En medio del debate, la polémica y la politización por la reforma electoral del presidente a los legisladores y actores políticos se les escapan de los reflectores varios temas de suma importancia para garantizar el derecho a votar y ser votado.
El primero de ellos es la orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que las personas en prisión preventiva puedan participar en los comicios, una deuda que tiene el Instituto Nacional Electoral (INE) desde el 2019.
Otro punto medular en el que deberían de estar trabajando en el Legislativo federal son las iniciativas para impulsar más acciones afirmativas y que así más grupos vulnerables sean incluidos en el Congreso de la Unión.
Como pendientes también están el impulso al voto en el extranjero y la implementación del voto electrónico.
Entre este mar de temas que deberían ser prioritarios, el Ejecutivo y sus aliados se han enfrascado en una batalla frontal contra los partidos de oposición utilizando al INE como su rehén.
Mientras el remiendo de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador avanza, se vislumbran en un futuro cercano más conflictos por el tema, ya que es muy probable que de cara a los próximos comicios la discusión llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por su parte, el Plan B del presidente, mediante el cual busca reformar leyes secundarias en materia electoral, ya ocasionó encono con varios de sus partidos aliados y evidenció una fractura interna en Morena con el grupo del senador Ricardo Monreal
Estamos lejos de que el Ejecutivo, Legislativo y partidos políticos se unan para impulsar una reforma de gran calado que fortalezca los derechos políticos-electorales de la ciudadanía.
Al contrario, es muy probable que el INE y la democracia se sigan utilizando como botín político.
Las grandes deudas que debe cubrir la reforma electoral
El 20 de febrero del 2019 la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconoció el derecho al voto activo de las personas en prisión preventiva (PPP), ya que se encuentran amparadas bajo la presunción de inocencia.
Después de esta sentencia, ordenó al Instituto Nacional Electoral diseñar e implementar una etapa de prueba en el proceso electoral federal 2020-2021 para que dicho derecho pueda ser garantizado en las elecciones de 2024.
A más de tres años de distancia de la sentencia y, a menos de dos de los comicios de 2024, todavía no contamos con un marco normativo que regule el modelo de votación en los centros penitenciarios.
Al respecto, el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, considera en su análisis “Modelos de votación electoral para las personas en prisión preventiva: países seleccionados” que el INE debe garantizar el voto para estas personas para el 2024.
“El modelo de votación elaborado por el INE para el voto de las PPP sólo reguló la prueba piloto para el proceso electoral federal 2020-2021. Empero, para las elecciones del año 2024 y subsecuentes, aún no se cuenta con un modelo de votación general o marco normativo para su elaboración”
Además, el Instituto Belisario Domínguez recomienda al INE incluir a las personas en prisión preventiva en cualquier consulta popular que se realice en el país, elaborar un reglamento de voto, involucrar a juntas distritales y a organismos públicos para garantizar el derecho y capacitar y sensibilizar al personal del INE y penitenciario sobre este nuevo sistema.
También pide garantizar el acceso a la información y contemplar la figura de observadores electorales para dar fe del ejercicio en todos los centros estatales y federales y que sean capaces de reportar irregularidades.
Sobre esta situación, la consejera electoral Carla Humphrey, anunció que los comicios del próximo año en Coahuila y el Estado de México servirán como laboratorio para 2024.
“Estos son dos procesos electorales muy importantes. En ellos estamos enfocados como institución ya que representan grandes retos, como el voto de personas en prisión preventiva que se implementará en todos los centros penitenciarios de la entidad, la prueba piloto de voto electrónico o el voto presencial de residentes en el extranjero en cuatro consulados”, dijo sin dar más detalles de lo que ocurrirá en los próximos comicios.
Las acciones afirmativas son otro de los temas pendientes que se deben de blindar desde lo Legislativo y lo electoral, señala el IBD en el estudio “Iniciativas para legislar sobre acciones afirmativas para la inclusión de grupos vulnerables en el Congreso de la Unión”.
“Se debe legislar para establecer que la aplicación de acciones afirmativas para grupos vulnerables sea obligatoria en cada proceso electoral, a fin de que no dependa de la voluntad y acuerdos de las autoridades electorales, así como de impugnaciones de partidos políticos y resoluciones de tribunales electorales en una cadena impugnativa, de acuerdo con la exposición de motivos de las iniciativas analizadas”, señala el documento.
El estudio además solicita reformas a la Constitución, a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General de Partidos Políticos para que las acciones afirmativas también apliquen para postulaciones de senadurías y se aplique para otros grupos en situación de vulnerabilidad como las personas jóvenes.
Te puede interesar:
Plan B genera una reforma de contrastes
