten dos grandes retos que enfrentan las mujeres en relación con el Poder Judicial. Éstos son garantizar la impartición de justicia con perspectiva de género y las dificultades que enfrentan las mujeres para acceder a la justicia, especialmente cuando viven en comunidades alejadas de los juzgados, realizan tareas de cuidados y desconocen los medios jurisdiccionales que ofrece el Poder Judicial”, concluye el estudio.