La salida de Alfonso Durazo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) es fundamental para los trabajos entre México y Estados Unidos.
“Quien esté ahí será el único civil dentro de la estructura de seguridad y va a tener, por lo menos hasta cierto punto, una incidencia en la actuación de la Guardia Nacional. Eso es lo que le interesa a Estados Unidos, ahí le interesaría influir”, afirma Armando Rodríguez Luna, integrante del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede).
El especialista asegura que no hay que dejar de lado que la DEA incide en los países ya que recopila información que después se convierte en inteligencia para el uso del Gobierno de EEUU.
“Para la DEA esa información es fundamental y cuando se trata de hablar de la delincuencia organizada implica que esa información le da conocimiento, no pruebas necesariamente, pero sí conocimiento de las redes que tejen los grupos criminales con sectores políticos, empresariales, sociales y demás.
“Además de que esa información se convierte en un instrumento de presión política de manera pragmática por parte del Gobierno de Estados Unidos cuando lo requiera”, afirma.
Prueba de ello son los últimos casos de delincuentes que están declarando en Estados Unidos sobre asuntos de corrupción en México.
“Me parece que este ha sido el caso, por ejemplo, con las audiencias y los juicios al hijo de “El Mayo” Zambada, a “El Chapo” Guzmán, a Genaro García Luna, a Édgar Veytia. Todos son actores fundamentales para conocer cuáles son las redes de corrupción en el país. Por supuesto que este tipo de información que tiene Estados Unidos es influyente en la vida política de México”, comenta el también director de Proyectos en la División de Seguridad e Inteligencia de Strategic Affairs.
“El mando en las secretarías de Marina y Defensa no va a cambiar. Eso nunca pasa. Son de los únicos secretarios de Estado que mantienen su posición durante todos los sexenios. Pero sí es importante qué va a pasar con la Guardia Nacional y con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”.
El viernes pasado, durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario Alfonso Durazo dijo que era el último informe que presentaba. El político sonorense busca la gubernatura de su estado.
Recibimos un país oliendo a pólvora, que no se nos olvide, con cientos de miles muertos, miles de desaparecidos. Recibimos el país en materia de seguridad en el peor escenario posible
“No podíamos fingir que sería fácil enfrentar o resolver el problema y tenemos que aceptar que no podemos fingir que el problema es sencillo, así es que tampoco podíamos dedicarnos a administrar el caos que habíamos heredado”, mencionó Alfonso Durazo.
Menos recursos para seguridad con salida de Durazo
Desde la solicitud de presupuesto de Trump para el año fiscal 2018, el primer mandatario sugirió reducir la asistencia de Estados Unidos a México mientras se cambia hacia una estrategia más orientada a la seguridad.
La administración solicitó una reducción a 85 millones de dólares en asistencia para la Iniciativa Mérida en el año fiscal 2018, un 38.8 por ciento menos que el año anterior.
Los estadounidenses autorizaron asistencia técnica integral para apoyar la transición efectiva al nuevo sistema de justicia penal, el fortalecimiento del marco legal; mejorar la capacidad y coordinación de fiscalías y jueces y apoyar la asistencia a las víctimas y el acceso a la justicia, en particular para las mujeres, entre otros.
La mayoría de los expertos coinciden en que México sigue necesitando apoyo internacional para abordar la reforma y la violencia relacionada con el crimen organizado
Este organismo considera que la retórica de Donald Trump y la solicitud presupuestaria parecen priorizar la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales y abordar los desafíos migratorios compartidos, aunque con mucho menos apoyo estadounidense que en años anteriores.
La Iniciativa Mérida, de acuerdo con el informe, ha seguido avanzando, aunque lentamente, a pesar de los cambios en las administraciones y el control partidista en ambos países. La organización considera que ha habido apoyo tanto en el Congreso de Estados Unidos como en el mexicano y, aunque el financiamiento ha disminuido, los resultados han sido persistentes.
