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Los deudos de las víctimas de Salvárcar reclamarán al gobierno de Barak Obama un pago por más de 14 mil millones de dólares.
La noche del 31 de enero de 2010 en Villas de Salvárcar, cerca de Ciudad Juárez, Chihuahua, un grupo armado irrumpió en una fiesta de jóvenes, asesinó a 17 e hirió a otros 12, según reportes oficiales.
Ahora, más de cuatro años después, por fin se han dado las condiciones para demostrar que las armas con las que fueron ultimados los jóvenes las proporcionó una dependencia del gobierno de Estado Unidos.
La iniciativa de demandar fue anunciada desde el año 2012, pero hasta este miércoles 20 de agosto quedó establecido el precedente legal, dijo la abogada Diana Gonzales Saldaña, defensora de las familias afectadas.
Explicó que -a solicitud del Instituto Nacional de Migración (INM)- un juez federal ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) desclasificar todos los expedientes en donde se presuman violaciones graves a los derechos humanos. La decisión del INM habrá de permitir la continuación de la investigación en la que se finca la demanda contra el gobierno norteamericano y que estaba detenida al no tener acceso a los archivos clasificados por la propia PGR y por decisión presidencial en Estados Unidos.
El operativo clasificado
En 2008, el gobierno de Estados Unidos autorizó el ingreso a México de más de 2 mil armas de grueso calibre, como parte del operativo llamado Rápido y Furioso.
La agencia responsable del operativo fue la oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF por sus siglas en ingles); y es contra esa dependencia que la abogada y criminóloga Diana Gonzáles Saldaña ha emprendido acciones legales para demandar el pago de la reparación del daño a los deudos de los jóvenes asesinados.
Los rifles de asalto fueron utilizados en diversos atentados a la población civil por parte de células del crimen organizado, pero el hecho más escandaloso fue el que ocurrió en Villas de Salvárcar, en el estado de Chihuahua, en donde perdieron la vida 14 jóvenes que departían en una fiesta.
La demanda civil no había podido prosperar debido al bloqueo gubernamental que se dio para conocer los expedientes integrados en las averiguaciones previas de los asesinatos cometidos con las armas del operativo norteamericano. En México, el Gobierno Federal del presidente Felipe Calderón autorizó en su momento la clasificación de dichos expedientes.
En Estados Unidos, el propio Barack Obama utilizó su facultad exclusiva para clasificar información, y le dio el estatus de confidencial a todos los expedientes en donde se mencionan los números de series, calibres y clasificaciones balísticas de las armas entregadas al crimen organizado por parte de la ATF.
San Fernando, punta de lanza
Debido a la clasificación de los expedientes relacionados a Rápido y Furioso, la demanda que se inició en el mes de junio del 2012 se había frenado.
Siempre se argumentó “incompetencia” para proporcionar información que permitiera integrar la demanda, dijo la abogada Diana Gonzáles Saldaña en entrevista para Reporte Indigo.
El incidente que dio paso a la apertura de los archivos clasificados, fue el de la matanza de 72 migrantes, en San Fernando, Tamaulipas.
Un Juez ordenó a las instancias federales abrir los expedientes clasificados por el propio INM y la PGR. Esa decisión, considera la abogada, es la que permite el acceso a los “expedientes secretos del Gobierno Federal”, en donde se encuentran las averiguaciones entorno al caso Salvárcar y Rápido y Furioso.
La acción civil en contra del gobierno norteamericano es apoyada por un despacho de abogados de la ciudad de Houston, en cuya corte se habrá de presentar la querella.
“Tenemos la certeza de que la apertura de los expedientes clasificados en México habrá de ser un parte aguas para la defensa de los derechos civiles en nuestro país”, dijo la abogada.
La teoría del chip
Con la desclasificación de los expedientes se podrá demostrar lo que hasta ahora mantenía el estatus de teoría: que la totalidad de las armas fueron entregadas al crimen organizado en México para comprobar la eficiencia de un chip de identificación y rastreo.
