Kenneth Smith Ramos, jefe de la negociación técnica de México para el T-MEC y Ana López Mestre, directora de American Chamber of Commerce of México, advirtieron que México sufrirá represalias comerciales y demandas multimillonarias si se aprueba en sus términos la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Al participar en el foro Marco Constitucional y legal de la iniciativa de reforma eléctrica organizado por la Cámara de Diputados, ambos especialistas afirmaron que la propuesta del Ejecutivo federal es violatoria del T-MEC.
Coincidieron en que su redacción actual afectará la confianza de los inversionistas, además de que se contrapone a los compromisos que México ya adquirió con sus socios comerciales.
Smith Ramos, negociador de los dos tratados comerciales entre México, Estados Unidos y Canadá, indicó que cualquier cambio a la Constitución, a leyes secundarias o reglamentos técnicos tienen que ser compatibles con los compromisos del T-MEC.
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Manifestó que la iniciativa de reforma eléctrica afecta en la inversión extranjera en la exclusividad del Estado a todo el sector energético, le da a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la capacidad de ser juez y parte al tener el control del 54 por ciento del mercado, se cancela los permisos de generación existente y la cancelación de certificados de energías limpias (CELs).
“Si México no solicitó excepciones específicas adicionales a las que vienen en el tratado, entonces no se puede acotar el espacio para que el sector privado participe en actividades productivas en el sector eléctrico”, expuso
Smith Ramos destacó que el comercio entre México y Estados Unidos representa 600 mil millones de dólares.
Recordó que la administración de López Obrador participó activamente y concluyó la negociación del T-MEC y posteriormente el Senado con la mayoría de Morena aprobó el tratado de manera arrolladora.
“Hay que ser muy claros desde un inicio: la reforma como está redactada es violatoria del T-MEC y podría resultar en represalias comerciales y demandas multimillonarias”, advirtió.
Este es un tema clave cuando hablamos del impacto de la #ReformaElectrica en la competitividad de #México. La tendencia mundial es migrar hacia las energías renovables, y las #exportaciones producidas con base en energía sucia serán castigadas con impuestos por huella de #carbono https://t.co/Bm0AwDneyu
— Kenneth Smith Ramos (@KenSmithramos) February 8, 2022
Por su parte, la directora de American Chamber of Commerce of México, Ana López Mestre, señaló que actualmente uno de cada 3 pesos de inversión extranjera del sector energético viene de Estados Unidos, siendo el principal socio comercial del país.
“La reforma cancela, antes de su vencimiento, permisos y contratos, sobre los cuales se hicieron inversiones muy importantes, esto no solo genera desconfianza entre los inversionistas, sino que afecta legalmente los derechos de las partes”, señaló.
Manifestó que la reforma contraviene el principio de trato no discriminatorio entre empresas del Estado y el resto del mercado, cancela contratos y cambia las reglas establecidas, lo que en términos del tratado constituye una expropiación indirecta.
Al hablar a favor de la reforma eléctrica, Raúl Jiménez Vázquez, abogado general de la CFE, expresó que la reforma energética de 2013 es un proyecto fallido e insostenible ya que no garantiza la continuidad del servicio eléctrico nacional.
Dijo que la reforma del sexenio de Enrique Peña Nieto es entreguista, ya que no preserva la seguridad ni la autosuficiencia energética, ni garantiza el abastecimiento de la electricidad a toda la población.
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Por ello, se pronunció porque la iniciativa impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador quede tal cual y no se le realicen cambios.
También advirtió que se corre el peligro inminente de una catástrofe eléctrica como la que experimenta España, donde prevalece un sistema eléctrico privatizado.
Aseguró que de ninguna manera la iniciativa propuesta contraviene el tratado de libre comercio, T-MEC, y sí respeta estas normas suscritas por el Gobierno de México.
Mientras, Almudena Otero de la Vega, abogada del departamento de Arbitraje de CFE, sostuvo que la iniciativa presidencial no tiene efectos discriminatorios, ni favorece inversiones de un país en particular, por lo que los inversionistas están en las mismas circunstancias para generar electricidad en el sector independientemente de su nacionalidad.
“Los inversionistas extranjeros cuentan con las mismas oportunidades de generar electricidad y competir en el mercado que los inversionistas privados mexicanos. Ambos están en circunstancias similares para competir en el 46 por ciento de inversión privada, y se le aplicará el mismo marco jurídico”, dijo.
Además, aseguró que con la reforma del Ejecutivo, México cumplirá con el 35 por ciento en la generación de energías limpias.