El Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos deportó a Rafael Olvera Amezcua, presunto defraudador del caso Ficrea, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Olvera Amezcua es acusado de operar con recursos de procedencia ilícita y violar la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
“Luego de las gestiones realizadas por la FGR ante las autoridades de la Agencia de Control de Aduanas e Inmigración, División de Operaciones en deportación (ICE-ERO), del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos de América, y la coordinación binacional, esta mañana fue entregado Rafael “O” a las autoridades mexicanas”, indicó la dependencia en un comunicado.
Rafael “O” fue entregado a elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en el Puente de Lincoln-Juárez, que une a las ciudades de Laredo, Texas y Nuevo Laredo, Tamaulipas.
En las próximas horas será trasladado, vía aérea, a la Ciudad de México para ponerlo a disposición de un juez federal; Rafael Olvera Amezcua fue detenido en Texas en 2019.
Es probable responsable de delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y violación a la Ley de Ahorro y Crédito Popular. A su arribo, le fueron cumplimentadas órdenes de aprehensión por la probable comisión de los delitos referidos. 2/2
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El caso Ficrea
En agosto del año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigar el caso y con ellos hacerle justicia a los más de 6 mil afectados que en la actualidad todavía no recuperan la totalidad de sus recursos que confiaron a esta entidad financiera.
Fue en octubre de 2015 cuando Guillermo Campos Osorio, titular del Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, declaró en quiebra a la empresa de ahorro popular Ficrea, S.A. de C.V.
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Esto luego de haber realizado operaciones fraudulentas por cerca de 2 mil 700 millones de pesos, afectando a más de seis mil 800 ahorradores.
La última orden de aprehensión librada contra Olvera Amezcua fue emitida por el juez Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales con sede en Toluca, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 250 millones de pesos.
Además de la orden de captura emitida por el juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, por violación a la Ley de Ahorro y Crédito Popular por tres mil 407 millones 746 mil 322 pesos.
