La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación está poniendo a prueba el temple del nuevo gobierno, el cual, a pesar de las amenazas y de los bloqueos legislativos llevados a cabo por este grupo disidente, ha mantenido la postura de no utilizar la fuerza pública para poner fin a estas acciones.
La misma decisión se tomó cuando la CNTE decidió bloquear las vías férreas en Michoacán causando daños económicos por más de 18 mil 500 millones de pesos en la entidad a principios de este año.
Sin embargo, tanto políticos de oposición como académicos y expertos han señalado que no se le puede permitir a un grupo como la CNTE, ni de cualquier otro tipo, afectar las labores legislativas y tratar de amedrentar al Gobierno federal mediante amenazas para que se cumplan sus exigencias.
“Cuando un sindicato tiene la capacidad de controlar, secuestrar la educación o hasta paralizar al país, estamos hablando de un grupo que prácticamente se dedica a extorsionar al gobierno para obtener intereses personales.
Y acabar con esto es un reto enrome que requiere de muchísimo temple gubernamental para poder recuperar la rectoría del Estado”, dice Alexandra Zapata, directora de educación del IMCO.
La especialista en la materia también explica que a la CNTE difícilmente se le puede considerar como un sindicato que vela por el bien de la educación en el país, pues no representan las ideas ni opiniones de todos los grupos involucrados en esta materia, además de que asegura que sus intereses son meramente personales.
“La CNTE lo que busca no es construir un sistema educativo de excelencia, sino, obtener recursos y plazas que se heredan, venden y se entregan de manera automática eliminando el mérito del sistema”
“Ellos se han beneficiado de los recursos que se han dado de manera discrecional y de las tranzas que también se hicieron para que pudieran entregar plazas a quienes no las merecían o no tenían las capacidades para ejercer los cargos”, asegura Zapata.
No obstante, una de las principales peticiones de la Coordinadora es que el Gobierno federal le entregue el control que perdieron sobre más de 5 mil plazas docentes tras la reforma educativa de Enrique Peña Nieto.
A esto se suma la exigencia de que se les permita incidir en la elaboración del proyecto de contrarreforma educativa que se busca aprobar, algo que ha sido rechazado tajantemente.
De incluirlos en las discusiones al interior del Congreso de la Unión, Alexandra Zapata explica que en ese caso también se debería incluir al resto de los mexicanos en lo que se conoce como un parlamento abierto, un ejercicio como el que se realizó cuando se discutió la aprobación de la polémica Guardia Nacional.
“Una verdadera transformación sería precisamente eso, transparentar las discusiones y los acuerdos a los que se están llegando y se utilice un sistema de parlamento abierto, porque durante muchos años vimos acuerdos políticos hechos por debajo de la mesa”
Por último, la integrante del IMCO comenta que lo que estamos viendo ahora en materia legislativa sobre la educación en México es lo más fácil, el verdadero reto en términos educativos será la implementación de la nueva reforma.
“Las decisiones legislativas se van a tener que acompañar del presupuesto necesario para llevar a cabo los cambios que se requieren a nivel de infraestructura y así cumplir con el objetivo planteado; y si eso no se ve reflejado en el Presupuesto de Egresos entonces difícilmente se verán mejoras en los salones de clases y en nivel educativo de los alumnos”.
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