Titulares de los tribunales laborales federales y colegiados de circuito especializados en materia de trabajo y plenos regionales Centro-Sur, integrantes del Poder Judicial Federal, entregaron a la Cámara de Diputados un manifiesto en el que expresan su desacuerdo con la iniciativa de reforma judicial en los términos presentados por el titular del Ejecutivo Federal, yaa que incumple distintos compromisos adquiridos por nuestra nación con motivo del Tratado de Libre Comercio celebrado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Advirtieron que esta reforma, a la que ya se le dio publicidad en el pleno, amenazaría la histórica relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá; un Estado de derecho débil puede aumentar los costos y la incertidumbre en el mantenimiento y ejecución de los compromisos internacionales. Asimismo, se pone en peligro la seguridad nacional pues es muy probable que con esta reforma se permita al crimen organizado irrumpir en el Poder Judicial de la Federación.
Recuerdan relación entre México y EU
En el manifiesto, indicaron que Estados Unidos es el principal socio comercial de México. A su vez, nuestro país se ha consolidado como un aliado económico importante para el vecino del norte; incluso, durante el primer trimestre de 2024, se colocó como uno de sus principales socios comerciales.
El T-MEC coexiste y, en algunos casos, interactúa con otros instrumentos del derecho internacional público, incluidos tratados bilaterales, acuerdos multilaterales (como los de la Organización Mundial del Comercio) y otros acuerdos regionales de comercio.
Recordaron que el 28 de agosto de 2018, se concretó un preacuerdo trilateral entre dichos países a través de sus mandatarios, el cual se materializó bajo el mandato del presidente López Obrador el 30 de noviembre siguiente con la firma del referido tratado.
Enfatizan compromisos de México en el T-MEC
En ese tenor, en el anexo 23-A del propio instrumento internacional, México se comprometió a implementar las acciones necesarias para adecuar las legislaciones correspondientes antes del 1° de enero de 2019, con la finalidad de garantizar y mantener tribunales laborales independientes e imparciales; asimismo, se comprometió al gobierno entrante (mandato presidencial de Andrés Manuel López Obrador) a la observación y cumplimiento de dicho tratado.
De ese modo, los compromisos asumidos por México adquirieron especial relevancia en el proceso legislativo del decreto de reformas a distintas leyes federales, con el objeto de reglamentar la reforma constitucional en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva.
Asimismo, destacaron que de acuerdo con el Reporte T-MEC, otros compromisos asumidos en materia laboral son:
- Garantizar la transición a la democracia sindical efectiva, mediante la introducción de transparencia en la elección de líderes sindicales y la rendición de cuentas sobre las actividades de los sindicatos.
- La erradicación de los llamados “contratos de protección”, firmados sin consentimiento de los trabajadores; 3. La garantía de una negociación colectiva efectiva, en la cual los contratos colectivos y sus revisiones serán aprobados por la mayoría de los trabajadores, a través de un voto personal, libre, directo y secreto.
Por todo ello subrayaron que la iniciativa de reforma judicial presentada por el titular del Poder Ejecutivo, al pretender establecer la elección en las urnas de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, violenta e incumple el anexo 23 del T-MEC.
Advirtieron que la reforma judicial provocará un retraso considerable en la profesionalización de la impartición de justicia especializada, como lo es la laboral, más aún cuando se está en la implementación del “nuevo sistema de justicia laboral” que inició en 2019.
“Es innegable que la elección de juzgadores por voto popular no abonaría al estado de derecho ni fortalecería el Poder Judicial, y en cambio amenazaría la histórica relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá; un Estado de derecho débil puede aumentar los costos y la incertidumbre en el mantenimiento y ejecución de los compromisos internacionales, asimismo, se pone en peligro la seguridad nacional pues es muy probable que con esta reforma se permita al crimen organizado irrumpir en el Poder Judicial de la Federación.
Por todo ello, nuevamente hicieron un llamado a las fuerzas políticas para buscar en conjunto otras alternativas de reforma que permitan continuar el progreso democrático y económico de la nación.
