Aunque el rancho “Los 13 Hermanos” fue documentalmente un despojo fraudulento, el fiscal de Allende que llevó el caso nunca investigó a los responsables del delito.
Dos grabaciones en poder de Reporte Indigo revelan las conversaciones entre el funcionario y los propietarios del terreno.
“Te digo la verdad: no se ha hecho nada, está como cuando llegó, está mal, no está correcto, no me justifico”, admitió el fiscal Carlos Alberto Cruz de Hoyos a la propietaria del terreno, María Margarita García Castillo y a su hija, Ana Moreno García.
Reporte Indigo publicó este lunes que un grupo de personas que se dedica al despojo de tierras en la zona citrícola de Nuevo León, supuestamente “revivió” a un hombre muerto para que éste firmara documentos y se consumara el despojo de la propiedad.
Un juicio para anular las escrituras fraudulentas está en curso y los afectados interpusieron tres denuncias penales, entre ellas la número 0137/2012, que fue turnada al fiscal Cruz de Hoyos.
García Castillo solicitó el 18 de abril de este año que el fiscal de Montemorelos, Mario Parra Barrera, se inhibiera del caso y que se turnara a la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Patrimoniales.
Pero la averiguación se turnó al fiscal de Allende, Cruz de Hoyos, municipio sede del poderoso grupo que presumiblemente está detrás del despojo.
La madre y la hija acudieron en dos ocasiones ante Cruz de Hoyos para insistirle que se investigara a los presuntos responsables.
No obstante que en las conversaciones el funcionario admitió que había un delito, la averiguación lleva más de tres meses congelada.
“Me queda más que claro que desde el principio tenían la intención (de cometer el delito), lo planearon, lo ejecutaron y lo llevaron a cabo”, dijo en una conversación que tuvo con los quejosos el pasado 27 de junio.
“No significa que no vamos a trabajar, es injusto lo que te hicieron y es delito lo que te hicieron, a mi juicio. Con lo que tenga, salvo lo que salga en la integración, pero es totalmente injusto”, menciona el fiscal.
En ese encuentro, Cruz de Hoyos calificó a los responsables de “tramposos” y pidió a los afectados “prudencia” hasta que integrara la averiguación.
“A veces es más prudente llevarlo sin que se den cuenta, que no esperen el golpe”.
“En ningún momento yo te dije que no lo íbamos a hacer, que no lo íbamos a trabajar, quiero que te quede claro eso.
“Yo lo que te propongo y lo que te pediría, salvo lo que tú opines, es que al menos vamos a intentarlo, con lo que tenemos: tenemos delito, tenemos presuntos (culpables)”.
En otro video que corresponde con la primera entrevista con el fiscal, fechado el pasado 5 de junio, éste asegura que las evidencias configuran un “fraude maquinado” y pidió paciencia a la madre e hija.
“Aquí lo que podemos establecer, a mi juicio, salvo lo que vayamos encaminando, es ir a investigar fraude maquinado”, comentó.
“Lo que usted vaya a hacer está en sus manos”, le advirtió Moreno García en aquella ocasión.
Pide dictamen psicológico
Las denuncias penales por el despojo del rancho no han arrojado resultados, pero aún así el Ministerio Público se da tiempo para cuestionar el estado mental de las víctimas.
El fiscal Mario Parra Barrera solicitó el 25 de noviembre de 2011 un dictamen psicológico de María Margarita García Castillo, la propietaria legítima del terreno, de acuerdo con un oficio en poder de Reporte Indigo.
La diligencia se hizo para integrar la denuncia: 356/2011, interpuesta por daños en propiedad ajena.
A más de un año de distancia en que se presentó esta querella no han consignado a los presuntos responsables.
El dictamen fue solicitado por el fiscal al director de Criminalística y Servicios Periciales de la Procuraduría estatal, Porfirio Díaz Torres, a quien le pidió que un perito examinara el estado psicológico de la denunciante.
“Si se encuentra ubicada en tiempo, espacio y persona, si está presente alguna alteración o trastorno en su estado emocional, si cuenta con algún tipo de perturbación psíquica en su tranquilidad de ánimo que produzca un estado de zozobra y/o daño psicológico”, se lee en el oficio número 3002/2011.
“Debiendo aplicar a dicha persona en su caso de ser necesario todos y cada uno de los estudios, test, entrevistas o pruebas psicológicas y hecho lo anterior se sirva rendirle informe correspondiente a la brevedad posible”.
El dictamen se remitió a la Dirección de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León.
