"Lo grave es la posición omisa que tienen los institutos electorales frente a esta situación (…) se escamotean tranquilamente y dejan que circulen dentro de las redes"
"Hay quien puede aprovechar estos vacíos legales y la coyuntura de la tecnología para sacar provecho de su imagen, o para golpear a algún partido político o para golpear a figuras de otro partido político"
"En la propaganda política o electoral (…) deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las instituciones, a los propios partidos, o a las personas"
La reforma electoral del sexenio del presidente Felipe Calderón prohibió la realización de spots en radio y televisión que “denigren o calumnien a instituciones, partidos políticos o personas”, pero los vacíos legales, de cara a los comicios del 2015, han sido aprovechados en las plataformas digitales de Internet, que sirven como nicho de descalificativos y “guerra sucia”, lejos de los ojos de los árbitros electorales.
El 8 de julio pasado fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco la reforma político-electoral local. Aunque para el estado se definió que la “guerra sucia” es causa de nulidad de una elección, los organismos vigilantes de las próximas elecciones han quedado inhabilitados para sancionar en la materia.
“En la propaganda política o electoral (…) deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las instituciones, a los propios partidos, o a las personas. El Consejo General del Instituto Electoral está facultado para solicitar al Instituto Nacional Electoral (INE), ordene la suspensión inmediata de los mensajes en radio o televisión contrarios a esta norma”.
Así lo señala la fracción segunda del artículo 260 del decreto oficial de reforma político-electoral hecho al Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
Pese a que la misma fracción también detalla que “en el caso de propaganda que se difunda en medios distintos a radio y televisión, ordenará el retiro de cualquier otra propaganda”, los propios consejeros del INE han advertido la necesidad de poner atención a las plataformas de Internet durante los procesos electorales.
“Desde mi punto de vista, en esta reforma debió ya haberse incluido o introducido esa actividad”, señaló el 26 de agosto del 2014 al diario El Universal, la consejera presidenta de la Comisión de Quejas del INE, Beatriz Eugenia Galindo Centeno, en relación con la propuesta electoral a nivel nacional.
“Definitivamente es un medio de expresión que pueden utilizar todos los ciudadanos, y es un medio que no se debe menospreciar, es un medio –a estas alturas– que merece mis respetos, que sí puede ser importante y que en un momento dado, dependiendo de las circunstancias, podría ser determinante”, dijo Francisco Jiménez Reynoso, académico experto en derecho electoral por la Universidad de Guadalajara (UdeG).
Preocupación de antaño
Desde el 13 de julio del 2011, en una reunión para elaborar el pacto de civilidad de las elecciones del 2012, en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco, los asistentes ya mostraban su preocupación por la utilización de las redes sociales, pero de igual forma reconocieron la dificultad que implicaría la vigilancia del ciberespacio, respecto de la propaganda o las expresiones de los aspirantes a los puestos de elección popular.
“Es un medio donde hay libertad plena de expresión, pero que algunos han abusado de esa libertad que hay en las redes, no hay control del contenido (…) sí se llegó a decir que eran determinantes por lo que se publicaba, pero también eso lo entendieron mal los candidatos, mal las personas, mal los ciudadanos, y lo utilizaron para enlodar o desprestigiar a sus adversarios”, explicó el académico de la UdeG.
Y aunque el especialista señaló la importancia de las redes sociales en los contextos electorales, así como la fuerte utilización por parte de los partidos y personajes políticos, también agregó que no todo lo que se pública en Facebook, Twitter y YouTube es real, y eso la población ya lo detecta.
De la misma forma dijo que no se han podido regular los contenidos que se difunden en Internet por falta de voluntad política para revisar el tema.
“No se ha podido regular, no ha habido voluntad política y, también tengo que advertirlo, es muy difícil, porque los servidores están en otra parte, alejadas del control de los mexicanos incluso (…) en esta tesitura sería muy difícil regularlo jurídicamente hablando, es complicado meterse en ese tema”, advirtió Jiménez Reynoso.
