El presidente López Obrador anunció que enviará una iniciativa de reforma electoral para, entre otras cosas, asegurar la actuación independiente de las autoridades electorales frente a los grupos de interés, disminuir el costo de las elecciones y eliminar legisladores plurinominales en el Congreso de la Unión.
Sin embargo, ante la dificultad de alcanzar consensos en estos temas, la LXV Legislatura podría avanzar en rubros como la paridad de género, la adopción del voto electrónico y la representación política de los migrantes, señala el investigador César Alejandro Giles Navarro, de la Dirección General de Difusión y Publicaciones del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República.
Refiere que, de cara a la próxima reforma político-electoral, es indispensable tener claridad sobre los problemas que se buscan resolver y los objetivos que se persiguen al modificar el marco constitucional y legal que regula la organización política y la competencia por el poder en nuestro país.
En su estudio titulado “Elementos para el debate de la reforma político-electoral”, revela que en ambas Cámaras del Congreso se han presentado hasta el momento más de 453 iniciativas en la materia.
De ellas sobresalen tres planteamientos: La profundización de la paridad de género; el fortalecimiento de los mecanismos de democracia directa, particularmente la consulta popular; y la reducción del financiamiento público de los partidos políticos.
Giles Navarro considera que estas iniciativas merecen ser analizadas con la mayor responsabilidad para identificar sus ventajas y desventajas, pero sobre todo para advertir sobre sus consecuencias en el desarrollo político nacional.
En ese sentido, César Alejandro Giles resalta que la adopción del principio de representación proporcional en el Poder Legislativo, la conformación de un sistema de partidos y la creación de un órgano electoral dotado de autonomía, fueron eslabones de un largo y complejo proceso de apertura y democratización del Estado mexicano.
Por ello, la desaparición de las diputaciones y senadurías plurinominales y la reducción del presupuesto a partidos, aunque parezcan medidas atractivas en un contexto de polarización y desencanto democrático, deben ser analizadas rigurosamente, procurando no caer en terrenos riesgosos para la institucionalidad democrática que tanto tiempo y esfuerzo ha costado construir en México.
El investigador del IBD subraya que, ante la dificultad de alcanzar consensos en torno a las cuestiones que generan posturas políticas encontradas, la LXV Legislatura podría avanzar en temas menos espinosos, entre ellos, la adopción del voto electrónico, la reglamentación de la reelección legislativa, la representación de las personas migrantes, la flexibilización del modelo de comunicación política, entre otros temas que podrían dar forma a la siguiente reforma político-electoral.
