La Asamblea Legislativa, que encabeza Armando López Campa, desahogará la primera sesión del proceso con el que se pretende remover de su cargo al morenista
“La idea es que no sea un proceso tardado (…), se buscará que sea el menos posible para que en septiembre tengamos un resultado de lo que esta comisión está buscando”
Más allá de simples “recortes periodísticos”, el PRD en la Asamblea Legislativa presentará los documentos de prueba que sirvan para demostrar que el delegado en Tláhuac, Rigoberto Salgado, fue omiso e incurrió en irregularidades que facilitaron las operaciones del narcotraficante Felipe de Jesús Pérez Luna, “El Ojos”, en aquella demarcación.
Raúl Flores, uno de los principales promotores de la solicitud de remoción del morenista Rigoberto Salgado, aseguró que el PRD presentará hoy documentos de la nómina delegacional que permitan comprobar que el titular de Tláhuac contrató a personajes directamente ligados al narcotraficante que perdió la vida durante un enfrentamiento con elementos de la Marina, en julio pasado.
“No sólo hay recortes de prensa, hay pruebas, documentos de nómina porque, por ejemplo, cuando dice Salgado que fue de buena fe (la contratación) porque, efectivamente, no puedes discriminar pero no se está discriminando si no es la gente idónea que te corresponde investigar”, argumentó Flores García, quien también es el presidente del Sol Azteca en la Ciudad de México.
La Comisión Jurisdiccional de la Asamblea Legislativa que encabeza Armando López Campa desahogará la primera sesión del proceso con el que se pretende remover de su cargo a este servidor público, proveniente de las filas de Morena.
De acuerdo con un documento interno denominado, “La ruta crítica del procedimiento de remoción”, se llevarán a cabo diversas etapas, actualmente, la preliminar en que se admitió la solicitud de remoción que hizo fundamentalmente el PRD y luego, se citará al jefe delegacional de Tláhuac ante el pleno de esta comisión con la finalidad de hacerle saber el contenido de la solicitud.
“Al momento de comparecer el servidor público, se hará de su conocimiento el contenido de la solicitud de remoción en su contra, entregándole copia de la misma y los elementos probatorios que la integran”.
Raúl Flores refiere que solicitarán también al morenista Salgado que explique a detalle los amparos que ha ingresado ante las instancias judiciales para impedir que se conozca el expediente del caso en el que está involucrado.
“Es un absurdo, esa información tendría que ser pública, ¿no?”, cuestionó el legislador perredista, quien aseguró que a pesar de que intente prologar su remoción del cargo, Salgado no podrá dilatar el procedimiento en su contra que inició la ALDF.
Para septiembre próximo se estima tener un resultado, es decir, el dictamen que será votado en el pleno por las dos terceras partes de los diputados.
“Depende mucho del método que se acuerde pero la idea es que no sea un proceso tardado, se establecerán reuniones periódicas de la Comisión Jurisdiccional, que tiene las facultades para pedir informes, decirte un tiempo es complicado, se buscará que sea el menos posible para que en septiembre tengamos un resultado de lo que esta comisión está buscando”, acotó.
La ruta crítica
Una vez que la solicitud de remoción cumpla los requisitos de procedibilidad y esté debidamente fundada y motivada conforme a la legislación aplicable, se iniciará el procedimiento respectivo.
La Comisión Jurisdiccional, en un término no mayor a cinco días hábiles, citará al servidor público sujeto al procedimiento ante el pleno de la Comisión, con la finalidad de hacerle saber el contenido de la solicitud presentada, admitida y ratificada.
Además se le apercibirá para que en un plazo no mayor a 15 días hábiles comparezca personalmente para contestar por escrito lo que a su derecho convenga, y ofrecer pruebas de su parte, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, y designando a su defensor quien lo asistirá en todos y cada uno de los actos del procedimiento.
Como parte del procedimiento, la Comisión Jurisdiccional podrá de oficio citar a los servidores públicos relacionados con alguno de los procedimientos previstos; también podrán citar a los particulares que puedan aportar información relevante con motivo de alguno de los procedimientos de remoción que esta ley señala.
La suma de notificaciones y sesiones arroja un estimado de 55 días hábiles a partir de la emisión del acuerdo de procedimiento por parte de la comisión jurisdiccional.
En caso de diferirse audiencias, la ley nos establece deberán llevarse dentro de los cinco días hábiles siguientes, por lo cual deberán aumentarse.
La Comisión Jurisdiccional se instaló en noviembre de 2015 y está conformada por los diputados locales, Mauricio Toledo (PRD), Israel Betanzos (PRI), Nora Arias (PRD), Carlos Candelaria (PES), Manuel Delgadillo (PAN) como secretario, y como presidente Armando López Campa, de Movimiento Ciudadano.
Este día, en su calidad de presidente de dicha comisión, Armando López Campa definirá también las reglas en las que transcurrirán dichas sesiones luego de que el PRD entregó las 23 firmas de diputados locales a efecto de iniciar formalmente el proceso de remoción del delegado en Tláhuac.
Cabe señalar que, aunque dicha comisión no tiene atribuciones ni alcances de tipo penal no se puede perder de vista que el proceso que se inicia contra el morenista en la Asamblea Legislativa ocurre en el marco de lo que será la batalla por ganar la Ciudad de México entre el PRD y Morena, el partido del tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, que desde hace meses se mantiene como puntero en las preferencias de los capitalinos.