En ese sentido, el pasado viernes 21 de noviembre, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, señaló que dicho órgano nacional no sancionaría aquello que se publicara como activismo en redes sociales, debido a la imposibilidad de investigar y descubrir a los responsables de las prácticas antiéticas, ejemplificando con el caso de los conocidos “bots” en Twitter.
“Un huevo en Twitter descalifica o denuesta, viola o calumnia a un candidato, ¿vamos a sancionar al huevo? No lo quiero bromear, nada más quiero ilustrar esto solamente para decir que hay que ser muy cautelosos hacia dónde vamos, porque la eficacia de una autoridad, una autoridad eficaz, cuando se sobreexcede puede volverse una autoridad que hace el ridículo”, explicó al pleno el consejero presidente del INE.
Jiménez Reynoso apuntó que no sólo la dificultad de rastrear a los responsables de redes sociales interfiere con la regulación de la guerra sucia, también los intentos por regular las plataformas digitales.
“Algunos podrían comenzar a decir que se atenta contra la libertad de expresión, que (Internet) es el único medio en el que no hay censura, quien sea puede subir o expresar lo que quiere, no sucede así en otros medios”, expresó.
Señaló que hay quienes se aprovechan de los vacíos legales que ahora quedan de la reforma político electoral de este año, que incluso a lo largo de la historia de las redes sociales y la promoción de la imagen, han creado campaña permanente.
“Hay quien puede aprovechar estos vacíos legales y la coyuntura de la tecnología para sacar provecho de su imagen, o para golpear a algún partido político o para golpear a figuras de otro partido político, pero como no está regulado, ahí el más vivo –si le podemos llamar así- es el que hace uso de estas herramientas que están al alcance de cualquiera”, mencionó el experto electoral.
La obligación de los institutos
Ya deslindados de su papel en el monitoreo de la “guerra sucia” que pueda darse en las redes sociales, los organismos electorales –locales y nacional– se han amparado en los vacíos que dejaron las reformas para justificar la ausencia de sanciones.
Por su parte, el doctor Francisco Aceves González, experto en Comunicación Política de la Universidad de Guadalajara, reconoció que las redes sociales son un ámbito que no puede regularse por su naturaleza, aunque criticó las omisiones por parte del IEPC Jalisco y el INE.
“Lo grave que me parece a mí es la posición omisa o el autismo que tienen los institutos electorales frente a esta situación, con el hecho de que las redes sociales es un ámbito que no está regulado –y yo digo que hay que defender eso, y que debe de permanecer como no regulado–, se escamotean tranquilamente y dejan que circulen dentro de las redes, sitios donde hay mensajes verdaderamente denigrantes, los dejan pasar”, señaló Aceves González.
Francisco Aceves destacó que la obligación de los órganos electorales no debe quedar ajena a la lógica de las redes sociales por el vacío legal que existe, contrario a ello resaltó que su papel es fundamental para la exhibición de los sitios que se dedican en crear la guerra sucia desde Internet.
“Yo creo que los institutos electorales tendrían la obligación, porque es la obligación de velar que la información que tienen los ciudadanos en las elecciones sea una información de calidad, que contribuya a tener un voto con conocimiento de causa, un voto informado (…) el tolerar esto (la guerra sucia) y no manifestarse, yo no estaría con que los clausuraran, pero mínimamente que lo dijeran, que lo denunciaran y que hicieran el señalamiento de que ese tipo de sitios no contribuyen en nada a la democracia, al contrario, la prostituyen”, según el experto.
Pese a que ambos investigadores señalaron la dificultad institucional y legal que representa la regulación y vigilancia de las redes sociales, aun para fines político-electorales, destacaron que es importante revisar el tema y tomar un papel de responsabilidad que hasta hoy los organismos electorales no han asumido.