Además de supervisar la calidad de los combustibles, con la nueva reforma a la Ley de Hidrocarburos, la CRE tendrá mayor poder. La Comisión podrá decidir qué empresa se queda y a cuál se le retira el permiso para almacenar, transportar o vender combustible.
Aunado a las pérdidas económicas y a la incertidumbre generada para los inversionistas, especialistas y políticos opositores alertaron que la reforma provocaría un aumento en los precios y desabasto de gasolina, tal y como ocurrió a principios de 2019 durante la ofensiva contra el huachicoleo.
Al respecto, Miguel Acosta Valverde, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, advierte que la reforma además de restringir la libre competencia, promueve la expropiación indirecta de la infraestructura privada, permitiendo que Pemex o la CFE ocupen y operen las instalaciones privadas, en el caso de que los permisos queden revocados cuando la autoridad determine que se atenta contra a la seguridad nacional, la seguridad energética o la economía nacional.
“Es una legislación totalmente discrecional, es decir, los términos de seguridad energética y emergencia económica no están bien definidos. La ley debería mencionar claramente cuándo se cae en un supuesto o el otro, pero en este caso no es así”.
El académico señala que la contrarreforma busca que Pemex se convierta en el único jugador dentro del sistema energético, sin considerar la poca capacidad operativa y administrativa de la empresa productiva del Estado.
“Están buscando sacar a flote una empresa que ya técnicamente está quebrada. Pemex ha sido incapaz de mantenerse a sí misma y satisfacer la demanda de combustibles de los mexicanos”.
Incluso, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), recomendó al Congreso no aprobar esta iniciativa de reforma, argumentando que, en caso de entrar en vigor, podría traer grandes consecuencias a la economía de todos los mexicanos, puesto que aumentarían los precios de los combustibles y los productos derivados, en un momento en el que el ingreso laboral real cayó en 2.5 por ciento en el último año.
En entrevista, la economista investigadora del colectivo México ¿Cómo vamos?, Adriana García, opina que la reforma es contraria al interés de los mexicanos.
“Vamos a enfrentarnos a una menor oferta de productos de hidrocarburos, lo que puede incrementar su precio”.
También destaca que la reforma enviada por el Ejecutivo sobre la Industria Eléctrica afecta para atraer inversión a México, que en enero de 2021 acumuló dos años consecutivos con caídas anuales.
“Si siguen proponiendo leyes o reformas que debilitan el Estado de Derecho para futuras inversiones que se pudieran realizar en el país, los mexicanos salimos afectados, porque para recuperarnos de la crisis provocada por la pandemia se necesita inversión y empleo”.
