La Comisión Jurisdiccional del Congreso local, a cargo de la diputada panista Lilia Olivares, reactivó el proceso de juicio político contra el secretario General de Gobierno, Javier Navarro, por no publicar decretos legislativos en el Periódico Oficial del Estado.
De acuerdo con las acusaciones, Navarro habría generado un daño grave a los intereses públicos fundamentales de los ciudadanos al no publicar decretos aprobados por el Legislativo, mismos que resultan el principal criterio para someter a juicio político a cualquier funcionario estatal y municipal.
Y ahora la Comisión Jurisdiccional del @CongresoNL avanza en el juicio político en contra del Secretario General de Gobierno Javier Navarro Velasco
Desde mayo que no sesionaba y ahora, deberá de dar su resolución a más tardar el 2 de noviembre @MtyFollow @AsiEsMonterrey pic.twitter.com/BCWz7NjqaU— Judith Medrano (@JudithMedrano) October 24, 2023
El mecanismo fue aprobado por la mayoría conformada por diputados del PRI y el PAN; las dos legisladores emecistas presentes en la sesión, Sandra Pámanes e Iraís Reyes, votaron en contra.
Ahora, la comisión deberá notificar a las partes involucradas de esta determinación en torno al juicio político en contra de Navarro, a quien el gobernador Samuel García perfila como su reemplazo a la hora de ausentarse del cargo para buscar la Presidencia de México.
¿De qué se acusa a Navarro?
Según el Artículo 90 de la Constitución Local, es responsabilidad del Poder Ejecutivo, a través del Secretario General de Gobierno, publicar en el Periódico Oficial del Estado cualquier iniciativa aprobada en un plazo máximo de 10 días hábiles y, en caso de que sea devuelta con observaciones durante este periodo, el Poder Legislativo tendrá la facultad de discutir y aprobar el documento nuevamente.
De esta forma, se acusa a Navarro de dejar los decretos ‘en el limbo‘, por lo que el político podría ser señalado por el delito de abuso de autoridad y por dañar el interés público fundamental.
Cuando el Poder Ejecutivo incumpla con los plazos previstos en dicho artículo, la ley o decreto será considerado sancionado; es decir, aceptado, sin que se requiera la firma de los secretarios o gobernadores.
Diputadas de MC convierten Congreso en un tribunal
Las legisladores emecistas Sandra Pámanes e Iraís Reyes ‘perdieron la postura’ ante la aprobación del seguimiento al juicio político en contra de Javier Navarro, convirtiendo el Congreso Local en un ‘tribunal’.
En su intervención en la Comisión Jurisdiccional, a cargo de Lilia Olivares, las diputadas ‘naranjas’ alegaron deficiencias en el proceso contra el titular de la Secretaría de Gobernación, ya que no estaba presente el propio denunciado, además de poner en duda la cadena de custodia en las pruebas de Navarro.
💬 #RedesDePoderMTY | Se declaró improcedente la petición de @samuel_garcias, en la que solicita que el @TEPJF_informa apruebe una eventual licencia y que el secretario de Gobierno, Javier Navarro, quede como mandatario interinohttps://t.co/JmtAhlb6sE
— Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) October 19, 2023
Vale recordar que la Comisión Jurisdiccional sólo avala el proceso de juicio político, siendo una instancia judicial la que terminará dictaminando si existen o no elementos para que el funcionario sea sometido a este mecanismo.
El Artículo No. 22 de la Ley de Juicio Político del Estado establece que el Tribunal Superior de Justicia recibirá el expediente y dictará el auto de radicación correspondiente para notificar a la Comisión y al acusado.
Sin embargo, el Artículo No. 23 de esta misma Ley señala que el Tribunal en el Pleno dictará por mayoría absoluta de votos la resolución absolutoria o condenatoria, y, en su caso, la sanción correspondiente.
