La opacidad y falta de transparencia han marcado la reconstrucción de la Ciudad de México tras el sismo del 19 de septiembre de 2017.
Una revisión al Portal de la Reconstrucción, así como a la información disponible de la Comisión de Reconstrucción en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), revela que no se han transparentado los contratos firmados con las empresas, las bases de datos completas de los edificios afectados, los sueldos de sus funcionarios, ni las auditorías realizadas.
Damnificados acusan que también existen incongruencias en la información mostrada por la comisión en el Portal de Reconstrucción.
Durante 2020, la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad de México no transparentó los contratos firmados, los sueldos ni las auditorías realizadas
Consideran que esa situación no solo retrasa el proceso de reconstrucción, sino les impide volver a su hogar y por eso hay damnificados que han fallecido lejos de su casa.
La Comisión de Reconstrucción desde el año 2018 es un sujeto obligado por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, lo que significa que debe cumplir con publicar la información referente a su funcionamiento y ejercicio de los recursos públicos.
Falta de transparencia y corrupción
Reporte Índigo revisó tanto el Portal de Reconstrucción como la información de la Comisión de Reconstrucción en la PNT y observó que incumple diversos artículos de la Ley.
El primero es el IX referente a la publicación de las remuneraciones mensuales de los funcionarios: no subió ningún dato durante 2020.
Otro artículo que desacata es el XXVI, que señala que los sujetos obligados deben publicar los informes de las auditorías que se les han realizado. En este caso tampoco hay información de 2020.
Por último, tampoco hay información de los procesos de contratación por concurso de licitación ni por adjudicación directa celebrados en el año pasado, obligación estipulada en el artículo XXX del marco legal.
Según la Ley, todos los entes obligados deben subir la información mencionada trimestralmente durante el año.
Además de esto, Israel Ballesteros, víctima del sismo del 19 de septiembre y miembro de la organización Damnificados Unidos de la Ciudad de México (DUCDMX), acusa CDMX en opacidad que hay más opacidad dentro de la comisión y que lo que se pretende es encubrir la corrupción.
En el fondo lo que implica es una falta de claridad en el uso de los recursos y presumimos que buscan ocultar actos de corrupción
Ballesteros indica que existe una falta de información respecto al número de damnificados, pues en febrero de 2019, cuando se publicó el Plan de Reconstrucción de la Ciudad de México en la Gaceta Oficial de la capital, habían registrados 26 mil 772 inmuebles como afectados.
Para junio de 2020, en el Portal de Reconstrucción, dice Ballesteros, habían 12 mil 253.
Y para octubre pasado, el nuevo Portal de Reconstrucción, que sustituyó al anterior debido a fallas, decía que las construcciones dañadas ascendían a 7 mil 774.
Ballesteros afirma que la Comisión de Reconstrucción presume los avances y ha argumentado que la disminución de edificios perjudicados también se debe a que hay damnificados que rechazaron su derecho a ser atendidos.
No obstante, dice, en el Portal de Reconstrucción no hay pruebas que certifiquen que los predios rechazaron la atención ni tampoco de en cuáles han concluido las intervenciones.
“La única información oficial y certificada es la de la Gaceta, porque lo demás es del portal y no hay ningún documento firmado (…) Creemos que hay la intención de sacar a damnificados del censo para simular un avance mayor al que hay”, dice.
Favoritismo y encubrimiento en la reconstrucción
Además hay empresas que son favorecidas con muchos contratos y como la comisión no difunde esta información, se desconoce cuál es el argumento para adjudicarles, acusa Israel.
“Se nos ha dicho que solo los habitantes de los predios tenemos acceso a los contratos de nuestros edificios pero deberían ser públicos”, menciona.
Un ejemplo de las empresas favorecidas es REM Ingeniería Ecológica, que tan solo en el Multifamiliar de Tlalpan, de donde es habitante Ballesteros, obtuvo tres contratos sin que la comisión explicara la razón, dice.
Otro caso es el de YC Proyectos y Construcciones del Sur que en marzo de 2019 fue contratada para la rehabilitación de Ámsterdam 27, colonia Condesa.
Según Ballesteros, esta empresa firmó el convenio para la rehabilitación del inmueble en marzo de 2019, en el que se comprometió a acabar las obras en cuatro meses.
En agosto de ese año, relata el damnificado, la empresa dijo que el costo de la obra era más alto y necesitaba más recursos, a pesar de que el contrato original se le extendió y obtuvo mayor presupuesto anteriormente.
El vocero de Damnificados Unidos cuenta que denunció la irregularidad a la Comisión de Reconstrucción, que encabeza César Cravioto; sin embargo, el órgano se puso de lado de la empresa.
“Cravioto asumió el papel de defensor de la empresa y quiso obligar a los habitantes a firmar un adendum, en el que los vecinos aceptan recibir el inmueble sin las condiciones mínimas de habitabilidad como instalaciones de gas y energía eléctrica”, afirma.
Entonces, los damnificados se negaron a firmar el documento y la comisión detuvo las obras.
Ballesteros señala que este atraso y falta de transparencia ha provocado que una de sus habitantes, Estela Romaña, haya fallecido en diciembre de 2020 por causas naturales sin regresar a su casa.
“El 8 de diciembre falleció sin volver a su hogar. Su hija Trini ya quiere firmar el adendum, dice que el Gobierno ganó y ya no tiene sentido luchar por la casa si su mamá ya no está”, declara.
