Aunque el número de ingresos a los centros penitenciarios en Nuevo León ha ido en aumento, el acceso a la salud ha disminuido para las personas internas en las cárceles del estado.
En lo que va del 2024, la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Nuevo León (CEDHNL) ha recopilado 44 expedientes de queja provenientes de personas privadas de su libertad, quienes declararon haber experimentado violaciones al derecho a la salud.
De acuerdo al artículo 9 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas internas en los centros penitenciarios, tienen derecho a acceder a tratamientos o asistencias sanitarias dentro y fuera de las instalaciones, de ser necesario.
En algunos casos, las personas privadas de su libertad reportan dificultades a la hora de ser trasladados para recibir la asistencia en padecimientos graves o crónicos, y las organizaciones de sociedad civil se convierten en el único medio para conseguir medicamentos.
#LoÚltimo | Este es el ambiente que se vive en el Centro Penal La Esperanza, mejor conocido como “Mariona”, donde salen y entran carros de Medicina Legal. Decenas de personas esperan en las afueras y preguntan a los custodios por el estado de sus familiares detenidos. Video y… pic.twitter.com/OGEvrPPzld
— La Prensa Gráfica (@prensagrafica) January 10, 2024
A solicitud expresa de diversas asociaciones civiles, el organismo autónomo realizó la búsqueda y detalló que las personas internas no han recibido la asistencia médica que requieren.
En varios de estos casos, se detectaron presuntas conductas que pudieran considerarse dilatorias o de omisión, con perjuicio a la salud, e incluso a la vida, de las personas privadas de la libertad.
La CEDHNL reveló que entre los expedientes de queja, se encuentran el caso de una persona que requiere atención médica relacionada con esclerosis múltiple y discapacidad física; la falta de atención médica tras una lesión por arma blanca; retraso en el monitoreo y tratamiento de cáncer de riñón, derivando en metástasis, entre otros.
La verdad penitenciaria de los centro de readaptación
De acuerdo al Diagnóstico Estatal de Supervisión Penitenciaria de 2023, las prisiones tienen una población de 10 mil 513 personas privadas, lo que representa una sobrepoblación del 7.68 por ciento.
En este contexto, del total de personas privadas de su libertad, 9 mil 953 personas son hombres (94.67 por ciento), mientras que el resto (560) son mujeres.
Acorde a los datos del organismo autónomo, la principal problemática del Centro de Reinserción Social número 1 Norte (CERESO Apodaca 1), es la solicitud de traslado al área médica, así como la distribución oportuna de medicamentos, ya que algunos de los reclusos aseguran que las personas que padecen de tuberculosis no reciben medicamentos.
🔸EMITE CEDHNL MEDIDAS CAUTELARES PARA ATENCIÓN MÉDICA DE PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD🔸
El organismo público autónomo solicitó que se le traslade a un hospital para que se le pueda diagnosticar y brindar el tratamiento que requiera la persona. pic.twitter.com/YaiKzK0X70— CEDH Nuevo León (@CEDHNL) May 1, 2022
Mientras que en las instalaciones del CERESO 2 Norte (Apodaca 2) y CERESO 3 Oriente (Cadereyta), los internos declararon esperar días para conseguir consultas médicas y atención dental, pues el proceso dentro del centro, es llenar una papeleta para depositarla en los buzones de los módulos de vivienda y esperar a ser atendidos, incluso si se trata de una emergencia.
Debido a estos reclamos de la población penitenciarias, una de las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León, establece la necesidad de aumentar la plantilla de personal médico, odontológico, de atención psicológica, de enfermería, de nutrición y pediatría para brindar atención a las infancias que viven con sus madres en el CERESO Femenil.
Ayudan ante casos de asistencia emocional
En Nuevo León, son las organizaciones civiles quienes a falta de atención del estado, cumplen con la función que le corresponde a las autoridades, un ejemplo de ello es Renace A.B.P que apoya a los internos y sus familias, durante los procesos legales y estadías penitenciarias.
Estas organizaciones coordinan brigadas y campañas de atención psicológica a las personas privadas de su libertad. De acuerdo a su informe anual, tan sólo en 2023, Renace atendió a 1 mil 182 personas en los CERESO Apodaca 1 y 2 y Femenil, de las cuales 831 habitantes recibieron sesiones terapéuticas.
La #CEDHNL visitó las instalaciones del Centro de Reinserción Social No. 1 Apodaca en el que se registró un evento de violencia entre algunas personas privadas de la libertad, para constatar que se brindara la atención médica y observar la aplicación de las medidas de seguridad.
— CEDH Nuevo León (@CEDHNL) January 20, 2023
“Además de la atención jurídica para recuperar la libertad de las y los beneficiarios, el programa contempla una intervención de 12 meses en la que se brindan diversos servicios psicosociales, como talleres de preparación para la libertad, terapia psicológica y vinculaciones laborales y educativas”.
La mayoría de las personas entrevistadas en los CERESO para el informe de la CEDHNL declararon que las organizaciones de la sociedad civil, son las que les suministraban los medicamentos necesarios.
La falta de atención a la salud, un problema que permanece
La problemática de la atención médica es constante, en 2021, la cifra de quejas por deficiencia de atención médica y medicamentos era de 33; para el 2022, la Comisión registró 329 expedientes por falta de tratamiento a grupos prioritarios y ausencia de medicamentos.
Durante 2023 la CEDHNL recibió 69 expedientes por obstaculización o restricción a proporcionar atención médica, más 30 expedientes por negativa de atención médica y 12 quejas por falta de medicamento.
La atención psicológica es también necesaria en los CERESO, de acuerdo con la Comisión, 378 habitantes de los diferentes reclusorios cuentan con alguna discapacidad psicosocial y pese a que el número de se ha triplicado desde 2021, sólo hay 17 especialistas para el área de psicología.
Es importante destacar que las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como Reglas Mandela, destacan que la prestación de servicios médicos a los reclusos es una responsabilidad del Estado, por lo que los internos deben tener acceso a los mismos estándares de atención que están disponibles en la comunidad exterior, con acceso gratuito y sin discriminación por su situación jurídica.