De acuerdo a los investigadores que trabajan en la integración de la demanda contra el gobierno de Barack Obama, esta hipótesis ha sido expuesta por el especialista en seguridad nacional, José Luis Sierra, quien plantea que las armas ingresadas a México en el operativo Rápido y Furioso contenían un dispositivo (chip) que se accionaba con el calor de la primera detonación.
La activación del chip indicaba a un centro de mando en Estados Unidos sobre la ubicación geográfica de las armas.
Basado en esa teoría, se logró la ubicación de gran parte de esas armas en manos de grupos de seguridad y células del crimen organizado al servicio de funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno, entre ellos varios gobernadores.
Esa sería la razón por la que el presidente Felipe Calderón decidió no hacer reclamos a la administración federal de Estados Unidos.
Víctimas de las armas
El operativo Rápido y Furioso ha dejado una gran cantidad de víctimas en México.
“Alguien debe ser responsable de ello. En algunos casos la relación entre asesinatos y las armas enviadas a México, son más que evidentes, pero también hay muchos casos en los que no se sabrá de esa relación”, dijo la abogada Diana González.
Incluso el congresista Darrel Issa ha fustigado la acción del Gobierno Federal de Estados Unidos tras él. Desde su perspectiva, el ingreso intencional de armas ha costado a los mexicanos unas 200 muertes.
El legislador, presidente del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, es uno de los políticos republicanos que han encabezado la campaña para que Washington aclare cómo funcionó la operación.
Issa, el senador Chuck Grassley y otros políticos afirman que el operativo fue un fracaso y puso en peligro a funcionarios y ciudadanos en los dos países, mientras el titular del Departamento de Justicia, Eric Holder, niega tener responsabilidad en el caso.
Entre las víctimas de Rápido y Furioso podrían estar desde personas inocentes hasta miembros de las células del crimen organizado, en los estados de Michoacán, Tamaulipas, Veracruz y Sinaloa, entidades en donde –por su clima de violencia- se tiene la presunción de la operatividad de las armas en cuestión.
Entre los casos que se han documentado con plena certeza como víctimas de las armas norteamericanas ingresadas intencionalmente a México por el gobierno de Obama, destaca el de Mario Gonzalez Rodríguez, hermano de la procuradora de Justicia del Estado de Chihuahua.
Pocas sanciones
A la fecha, el gobierno de Estados Unidos solo ha aplicado sanciones administrativas por la operación de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés)
Keneth Melson, quien era jefe de la oficina de ATF en Phoenix fue “degradado” a asesor forense en Washington. Denis Burke, que era el fiscal, fue despedido.
Las víctimas
> El oficial de la Border Patrol, Bryan Terr fue ultimado en la línea fronteriza por miembros del crimen organizado que le dispararon desde el lado mexicano. Los disparos fueron hechos con un rifle de asalto de los ingresados a México con autorización de la ATF.
> El 15 de febrero del 2011, los oficiales de la fuerza de inmigración y aduanas (ICE) Jaime Zapata y su compañero Víctor Ávila fueron baleados en su camioneta, el primero falleció y Víctor quedó mal herido. Fueron agredidos cuando circulaba por una carretera de San Luis Potosí, presumible y paradójicamente tras el rastro de las armas de Rápido y Furioso.
> En el bar Sabino Gordo de Monterrey, fueron ejecutadas 20 personas, entre ellos 3 menores de edad, que estaban en la tertulia. Un comando armado con rifles de asalto de los ingresados al país por la ATF tiroteó el lugar. Un caso similar fue el ocurrido en el Bar el Encanto, también de Monterrey, en donde perdieron la vida 19 personas.
> 14 jóvenes de la comunidad de Salvárcar fueron asesinados y luego criminalizados por el propio Felipe Calderón.
