La Cámara de Diputados recibió la iniciativa del Ejecutivo Federal para prohibir la subcontratación de personal en el país y se sancione a las empresas que incurran en esta práctica hasta por defraudación fiscal.
Tras la recepción, la presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri Riancho, turnó a comisiones la iniciativa del Ejecutivo federal que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes Federal del Trabajo, del Seguro Social, del Instituto de Fondo de la Vivienda para los Trabajadores, del Impuesto sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado, así como del Código Fiscal de la Federación.
El documento fue enviado a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen, y a las comisiones de Seguridad Social y de Vivienda, para opinión.
La iniciativa erradica el outsourcing que se aplica en México desde el 2012, contempla cambios y derogaciones a diversas disposiciones en la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
En su argumentación, el Ejecutivo federal, manifestó que durante la pandemia del COVID-19, el outsourcing provocó que se desatara una serie de despidos masivos de trabajadores, por ser un modelo de subcontratación con contratos laborales por tiempo determinado que no dio garantías a los trabajadores.
“Este modelo de contratación, aunado a la crisis suscitada por la pandemia de enfermedad originada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), provocó que se desatara una serie de despidos masivos de personas trabajadoras por parte de algunos patrones”, señaló.
La iniciativa de reforma laboral considera que el permitir la proliferación en el uso de la subcontratación, daña los derechos laborales que protegen a las personas trabajadoras y disminuye de manera significativa las obligaciones de los patrones.
La propuesta establece la figura de Servicios especializados u obras especializadas, con las cueles se permite la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, que no forman parte del objeto social ni de la actividad económica de la beneficiaria de los mismos.
Agencias de colocación, las cuales podrán intervenir en el proceso de contratación: reclutamiento, selección, entrenamiento, capacitación, entre otros. En ningún caso el intermediario se considerará patrón.
Se establecen sanciones a las empresas que incumplan que consisten en procesamiento por el delito de defraudación fiscal, además de que no podrán deducir impuestos y multas a quienes incumplan.
